En La Legislatura entrerriana ingresó un proyecto de ley que propone extender hasta el 31 de diciembre de 2026 la vigencia del estado de emergencia pública en materia de seguridad alimentaria. La medida busca sostener herramientas que permitan una asistencia más ágil y efectiva ante el crecimiento de la demanda en comedores, merenderos y dispositivos comunitarios de toda la provincia.
La iniciativa presentada por el senador Víctor Sanzberro, recuerda que la emergencia fue aprobada por unanimidad en abril de 2024 y prorrogada posteriormente hasta fines de 2025. En tanto, planteó que los indicadores oficiales “no reflejan la realidad cotidiana” y que miles de familias, aunque figuren como no pobres por las mediciones actuales del INDEC, apenas logran cubrir necesidades básicas.
Un contexto social que se agrava
En los fundamentos del proyecto, Sanzberro remarca que la demanda alimentaria mantiene un crecimiento sostenido. Y en ese sentido, la emergencia vigente permitió incrementar la cantidad de módulos alimentarios, acelerar procesos de compra y aumentar el presupuesto destinado a la asistencia directa.
“Es una necesidad concreta prorrogarla, no desde la discusión política sino desde una mirada responsable para atender la demanda alimentaria”, fundamentó el autor.
El texto también cuestiona que las mediciones de pobreza se calculen con patrones de consumo de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004/2005, lo que “abarata” la línea de pobreza y deja fuera de los registros a miles de hogares que igualmente requieren asistencia del Estado.
La Mesa de Diálogo Social, un actor clave
La propuesta ratifica el funcionamiento de la Mesa de Diálogo Social, creada en el marco de la ley de emergencia como órgano de participación, consulta y monitoreo. Ese espacio está integrado por representantes de los ministerios de Desarrollo Humano y Salud, el Consejo General de Educación, ambas cámaras legislativas, la UNER, la UADER, organizaciones sociales de la economía popular y la Mesa contra el Hambre.
Su continuidad —señala el proyecto— permite una mirada amplia e interinstitucional sobre la ejecución de la política alimentaria y garantiza la participación de sectores clave en el diseño de respuestas.
