“Se trata de un monto insignificante para las arcas del Estado, pero vital para quienes trabajaron toda su vida y hoy sobreviven en condiciones de extrema precariedad”, remarcaron.

“No existe justificación posible para esta conducta. Implica un acto de traición a los jubilados argentinos y, al mismo tiempo, una traición al radicalismo entrerriano, a sus principios históricos y a su doctrina”, resaltaron.

Tal como lo establece la Carta Orgánica de la Unión Cívica Radical de Entre Ríos, el mandato ético y social que constituye la esencia de la UCR en la provincia, ha sido vulnerado de manera palmaria por los afiliados Benedetti y Antola, “quienes optaron por someterse a la obediencia servil del poder de turno antes que cumplir con el deber moral de defender a los más desposeídos”.

Por todo lo expuesto, solicitamos a al Tribunal que se dé curso inmediato al proceso disciplinario correspondiente, que se resuelva la expulsión definitiva de Benedetti y Antola de la Unión Cívica Radical, por conducta pública contraria a la ética y la doctrina partidaria y que se comunique dicha resolución a los órganos partidarios provinciales y nacionales para su cumplimiento efectivo.

“Estamos convencidos de que sólo con medidas firmes lograremos honrar nuestra historia, respetar nuestra doctrina y reafirmar nuestra conducta radical, que no admite claudicaciones frente a la injusticia ni complicidades con el poder en perjuicio de los más vulnerables”, indicaron.