Opinión: UCR Activa
Pero una provincia con tasas elevadas de suicidio no necesita ante todo un chatbot: necesita más asistentes sociales, más psicólogos, más psiquiatras, más equipos interdisciplinarios en territorio y más capacidad real de admisión, guardia, seguimiento y contención. Eso es lo que falta con urgencia. Y eso es lo que el Estado debería estar priorizando y resolviendo de manera inmediata.
No estamos en contra de la tecnología ni de la inteligencia artificial pero NADA puede reemplazar el factor humano. Lo que se cuestiona es la prioridad política. Porque una herramienta digital puede orientar, pero no escucha, no contiene, no evalúa clínicamente, no acompaña una crisis, no reemplaza el trabajo terapéutico ni reconstruye la trama social rota en los barrios por factores múltiples, como la pobreza, la marginalidad, el endeudamiento y la falta de expectativas sobre el futuro.
El propio Colegio de Profesionales de la Psicología de Entre Ríos advirtió que estas herramientas tienen limitaciones sustantivas en contención subjetiva, comprensión emocional y toma de decisiones clínicas, y además cuestionó que no hubo consulta institucional previa. UNICEF también alertó sobre riesgos serios de los chatbots en salud mental para niños y adolescentes si no existen resguardos muy estrictos.
Por eso hay preguntas que el gobierno debe responder. ¿Cuánto costó Ori? ¿Cuál fue el procedimiento de contratación o desarrollo? ¿Qué profesionales concretos participaron? ¿Dónde están publicados sus criterios de entrenamiento, sus protocolos de derivación, sus límites, sus auditorías y la evaluación de su alcance real? Hasta ahora, en la información pública revisada, aparece sólo el respaldo oficial y el apoyo del CFI, pero no se encuentra una licitación, un costo publicado ni datos transparentes sobre derechos, autoría o evaluación de efectividad.
Lo más grave es que, una vez más, el gobierno parece convertir un drama humano en una cuestión de costo-beneficio. Salud pública viene insistiendo más en la derivación que en la creación de infraestructura y recursos humanos; ahora hace algo parecido en salud mental: en lugar de abrir concursos, crear cargos y desplegar equipos, ofrece una app en una plataforma estatal que ni siquiera circula naturalmente por todos los espacios donde está el problema.
Para acceder a la ayuda de «Ori» tenés que loguearte con tu CUIL y tu clave fiscal. ¿Qué chico tiene esos datos? ¿Qué familia los tiene a mano?
Si la situación es tan grave como ellos mismos admiten, la respuesta no puede ser un pragmatismo barato. Tiene que ser Estado presente, inversión en personas, investigación de campo con equipos multidisciplinarios y presencia territorial urgente. Incluso como patronal, el propio Estado provincial sabe que uno de los sectores afectados es su propia Policía, sobre la que hubo suicidios, capacitaciones específicas por su grado de incidencia y hasta pedidos de informes legislativos recientes.
Un algoritmo no puede reemplazar el deber del Estado. Cuando faltan profesionales, territorialidad y humanidad, una app no es innovación: es una coartada para no hacerse cargo de los deberes que tienen como funcionarios públicos.