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Tal es así la situación desarrollada tiempo atrás con el señor Piñeyrua, reconocido comerciante con vastos años siendo un referente gastronómico en la ciudad. Aquella vez el procedimiento de los funcionarios se expedía por un tipo de resolución de habilitación, una clausura y posterior descargo del contribuyente, legítimo al no estar de acuerdo y en defensa de lo que es de interés: su comercio.
Acertada fue la decisión del Sr. Piñeyrua, que no salió a arremeter a los medios; tomó una acción que involucraba su propio negocio, arriesgando sus propios ingresos, cerrando todos sus locales comerciales, lo que en efecto generó una presión social porque había empleados sin trabajar y los habitués de esos locales que demostraron su descontento.
Ese ejercicio de anular por tiempo indeterminado su actividad comercial ponía en jaque al Ejecutivo; había que tomar una decisión. Es así que el Ejecutivo municipal decide comunicar a todos los medios, con bombos y platillos, que apartaban a la funcionaria a cargo del procedimiento. El público simpatizante de las acciones de este Ejecutivo mostraba su apoyo y efervescencia por la noticia, y no faltaban las expresiones de desprecio hacia esos trabajadores que habían aplicado una ordenanza vigente.
En los hechos, la funcionaria en cuestión jamás tuvo un procedimiento administrativo con apertura de acción sumaria. Para conocimiento del público, ese tipo de decisiones son publicadas en el Boletín Oficial, que está disponible para todos los ciudadanos en la página oficial del municipio.
La funcionaria tuvo vacaciones extensas, obligadas, a fin de apaciguar las aguas y sostener la dopamina que generaba la aceptación de aquel comunicado, que lejos estaba de la verdad.
Pasaron los meses sin pena ni gloria, y todo volvió a la normalidad: la funcionaria retomó la labor en su oficina de origen, sin ninguna aplicación conductual; bastaban los aplausos a la gestión y ese era resultado suficiente para este Ejecutivo.
Una historia que se repite: Contribuyente – Ordenanza – Funcionarios – Presión social
Un video totalmente preparado por una aspirante política, referente de un espacio, craneado para doblegar al Ejecutivo municipal, no sólo para conseguir visibilidad, sino para mostrar que existen otras fuerzas.
El video, aunque editado, muestra un sinfín de agresiones hacia los funcionarios, que se ven claramente escuchando toda la exposición, un decálogo de comerciante indignada.
Y ahí es donde debemos detenernos a pensar.
¿Hasta dónde llega la libertad personal? ¿Hasta dónde avasalla con el propio derecho? Tal es así que existen regulaciones referidas a la exposición de la imagen personal, la propiedad intelectual y la protección de los derechos individuales. ¿Puede una persona filmar sin consentimiento? ¿Puede insultar a otra gratuitamente? ¿La exposición y difusión de ese video es un hecho pasible de sanción?
Son muchas preguntas que quedaron fuera de todo análisis y contexto.
Es notorio que el espacio libertario, desde su concepción, tiende a transgredir cualquier normalidad por ser “luchadores de la libertad”, donde se les permite, en su diálogo de cualquier índole o naturaleza, el agregado de agravios y elevación de tono sin ningún escrúpulo.
Pero, volviendo a la acción en sí, la contribuyente estaba floja de papeles; en la verborragia de su descontento no mostró lo importante: las pruebas.
Lo que es grave aquí es que, habiéndose impartido una situación similar en tiempos pasados —llámese Cristóbal, llámese músicos de peatonal—, con sólo la obtención de comentarios de los ciudadanos en posteos publicados es suficiente para que la gestión ponga en duda el trabajo de los funcionarios y pretenda anular cualquier ordenanza vigente.
La presión que generan las comunicaciones 2.0 ha logrado que esta dirigencia municipal crea que el éxito de los comunicados que difunde aplica como medida para evaluar la aceptación de la gestión.
La torpeza es tan enorme que, ante este último caso, no sólo vuelve a comunicar a los ciudadanos una decisión de investigación, apartamiento y sanción, sino que se saltea lo más importante: el procedimiento administrativo, que es un recurso donde las instituciones públicas se apoyan para resolver una situación garantizando los derechos de los ciudadanos.
Antes de comunicar la ejecución del mismo, debe existir un decreto mediante el cual el Ejecutivo dispone una apertura de instrucción sumaria y, luego de ser notificados los involucrados, posteriormente debe publicar la resolución en el Boletín Oficial. Después de eso sí tendrá el camino allanado para anoticiar a los medios. Pero también el procedimiento dará lugar a la defensa de los actores involucrados.
Aquí no existió el procedimiento, tampoco existió un comunicado hacia los trabajadores involucrados solicitando un descargo o preguntando por su bienestar.
El Ejecutivo municipal vulnera los derechos y procesos que están dispuestos, sancionados y vigentes. Se puede debatir el ajuste de las ordenanzas que forman parte del digesto municipal, pero la realidad es que son las ordenanzas que están en vigencia; y que existen sectores cuya función específica es la fiscalización de las mismas, como los inspectores municipales.
El Ejecutivo municipal no hace lo mínimo e indispensable, que es analizar en una situación de crisis. Se deja manipular por la presión social, específicamente por lo que se dice en redes sociales, pero sólo y únicamente cuando se trata del personal municipal.
La reacción de los ciudadanos ante el estacionamiento medido, la emergencia ambiental, la situación de los barrios con pérdidas de agua, falta de cloacas, luminaria y fuentes de trabajo, no están en agenda de importancia.
El verdadero «se acabó la joda» lo muestra cuando aplasta a los trabajadores.
Los otros temas son prioridad en agendas políticas de Ejecutivos que entienden que gestionar es una necesidad y una urgencia, que eso puede enmarcar un resultado de una buena gestión o no. Aquí no sucede.
En síntesis, la presión social ejercida en redes sociales como objeto medible según este gobierno sólo produce el debilitamiento y el desprestigio de la institución municipal.
El daño que están generando, sin una verdadera reparación, sólo da como resultado la degradación irreversible y un retraso en los avances reales de las administraciones y políticas públicas.
(*) Este artículo, enviado a DIARIOJUNIO, fue redactado por trabajadores de distintas áreas del municipio de Concordia, encargados de hacer cumplir las ordenanzas y normas vigentes. Los autores solicitaron mantener el anonimato a fin de preservar sus fuentes laborales y evitar posibles sanciones