Reformas y resistencias

El día se presenta lluvioso. Este jueves se trata la reforma laboral, una reforma que no es simplemente adecuarse a los tiempos: es reconfigurar las relaciones laborales entre empleados y empleadores, entre obreros y patrones. Relación que se había logrado equilibrar (relativamente) mediante luchas de grupos de trabajadores y trabajadoras que, siempre unidos, lograron arrancar derechos a las patronales y a los manda más, para mejorar el estilo de vida de quienes aportan la fuerza de trabajo, la mano de obra, los y las que ponen el cuerpo, se ponen la camiseta (aunque cada día, al irse, deben colgarla porque no les pertenece), pero se la ponen y la transpiran.

Posteriormente a la Revolución Industrial, la condición laboral entra en debate. La patronal ejercía su poder con la fuerza económica y los y las trabajadores equilibraban ese poder con la organización y la unidad. Entre ambos, la tensión, al igual que el juego de la soga, a veces hacía retroceder unos pasos a unos y otras a otros. El equilibrio, siempre dinámico, pero manteniendo la soga en juego, descansaba en el rol del Estado como árbitro, que jugaba desde afuera, pero jugaba al fin: a veces dando una mano de un lado, otras poniendo un brazo del otro.

Tanto jugó el Estado que, en los últimos años, la organización y la unión de los trabajadores se relajó. Todos los jugadores comprendieron que lo mejor era “confiar” en el árbitro. Los patrones se acercaron sigilosamente, pero con presencia económica, al juez; los trabajadores y trabajadoras dejaron todo en manos de los líderes sindicales, mientras de vez en cuando los criticaban; se desentendían del esfuerzo que implica la organización y la unidad. Los sindicalistas, poco a poco, no solo acumularon poder, también acumularon riquezas; se volvieron empresarios. Entonces, ya sus brazos no tiraban tanto de la soga, se hicieron amigos del árbitro (se empezaba a sospechar que lo habían comprado). En fin: trabajadores descansando del “trabajo” de organizarse, participar, debatir; representantes de trabajadores con el brazo flojo y los intereses empresariales fuertes; el juez empieza a entender que el juego cambiaba sus reglas. La soga ya no está tensa. Poco a poco hay brazos fuertes y espaldas anchas de un lado, y del otro empiezan a echarse la culpa de quién hace más fuerza. Al final, el juez pita: ¡Fin del juego! Ya no hay vuelta atrás.

La realidad de hoy es que los gremios se encuentran mayoritariamente vacíos de militancia; que, a la manera de una familia rica caída en desgracia, a la que solo le queda el apellido, a los gremios solo les quedan los nombres y cuatro dirigentes que, abrazados al poder, verán crecer alimañas en la vieja casa abandonada de la familia.

La nueva ley reforma trece leyes, deroga nueve y, además, modifica cincuenta y seis artículos de la Ley de Contrato de Trabajo, la viga constitutiva del derecho laboral argentino. No se trata de cambios puntuales, sino de una reconfiguración profunda del orden público laboral aún vigente. Cuando esta ley sea promulgada, tendremos que cambiar el idioma con el que se habla del trabajo en la Argentina.

“Aun con sus particularidades y alteraciones en lo político institucional, Argentina había transitado, en las tres décadas anteriores, por el Estado de Bienestar, con virtual pleno empleo, con indicadores satisfactorios en lo social, en la distribución del ingreso y en el trabajo productivo, entre otras áreas. Pero esa misma Argentina estaba ahora por ingresar, de golpe y de manera más sangrienta, en una nueva etapa económica caracterizada por la concentración de la riqueza y la pérdida de conquistas históricas de sus clases trabajadoras y la desaparición de vastos espacios y bienes públicos”. Parecen palabras que describen la Argentina 2026, pero no: esto escribían Restivo y Dellatorre en el libro El Rodrigazo, 30 años después. Un ajuste que cambió el país.

Celestino Rodrigo, ingeniero industrial de sesenta años recién cumplidos, asumía el 2 de junio de 1975 como ministro de Economía diciendo: “Las medidas que vamos a implementar serán necesariamente severas. Durante un corto tiempo provocarán desconcierto en algunos y reacciones en otros. Pero el mal es remedio…”. Casi calcadas a las que años después repetía Patricia Bullrich en un conocido programa televisivo, cuando se recortaban las jubilaciones en tiempos de De la Rúa.

