En el intrincado y complejo tablero de geopolítica internacional, donde cada movimiento militar o diplomático de EE. UU. genera ondas expansivas aparentemente contradictorias, surge la pregunta: ¿quién o quiénes definen las decisiones finales en Washington?

Tanto la retórica ampulosa presidencial, los informes de inteligencia y las acciones sobre el terreno a menudo parecen discordantes, revelando un sistema de poder fragmentado, donde influyen desde halcones de seguridad hasta lobbies con agendas propias, fuera del interés del propio EE. UU. Es indudable que existen fuerzas ocultas que moldean la política exterior de EE. UU., tanto desde los ataques coordinados contra aliados de Irán como desde las sombras detrás de la guerra en Ucrania.

Veamos: durante años, Irán tejió una red de influencias en Oriente Medio a través de actores intermediarios; por ej.: Hezbolá en el Líbano, los hutíes en Yemen, milicias chiitas en Irak y un régimen aliado en Siria. Este «cinturón» de seguridad le permitió a Teherán proyectar poder sin confrontar directamente a Israel o a EE. UU. Sin embargo, la Operación de Al-Aqsa de Hamas en 2023 marcó un punto de inflexión. Este evento permitió que los aliados de Irán, que mantenían a Tel Aviv bajo presión, fueran sistemáticamente atacados. Esta limpieza de países protectores de Irán llevó tiempo.

La neutralización de esos actores se dio junto a operaciones de inteligencia coordinadas con el Departamento de Defensa de EE. UU., la CIA, el MI6 británico y el Mossad israelí. En junio de 2025, mientras delegados de EE. UU. y de Rusia discutían un frágil alto el fuego en Ginebra, drones ucranianos, guiados por satélites de la OTAN, impactaban contra aeródromos y ferrocarriles rusos. Casi al mismo tiempo, Israel lanzaba un ataque sin precedentes contra instalaciones nucleares iraníes, pese a que en Washington se mantenían diálogos secretos sobre energía nuclear.

En ambos casos, EE. UU. negó su participación “directa”, aunque documentos filtrados muestran que la Casa Blanca autorizó el ataque israelí con 72 horas de antelación.

Con respecto a Ucrania, se sabe que este país no cuenta con capacidad autónoma para operaciones de precisión. Pero, según fuentes del Comité del Senado, el presidente Trump no fue informado. ¿Ignorancia real, deliberada o una grieta en el poder real?

Lo que sí se sabe es que esto refleja un interés estratégico de EE. UU. en ambos conflictos, donde el fracaso diplomático precede a las acciones militares. La narrativa oficial —»promover la paz»— contrasta con resultados que apuntan a una preparación encubierta para la escalada.

En EE. UU., la estructura formal atribuye al presidente, bajo el Artículo II de la Constitución, la máxima autoridad en política exterior y como comandante en jefe.

Sin embargo, la realidad es mucho más compleja: El presidente depende de agencias como el Departamento de Estado (Marco Rubio), el Pentágono (Peter Hegseth), la CIA (John Ratcliffe) y el Consejo de Seguridad Nacional.

División de intereses: mientras el Tesoro maneja sanciones, el Congreso controla el presupuesto y la declaración de guerra (aunque, de haberla, ¿alguien la declaró?).

En la administración Trump 2025, figuras clave como Ratcliffe (CIA) priorizan amenazas como China y Rusia, utilizando inteligencia artificial y operaciones encubiertas. No obstante, la politización de la inteligencia y los conflictos internos plantean dudas sobre quiénes realmente toman decisiones. Documentos internos filtrados revelan que el 40 % de las decisiones clave son bloqueadas o modificadas por el Consejo de Seguridad (NSC), donde burócratas de carrera y lobbistas principalmente ejercen un veto silencioso.

Por eso se considera que hay dos gobiernos: el visible y el que firma los “cheques”. Pero si hay alguien que tiene poder, es el Comité Estadounidense-Israelí de Asuntos Públicos (AIPAC), uno de los grupos de interés más influyentes de EE. UU., con un poder más que significativo sobre el Congreso y la Casa Blanca.

