El presidente Javier Milei vetó recientemente la ley sancionada por el Congreso que establecía una recomposición de haberes jubilatorios y una actualización automática del bono de $70.000, elevándolo a $110.000 y ajustándolo luego por inflación. Esta decisión, según un estudio del CEPA, representa una pérdida mensual estimada de $468.000 millones para los titulares del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).
El informe detalla que este monto, proyectado en base a las estimaciones de inflación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para los próximos 12 meses —de septiembre de 2025 a agosto de 2026—, totalizaría una pérdida agregada de $5,6 billones en ese período para el conjunto de 6.104.055 jubilados y jubiladas.
La cifra surge de dos factores principales:
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La no actualización del bono previsional: el bono de $70.000 debía aumentar a $110.000, con ajustes mensuales por inflación. Al mantenerse congelado, se pierde poder adquisitivo mes a mes.
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El rechazo a la recomposición del 7,2% pendiente: este porcentaje correspondía al desfasaje de la inflación de enero de 2024, que no fue contemplado en los haberes actuales.
Desde CEPA advierten que esta pérdida no solo impacta en los ingresos de uno de los sectores más vulnerables de la población, sino que también tiene consecuencias macroeconómicas. “Menores ingresos en el sector pasivo implican una caída en el consumo y, por lo tanto, una menor actividad económica general”, señalan en el informe.
Una señal política y económica
El veto fue presentado por el Gobierno como una medida en defensa del equilibrio fiscal, bajo el argumento de que el proyecto votado por el Congreso implicaba un gasto “insostenible”. Sin embargo, desde distintos sectores cuestionan el enfoque del ajuste sobre jubilaciones y pensiones, uno de los pocos ingresos previsibles y estructuralmente estables para millones de personas mayores.
La decisión también se da en un contexto donde el poder adquisitivo de las jubilaciones ha caído de manera abrupta desde diciembre de 2023, a raíz de la devaluación, la aceleración inflacionaria y la política de contención del gasto público impulsada por la administración de Milei.
Según datos oficiales, el haber mínimo a junio de 2025 se encuentra en torno a los $206.000, incluyendo el bono de $70.000. Sin el ajuste del bono y sin la recomposición del 7,2%, la brecha frente a la inflación seguirá ampliándose.
