Miñón siguió el debate en el Congreso que se extendió entre las 11 y las 16. “Ya no hay forma de que el Presidente lo pueda judicializar así que lo tiene que publicar en el Boletín Oficial y tiene vigencia hasta diciembre de 2027”, expresó.

El transportista explicó que, de ahora en más, las obras sociales ya no podrán retacear las prestaciones a los afiliados. Por ejemplo, les bajaban la cantidad de sesiones, no respetaban las indicaciones de los médicos en cuanto a medicaciones, insumos y alimentos que les recetan y no actualizaban los aranceles de las prestaciones que no se modifican desde diciembre de 2024.

• Transporte: el Estado paga $ 541 por kilometro recorrido. Miñón dijo que un litro de nafta cuesta $ 1.442 en la estación de servicio más barata. “Esta ley prevé la actualización de aranceles a todos los prestadores, acordes a la inflación. Si se aplicase un 70 % de aumento (el cómputo se estableció hasta diciembre de 2024 pero hay que calcular los porcentajes mensuales posteriores), el importe a reconocer por litro rondaría los $ 919.
• Módulo de una maestra integradora: ronda los $ 307.000 mensuales.  Si se aplicase una actualización, de acuerdo al comportamiento de la inflación desde el año pasado, el módulo valdría un 70 % más. O sea: $ 510.000.
• Sesión de psicología: cuesta $ 12.000. Si se aplica una actualización del 74 %, quedan en $ 21.000

De todas maneras, son montos estimativos. Hasta que no se publiquen en el Boletín Oficial, los prestadores no saben cuánto se reconocerá en cada rubro.

También se prevé acortar los lapsos de pago. “Imaginate que cobramos mes a mes, en el mejor de los casos, después de presentar la facturación correspondiente a la Superintendencia de la Nación”, indico. Pero hay casos en que deben esperar 60, 90 y hasta 120 días para recibir el pago. Miñón dijo que hay quienes en septiembre recién están percibiendo pagos pendientes de marzo o abril.

Más adelante, sostuvo que todas las obras sociales, las que dependen del gobierno, las que son administradas por los gremios y las prepagas, retacean los pagos y restringen el acceso  a las prestaciones.

Miñón dijo que los transportistas podían dedicarse a otro rubro pero los chicos a quienes trasladan quedarían sin servicios. Muchos deben acudir a sus servicios “no por un capricho” sino por limitantes físicas o neurológicas ya que no tienen movilidad propia y no pueden viajar en colectivo porque no están adaptados o no pueden compartir espacios en común por temor a enfermarse con las bacterias que pululan en los espacios cerrados.