CTERA denuncia que el Presupuesto 2026 profundiza el ajuste educativo y exige rechazar el Artículo 30

La Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) denunció que el Presupuesto Nacional 2026, aprobado el jueves 18 de diciembre en la Cámara de Diputados, consolida y profundiza el ajuste educativo impulsado por el gobierno de Javier Milei desde su asunción en 2023.

A través de un comunicado difundido este lunes, la organización sindical expresó su contundente rechazo parriculamente al Artículo 30° del proyecto, al advertir que su aprobación implicaría la derogación de normas centrales del sistema educativo y científico nacional.

Según detalló CTERA, el artículo en cuestión elimina el artículo 9° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206, que establece la obligación del Estado de destinar como mínimo el 6% del Producto Bruto Interno (PBI) a educación. Además, deroga el artículo 52 de la Ley N° 26.058 de Educación Técnico Profesional y los artículos 5°, 6° y 7° de la Ley N° 27.614, que garantizan el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación.

Desde la central sindical advirtieron que se trata de una maniobra legislativa “grave e inconstitucional”, ya que el Presupuesto anual no puede reformar ni derogar leyes vigentes. En ese sentido, recordaron que la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional prohíbe expresamente este tipo de modificaciones a través de una ley presupuestaria.

“Exigimos que en la Cámara de Senadores se rechace el Artículo 30 por tratarse de una acción inconstitucional”, señalaron desde CTERA, y reclamaron que se respete el marco legal que garantiza el financiamiento educativo y científico en el país.

Finalmente, la Junta Ejecutiva de la confederación sostuvo que el Presupuesto 2026 representa un nuevo avance sobre la escuela pública, el sistema educativo en su conjunto y la ciencia nacional, y llamó a poner un freno al desfinanciamiento. “Decimos basta al intento de destrucción de derechos sociales conquistados, que son la verdadera garantía de una sociedad democrática y justa”, concluyeron.