Allanamientos y una investigación judicial en curso por el presunto desvío de alimentos del Ministerio de Desarrollo Humano en Entre Ríos

Los procedimientos se realizaron en al menos tres inmuebles ubicados en calle Facundo al 2300; en la intersección de Virgen de Luján y Los Talas; y en Ceferino Namuncurá y Cortada 620. En uno de los domicilios allanados se indicó que existiría vinculación con Rosana Mabel Toso, concejal de Paraná e integrante del bloque Juntos por Entre Ríos. En todos los casos, según se informó, se secuestró una cantidad significativa de alimentos de origen estatal, además de teléfonos celulares, anotaciones y documentación de interés para la causa.

Entre los productos incautados figuran leche en polvo, aceite, harina, fideos, polenta, cacao, mermelada, dulce de leche, lentejas, arroz, yerba, puré de tomate, azúcar y galletitas. La investigación busca establecer si esta mercadería fue desviada de los canales oficiales de distribución de la asistencia social.

En el marco de los allanamientos fueron identificadas varias personas, entre ellas Gabriel Jeremías Duré, un individuo de apellido Larrea y Plácido Jesús Ledesma, entre otros. El grado de responsabilidad y los roles específicos de cada uno serán determinados en el avance del proceso judicial.

La causa incorporó además una denuncia acompañada por un video que registra la descarga de mercadería desde un camión identificado con el Ministerio de Desarrollo Humano en un local vinculado a la Fundación “Hacemos Argentina”, organización impulsada por el actual secretario de Modernización de la provincia, Emanuel Gainza. El material audiovisual forma parte del expediente que analiza la Justicia provincial.

El objeto de la investigación es determinar si existió una apropiación de bienes públicos destinados a la emergencia social para ser utilizados con fines distintos a su finalidad original. Según se indicó, la presunta operatoria habría requerido el uso de camiones, descargas en distintos locales y acopio de mercadería. También se investiga si parte de los alimentos pudo haber sido comercializada o utilizada como mecanismo de intercambio, hipótesis que aún no fue confirmada.

La posición del Ministerio de Desarrollo Humano

Tras la publicación inicial del caso, el Ministerio de Desarrollo Humano, conducido por Verónica Berisso, emitió un comunicado en el que cuestionó afirmaciones difundidas y brindó precisiones sobre la política alimentaria provincial.

Desde el área señalaron que la asistencia alimentaria se ejecutó en el marco de la Ley de Emergencia vigente al momento de los hechos, lo que habilitó mecanismos excepcionales para garantizar el acceso urgente a alimentos. Indicaron que la distribución se realizó de manera equitativa en todo el territorio provincial, a partir de pedidos formales de municipios, comunas, juntas de gobierno, comedores y organizaciones sociales relevadas.

Respecto de la remisión de alimentos a la Fundación Hacemos Argentina, el Ministerio afirmó que no es práctica habitual la entrega directa a personas físicas ni a funcionarios, y que la asistencia se canaliza exclusivamente a través de organizaciones comunitarias, que son responsables de la distribución final. También precisaron que el control ministerial se ejerce sobre la autorización, entrega y registro de la mercadería, mientras que la logística territorial queda a cargo de cada organización receptora.

En relación con los domicilios allanados, se aclaró que el Ministerio no mantiene vínculos institucionales con domicilios particulares y que cualquier eventual responsabilidad deberá ser determinada por la Justicia. Finalmente, el organismo expresó que se encuentra a disposición para aportar documentación que acredite la legalidad, trazabilidad y finalidad social de las entregas realizadas.

La respuesta de Emanuel Gainza

Por su parte, el secretario de Modernización, Emanuel Gainza, también respondió públicamente. En un comunicado indicó que desde febrero de 2024 no integra la conducción ni el directorio de la Fundación Hacemos Argentina, decisión que —según expresó— fue tomada para evitar superposiciones con su función pública.

Gainza señaló que la fundación desarrolla tareas sociales vinculadas a la elaboración de viandas, apoyo a comedores comunitarios y programas educativos, mediante el trabajo de voluntarios. En relación con la mercadería mencionada en la causa, afirmó que los pedidos se realizan de manera formal, con expedientes, autorizaciones y controles del Estado, como ocurre con otras organizaciones sociales.

Sobre el video incorporado a la investigación, sostuvo que la escena registrada corresponde a una entrega formalmente solicitada y aprobada, realizada en una zona de carga y descarga, y que el camión utilizado no pertenece al Ministerio de Desarrollo Humano, sino que fue contratado para esa tarea.

La investigación judicial continúa en curso y se encuentra en etapa de recolección y análisis de pruebas, sin que hasta el momento se hayan formulado imputaciones definitivas.

Fuente: Con información de El Entre Ríos / Análisis