Las medidas tomadas por Rodrigo fueron, como lo marca la historia, las de siempre: las naftas subieron un 181%, la energía el 75%, los servicios públicos entre el 40% y el 75%. Rodrigo declaró por entonces: “Los que viajan no producen, pero gastan”. El boleto de colectivo aumentó un 50%, el de tren entre el 80% y el 120%, mientras se pisaban los salarios con aumentos de cerca del 30%, deteriorando estrepitosamente el poder adquisitivo de los y las trabajadores. “Acá no va a haber industrias por unos cuantos años”, le comentaba un reputado especialista en desarrollo industrial, Marcelo Diamand, a sus allegados por aquellos años. El plan no varía: achatar el consumo; para ello hay que bajar los salarios; así hay más oferta exportable, ilusión que nunca se cumplió, pero que seguramente es nada más que un justificativo, para lograr que “la caída del salario real sea un ingrediente necesario para el éxito de este esquema económico”, señalaba sin tapujos la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) al analizar el plan (Restivo y Dellatorre, 2005).

¿Qué pasaba con el movimiento peronista en la segunda mitad de 1975? Está claro que la muerte de Perón era un cimbronazo que costaba reconocer; la mochila que debían sostener pesaba, y mucho. Por otro lado, siempre el partido había confiado en las decisiones del líder, pero ahora ya no estaba para tomarlas y se habían desentendido bastante de la economía. “Morían muchas cosas —la concertación social, el crecimiento autónomo en los límites del capitalismo, el sueño del país próspero— sin que naciera ninguna”, y con Gelbard alejado del Ministerio y Perón fallecido, “el gobierno peronista era un cadáver insepulto” (Horowicz, 1985).

El peronismo crítico tomó decisiones que, desde la óptica actual, no fueron las más acertadas (pero dentro del contexto histórico latinoamericano y mundial se mostraban como pertinentes): se agrupó en organizaciones armadas; el peronismo sindical, como las 62 Organizaciones, se mantuvo fiel al legado que había designado Perón, Isabelita, aun teniendo que guardar silencio frente al perfil que tomaba López Rega y su entramado parapolicial; el peronismo orgánico se mantuvo expectante, tan expectante que, cuando la dictadura llegó, solo atinó a esconder los cuadros de Perón y Evita.

La mayor demostración de que este tipo de transformaciones económicas y reconfiguración de los estándares laborales solo cierra con represión fue la fatídica dictadura cívico-militar que estaba a punto de arribar. Fueron ocho años de dictadura, la democracia y trece paros generales, el menemismo con promesas falsas y espejitos de colores, una Alianza pegada con plásticola, y varios intentos de los trabajadores de unión y rupturas en las supraorganizaciones, hasta que se tocó fondo: desarmados, desorientados, sufrientes… Fueron treinta años para superar el Rodrigazo.

El nuevo orden que impone la Ley de Trabajo en este 2026 (al ser sancionada) trae, entre las reformas más importantes —y preocupantes—, la creación del banco de horas (art. 42). Esto significa que si antes el trabajo se monetizaba por la cantidad de horas semanales (entre 42 y 48 hs), ahora el empleador podrá decidir unilateralmente si las cuantifica mensual, trimestral o anualmente, lo que quiere decir que un día, si la patronal lo considera, se deberá cumplir 10, 12, 14 o 16 horas corridas, sin posibilidad de protesta; el Fondo de Asistencia Laboral (art. 58); la modificación regresiva del cálculo del despido sin justa causa (art. 51); la eliminación de la presunción de laboralidad y la exclusión de los trabajadores víctimas de fraude laboral de la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 1 y 13). Estos últimos son los que no se han llegado a comprender: significa que, si se intenta denunciar a un empleador por maltrato laboral o fraude de contrato, según esta nueva ley el solo hecho de denunciar es la firma de la renuncia.

La exclusión explícita de los trabajadores de plataformas del régimen laboral (arts. 1, 144 y ss.) es otra parte de la letra de la ley que todavía no se ha asimilado. Sabido es que Milei llegó a la presidencia con un alto porcentaje de confianza en las juventudes que trabajaban en plataformas sin respaldo legal, lo que alimentó mucho odio sobre los trabajadores con derechos adquiridos; pues bien, la ley les pone la sentencia definitiva: quedan absoluta y explícitamente excluidos de esta nueva ley.

El Rodrigazo nos hundió en treinta años de luchas y muchas vidas dejó en el camino. Quienes fueron protagonistas de esa época, en gran parte, no pudieron vivir para ver la Argentina pujante e industrializada que habían conocido. ¿Qué tiempo estamos dispuestos a tolerar de aquí en más como trabajadores y trabajadoras, como sociedad, como país?

Verónica López
Lic. en Cs. de la Educ.