La presentación ingresó en la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas de Entre Ríos (DIPJER) con acusaciones por “expulsiones arbitrarias” de socios disidentes, un loteo “oscuro” que habría colocado en el mercado al menos ochenta terrenos, y una Comisión Directiva “pantomima”, manejada por un reducido grupo alineado con el Primer Vocal Julio César Cabo Dal Molin y su socio político-institucional, el secretario Marcelo Alberto Arbelais.

La venta de terrenos

El escrito, elaborado con el patrocinio del abogado Nicolás Percara, señala que desde 2010 hasta la fecha se habrían vendido alrededor de 80 lotes pertenecientes a la chacra 360, patrimonio histórico del aeroclub. Ninguna de esas operaciones habría sido debatida ni aprobada en Asamblea, ni contó con el aval de los socios. Todas —denuncia Tavella— fueron ejecutadas en la más absoluta discrecionalidad por Dal Molin y Arbelais.

Pero lo más grave tal vez es que los precios asentados en las escrituras serían “irrisorios, muy por debajo del valor de mercado”, lo que abre la sospecha de ventas en negro. Es más, en la denuncia se advierte que la propia pareja de Dal Molin, Analía Tabeni (vicepresidente 2ª), aparece como titular de una manzana del predio mediante un boleto de compraventa. En paralelo, surge la empresa “El Principito S.A.”, vinculada al mismo dirigente, que habría actuado como intermediaria en parte de las operaciones.

Una estructura cerrada, blindada y bajo control familiar

La denuncia de Tavella reconstruye un mecanismo de blindaje interno para expulsar a opositores, mantener el control de la entidad y reducir el Aero Club a un club privado, de puertas cerradas: socios echados con cargos ficticios, sin derecho a defensa, con el único objetivo de “limpiar” al padrón de voces críticas.

En el mismo sentido, hace años que no se permitiría el ingreso de nuevos socios ni de aspirantes al curso de piloto, bajo la excusa repetida de que “momentáneamente no está abierta la incorporación”. También se señala que las decisiones, cuando existen, se toman entre Dal Molin y sus allegados.

Tavella dice poseer audios donde queda en evidencia que el presidente formal, Alejandro Mover, estaría pintado, reconociéndole que desconoce buena parte de lo que sucede en la institución.

También señala que varios miembros de la CD y de la Comisión Revisora de Cuentas mantienen lazos familiares con Dal Molin.

Por último, enumera que en los años 2017, 2018, 2019, 2020 y 2023 no se convocaron Asambleas Ordinarias. Y en las pocas que se hicieron, se recurrió a “votos delegados” en copias simples, sin certificación.

La aviación, en terapia intensiva

Tavella señala que la actividad aeronáutica brilla por su ausencia. La Escuela de Vuelo, núcleo vital de cualquier aeroclub, dejó de funcionar hace más de 21 años, coincidiendo con el ascenso de Dal Molin en la conducción. Desde enero de 2023, apenas tres pilotos volaron.

El predio nuevo de 70 hectáreas (conocido como PISTA SUR), adquirido en 2011 por permuta y que debía ser el futuro de la institución, sigue igual que el primer día: sin torre, sin hangar, sin pista. Catorce años después, según el ex tesorero de la institución, lo único que prospera allí es el pastoreo de animales, mediante contratos de arrendamiento cuyos términos ni siquiera fueron informados a los socios.

“Hoy el Aero Club Chajarí no es un aeródromo, es una inmobiliaria encubierta”, sentencia Tavella  a la par que reclama a Personas Jurídicas para que avance con una investigación formal, auditoría e inspección a fondo para recuperar la transparencia y restablecer la vida social de la entidad

La investigación penal: el otro frente

El 2 de julio de 2025, DiarioJunio informó que se puso en marcha la primera ronda de declaraciones testimoniales en el marco de la investigación -hoy en manos de la fiscal auxiliar Carolina Ezpeleta- por presuntos delitos de administración fraudulenta, evasión tributaria y falsificación de documentos, vinculados a la venta irregular de terrenos del aeroclub.

En su momento, el fiscal Argüello de la Vega desestimó la causa con el argumento de que se trataba de una “cuestión interna de una persona jurídica” y que, incluso de haber irregularidades, éstas estarían “disfrazadas bajo el manto de un negocio jurídico lícito”. Llegó a afirmar que investigarlo sería “un esfuerzo inútil para el Estado”.

La causa fue reabierta tras la decisión del Fiscal Coordinador de Concordia, José Daniel Costa, quien respondió con dureza los argumentos de Argüello, sosteniendo que las irregularidades denunciadas tienen “un tenor de gravedad suficiente y un contenido, prima facie, ilícito” que ameritaba la intervención penal. Y cuestionó la decisión de archivo de Argüello, recordando que la falta de recursos no puede ser excusa para dejar sin investigar un caso con impacto patrimonial y social evidente.