AIPAC emplea un enfoque multifacético para ejercer presión, incluida la amplia difusión de información a través de publicaciones como The Near East Report, que se distribuye a todos los miembros de AIPAC, del Congreso, a los gobernadores y a la Casa Blanca. Este informe proporciona información clave sobre la próxima legislación, la postura de la institución y las personas “percibidas” como amenaza a la legislación pro-Israel. Históricamente, la organización ha aprovechado el miedo a ser etiquetado como antisemita para presionar a los miembros del Congreso, y mantiene una lista de “enemigos”: individuos que se han opuesto a su agenda, lo que puede dañar sus carreras políticas.

Los académicos de las universidades de Harvard y Chicago publicaron un informe polémico llamado El lobby israelí, donde argumentan que la influencia de estos bloques pro-Israel ha desviado la política de EE. UU. de sus verdaderos intereses nacionales. Relatan los académicos que desde 1967, en la guerra de los Seis Días, y desde la guerra del Yom Kipur de 1973, la política de Washington en Medio Oriente se ha focalizado en la relación con Israel, un vínculo incondicional y de una identidad sin precedentes, mediante dos ejes: la asistencia económico-militar y las condiciones preferenciales de esa asistencia. Además, un irreductible apoyo diplomático, ya que los EE. UU. han vetado nada menos que 40 resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU en contra del accionar de Israel.

Mientras Trump anunciaba en 2025 un histórico acuerdo de paz entre Israel y Arabia Saudita, el comité de AIPAC movilizaba U$S 32 millones para campañas contra legisladores “críticos” (¿?).

En cuanto al control legislativo del Congreso, el 80 % de los proyectos de ley sobre Oriente Medio son redactados y editados por sus abogados. El Congreso de EE. UU. bloquea la venta de aviones F-16 a los Emiratos Árabes, mientras acelera la venta de los mismos aviones a Israel.

Políticos como Betty McCollum (demócrata) fue tildada de antisemita por pedir auditorías a la ayuda militar.

Si bien es el lobby israelí quien maneja la política, hay ocasiones en que se imponen los negocios. Por ej.: la visita a Riad de Trump en 2025 culminó con un contrato de armas por U$S 142 millones, incluidos F-35 fabricados por Lockheed Martin (empresa cuyos accionistas incluyen a tres miembros del NSC). Paralelamente, fondos de inversión vinculados con Jared Kushner adquirieron terrenos en zonas estratégicas de Qatar. Además, si fuera poco, le obsequiaron a Trump un lujoso avión presidencial Boeing.

Hay muchas organizaciones judeo-norteamericanas que cuentan con el apoyo de los medios de comunicación de las grandes corporaciones, ya sean gráficas, radiales y de la TV mundial. Y no podemos dejar de mencionar el papel de los think tanks como American Enterprise Institute, Center for Security, Fundación Heritage, HInstitute, etc.

De ahí que la narrativa dominante en Occidente rara vez coincide con la realidad y los ciudadanos son manipulados para que piensen en determinados sentidos.

La política exterior de EE. UU. ya no es un juego de ajedrez geopolítico como en los tiempos de Kissinger o Brzezinski, sino solamente un póker donde múltiples actores juegan a no mostrarse las cartas para engañar a sus rivales. Solo ha quedado reducida a un manejo de la política exterior donde la retórica pacifista enmascara una maquinaria bélica impulsada por halcones, intereses geopolíticos y, sobre todo, dinero.

Lo que es cierto es que la mitomanía de Trump y su falta de capacidad de estadista hacen que saque a relucir su percepción de un supremacismo designado para cumplir una misión mesiánica y lograr que los EE. UU. deban ser una nación solo blanca y religiosa, o sea, propia de un fundamentalismo irredento que puede llevar al mundo a un colapso gigantesco.