El episodio se remonta a la madrugada del 15 de marzo, cuando ambos agentes realizaron un procedimiento en un comercio ubicado en la intersección de calles Moulins y Concejal Veiga. Allí detectaron consumo de alcohol en la vía pública, labraron el acta correspondiente y aplicaron la normativa vigente.
Sin embargo, lo ocurrido posteriormente encendió la polémica. La comerciante, también dirigente de La Libertad Avanza en Entre Ríos, filmó la situación mientras los increpaba y acusaba de hostigamiento el accionar municipal. El video se viralizó y la gestión municipal tomó nota accionando contra los funcionares de Inspección General.
Según relató la inspectora Cabrera, el martes 31 de marzo fueron convocados por un superior jerárquico, quien les comunicó que el municipio anunciaría públicamente la apertura de un sumario y su apartamiento “para protegerlos”. Ante la negativa de los trabajadores, la versión se habría modificado hacia una “investigación interna”, aunque la decisión de difundir la medida ya estaba tomada.
En paralelo —según se indicó— el mismo funcionario habría reconocido ante un gremio municipal que el procedimiento realizado por los inspectores fue correcto, que la infracción existió y que la sanción se aplicó conforme a la normativa.
Para Compromiso por Concordia, esa contradicción es el núcleo del problema. “Todos sabían que Cabrera y Uranga habían actuado bien. Los separaron igual y lo anunciaron públicamente como si existiera una falta disciplinaria que no era tal”, señalaron.
En ese marco, el espacio advirtió que los hechos “no constituyen solo una irregularidad administrativa”, sino que podrían tener implicancias penales. En particular, mencionaron las figuras de abuso de autoridad y de incumplimiento de los deberes de funcionario público, previstas en los artículos 248 y 249 del Código Penal.
“Cuando un funcionario dicta una medida sin causa real, con finalidad política y en perjuicio de trabajadores que cumplieron su función, podría configurarse un delito de acción pública”, sostuvieron. En ese sentido, remarcaron que este tipo de conductas no requieren denuncia de las víctimas, ya que el Ministerio Público Fiscal puede intervenir de oficio.
No obstante, aclararon que no se trata de una acusación directa sino de un planteo que, a su entender, debe ser analizado por la Justicia. “Si lo que se relató ocurrió como fue expuesto públicamente, no alcanza con una disculpa ni con dar marcha atrás. Corresponde que se investigue”, indicaron.
“Cuando el Estado castiga a quienes cumplen la ley, envía un mensaje interno muy claro: mirar para otro lado. Eso erosiona la capacidad de control y termina afectando a toda la sociedad”, afirmaron.
Finalmente, desde Compromiso por Concordia reclamaron que se esclarezca públicamente lo sucedido, se determine si existió o no una falta por parte de los inspectores y se revierta cualquier medida que consideren arbitraria.
El documento lleva la firma del contador Álvaro Sierra, el abogado Pablo Lapiduz y la licenciada Silvia Dri.