«La maniobra de cobro ilegal de 2024 fue su expresión más brutal: el adicional del 20% al 30% sobre el impuesto inmobiliario y automotor había sido autorizado por leyes impositivas anteriores con plazos claros y vencimiento expreso al 31 de diciembre de 2023. A partir de 2024, no existía norma que habilitara seguir cobrándolo. Sin embargo, el gobierno provincial lo percibió igual, durante meses, sin ley que lo respalde. Lo hizo en abierta violación del principio constitucional de legalidad: no hay tributo sin ley», afirma el comunicado de UCRAER.

Y agrega: «Luego, en lugar de reparar la ilegalidad cometida, el Poder Ejecutivo envió a la Legislatura un proyecto de reforma fiscal que incluyó una cláusula —el artículo 27— con la que se buscó legalizar retroactivamente los montos cobrados sin sustento legal durante 2024. La Cámara de Diputados dio media sanción sin cambios sustanciales en ese artículo, y el Senado aprobó el proyecto en febrero de 2025 con algunas modificaciones, pero conservando esa validación retroactiva. Así, la Legislatura consagró formalmente como legales los tributos cobrados sin ley durante meses, violando tanto el principio de legalidad como el de irretroactividad de la ley tributaria, ambos protegidos por la Constitución»

«Como si esto fuera poco, se desarticularon los equipos técnicos que venían funcionando con eficacia, bajo la excusa de remodelaciones, pintura y compra de nuevo mobiliario. El año 2024 fue perdido eligiendo colores de paredes, en lugar de optimizar la recaudación y modernizar procesos. ATER se convirtió en una caricatura institucional: más preocupada por la imagen que por la eficiencia; más pendiente del acomodo que del cumplimiento de su misión pública», insiste la agrupación.

«La gravedad de lo sucedido no puede relativizarse.

– Se cobró un impuesto sin ley.

– Se lo legalizó después, de forma retroactiva.

– Se persiguió al personal técnico idóneo.

– Y se protegió a funcionarios jerárquicos que no aportan nada al funcionamiento del organismo», insisten.

«Todo esto afecta derechos fundamentales, destruye confianza institucional y lesiona la equidad fiscal»

«A todo esto se suma un dato que no deja de ser insólito: los funcionarios que debieron renunciar tras el escándalo son desconocidos incluso dentro de ATER. Nadie sabe qué función cumplían ni qué decisiones tomaban».

Por último, y «en nombre de la transparencia que este gobierno enarbola como bandera, deberían devolver el año y medio de sueldo que cobraron sin haber hecho nada por el organismo ni por la ciudadanía», concluyen.