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Cuando el mercado devora la constitución y el petroleo argentino: la Ingeniería del vaciamiento tiene nombre y apellido 

En el actual escenario político, el concepto de "propiedad privada" se agita como un derecho místico e intocable. Sin embargo, para el ordenamiento jurídico argentino, este derecho no es un cheque en blanco. Tras la Reforma de 1994, y con la jerarquía de tratados como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 21), nuestra Constitución Nacional blindó un principio que hoy el poder pretende ignorar: la propiedad privada debe cumplir una función social.

Guillermo Peñalver – Abogado

5 abril, 2026

9:33 am

Los artículos 14 y 17 de nuestra Carta Magna son taxativos: los derechos se ejercen conforme a las leyes que los reglamentan, y el bienestar general es el límite infranqueable de la ambición individual o corporativa. Ignorar la función social de la propiedad es, lisa y llanamente, una violación al contrato constitucional.

El petróleo: Un patrimonio de todos los argentinos

Es imperativo desarmar la falacia de que el petróleo pertenece a quien lo extrae. El petróleo que yace en el subsuelo es un recurso estratégico que integra el patrimonio colectivo del pueblo argentino. Si bien el Artículo 124 reconoce el «dominio originario» de las provincias para su administración y el cobro de regalías, esto no anula el carácter nacional del recurso. El hidrocarburo es la savia de nuestra soberanía energética. Permitir que las empresas lo gestionen como un bien ajeno a las necesidades del mercado interno constituye, en los hechos, una expropiación de la riqueza social en favor de intereses transnacionales. El petróleo es de los argentinos, no de los balances contables de las corporaciones.

El quiebre del paradigma: Del Autoabastecimiento a la Renta Externa

La Ley Bases (N° 27.742) no es un error de redacción ni un acto de inocencia técnica; es una arquitectura diseñada para el vaciamiento. Al modificar los artículos 3 y 6 de la Ley de Hidrocarburos (17.319) en julio de 2024, se ejecutó un retroceso histórico devastador. Estos cambios eliminan el objetivo del «autoabastecimiento» para priorizar la maximización de la renta y la libertad de mercado.

Antes de esta reforma, la ley establecía el Autoabastecimiento como la piedra angular: el Estado tenía la potestad y la obligación de garantizar que el crudo extraído de suelo argentino cubriera primero las necesidades de las familias y la industria nacional a precios razonables, basados en los costos locales de producción. Existía el concepto de «barril criollo», un desacople necesario para proteger el surtidor de las crisis externas.

Hoy, la Ley Bases aniquiló esa protección y la reemplazó por la «maximización de la renta». Esto impuso la Paridad de Exportación: el usuario argentino hoy paga la nafta a precio dólar internacional, a pesar de que el costo de extracción en pesos es de los más competitivos del mundo. Los beneficiarios de este banquete son empresas con nombre y apellido: YPF, Pan American Energy (PAE), Vista Energy, Shell Argentina, Pluspetrol, Chevron, Tecpetrol (Grupo Techint), TotalEnergies, ExxonMobil, CGC y Pampa Energía.

El golpe de gracia es el RIGI (Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones). Este esquema permite que estas grandes exportadoras, tras cuatro años de inversión, dejen el 100% de sus dólares en el exterior. Se llevan el recurso, nos cobran el combustible como si fuera importado y las divisas ni siquiera pasan por el Banco Central para fortalecer nuestras reservas. Es el vaciamiento legalizado.

La estocada final: El remate de YPF

Y por si faltaba algo para completar este cuadro de entrega, la hoja de ruta de Javier Milei incluye la privatización de YPF. Bajo el relato del «libre mercado» y la «libertad», se esconde la intención de desarticular la única herramienta que el Estado posee para intervenir en el sector y equilibrar el mercado. Al desprenderse de la petrolera de bandera, el país renuncia definitivamente a su capacidad de fijar políticas de precios y desarrollo, entregando la llave maestra de nuestra energía a los mismos fondos de inversión que hoy celebran la desprotección del consumidor argentino.

Responsabilidad política y juicio histórico

No estamos ante un simple cambio de reglas, ni ante un mero giro ideológico; estamos ante una ingeniería del despojo meticulosamente ejecutada. No es una cuestión de «visiones» sobre el Estado, sino de una claudicación fáctica de la soberanía nacional. Nos están conminando a no levantar más la cabeza, a aceptar que nuestro destino es ser espectadores mudos del banquete ajeno mientras nos vacían el subsuelo.

Esta traición tiene nombre y apellido. Son los Gobernadores que, desde sus despachos, negociaron el subsuelo argentino por el alivio financiero de un trimestre. Son los Legisladores que, sentados en sus bancas, alzaron la mano para convertir nuestra riqueza en un remate de saldos. No solo firmaron una ley; sellaron un pacto de servidumbre que condena a las generaciones venideras a nacer con una deuda de dignidad y territorio que nunca contrajeron.

Está en nosotros, en el ejercicio diario de la memoria y la ciudadanía, recordarlos uno y otro día. Identificar a quienes defendieron el patrimonio de la Nación y señalar, con claridad quirúrgica, a quienes facilitaron que el presente de cada hogar argentino fuera sacrificado en el altar de una rentabilidad que nunca regresa al país. La historia no olvida las firmas, pero los pueblos tampoco deben olvidar los rostros de quienes entregaron la llave de nuestra casa.

Guillermo Peñalver – Abogado

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1 comentario

  • Excelente nota, la entrega tiene nombre y apellido , tenemos que militar para que esos nombre no integren listas en las próximas elecciones , de uno y otro partido.

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