El 9 de octubre pasado se abrieron los sobres para conocer las ofertas de empresas que quieren la concesión de 741 kilómetros para la explotación, administración y mantenimiento de las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117 que pasan por Entre Ríos, Buenos Aires, y Corrientes. También se licita la ruta 174 y el Puente Rosario-Victoria.

Se presentaron seis empresas: Autovía Construcciones y Servicios; Coyserv; un consorcio compuesto por Obring, Rovial, Edeca, Pitón y Pietroboni; Benito Roggio; Juan Chediak, Panedile; y Rovella Carranza. Casi todas son contratistas del Estado desde hace décadas, miembros del conocido en el ambiente “Club de la Obra Pública”.

En nuestro país el sistema para financiar y construir las infraestructuras públicas se ha basado siempre en dos modelos tradicionales, conocidos como obra pública y concesión de obra pública, ambos regulados por el Congreso Nacional, en las leyes 13.064 y 17.520, respectivamente. En el modelo clásico de obra pública, el Estado paga la obra con sus propios recursos a medida que ésta avanza. De tal forma, en la etapa de ejecución del contrato, el contratista debe financiar sólo pequeñas fracciones de la obra, hasta el momento en que se le abonan los certificados de avance de obra.

El actual gobierno, bajo el lema de “no hay plata”, ha enunciado enfáticamente que no seguirá con la obra pública. Desde que asumió el propio presidente Javier Milei y varios de sus funcionarios proponen ir hacia un esquema de “iniciativa privada a la chilena”. La iniciativa privada es únicamente el procedimiento por el cual el sector privado presenta propuestas al Estado de posibles concesiones, siendo el Estado quien luego licita las mismas en caso de declararlas de interés público. La naturaleza jurídica de ese contrato será una concesión, no una iniciativa privada.

Pero el presidente de la Conaduv cuestionó la existencia de un supuesto modelo a la chilena. En realidad, parece seguir el sistema de peaje a la argentina. En ese sentido, recordó que la transformación de la Ruta 14 en Autovía no fue realizada por Caminos del Río Uruguay, la concesionaria del peaje desde la década del 90 hasta abril de este año. “Se hizo con fondos del Estado nacional”, indicó. Lo mismo sucedió –dijo Lasca- con la Autovía Rosario-Córdoba o Pilar.-Pergamino. “No lo hicieron los concesionarios con los fondos del peaje. Se hicieron con créditos externos, con créditos del BID (Banco Interamericano de Desarrollo). Con subsidios del Estado Nacional. No con plata de la recaudación”.

Además, Lasca mencionó que el gobierno tiene previsto agregar nuevas estaciones de peaje a las existentes. Hoy por hoy hay 40 y el gobierno pretende anexarles 54 más para que haya 94 en total.  “Por ejemplo, en la Ruta 3, para ir de Capital a Bahía Blanca, habrá que para 8 peajes. Un peaje cada 100 km”.

“Voy a  ser claro. Esto es una caja política. Las cabinas son cajas políticas que vienen de la época de Menem, cambian los gobiernos pero seguimos con más de lo mismo. Seguimos con la patria contratista, con el Club del Peaje,  con los Amigos del Poder”. Lasca remarcó que basta recorrer quienes se presentaron a la licitación del Corredor Vial 18. “El señor Roggio, Cheddiak todos los que están con el tema famoso de la Causa de los Cuadernos. Todos procesados. Y ahora los premian con concesiones viales”.

Amparo en Gualeguaychú

En marzo de este año, el Ingeniero Agrónomo Carlos Humberto Cadoppi Frigerio, miembro del CONADUV, presentó un recurso de amparo con medida cautelar; acción judicial dirigida contra el sistema de peajes en corredores viales concesionados con cabinas de cobro en ruta, radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Gualeguaychú, a cargo del Juez Hernán Sergio Viri.

El objetivo principal del recurso es lograr la eliminación definitiva de las estaciones de peaje y sus casillas de cobro, argumentando que se trata de caminos de dominio público, financiados con los impuestos de los ciudadanos, sin la existencia de alternativas libres de pago y bajo un esquema de doble imposición, debido al Impuesto a los Combustibles.

Lasca sostuvo dijo que Cadoppi estaba “harto de que lo estafen” y por ello presentó el recurso de amparo.  “El Estado está en rebeldía. No contesta nada y no se presenta. Estamos esperando para ver si el juez puede sacar una medida cautelar y suspender el peaje en todas las rutas nacionales”, dijo.

En tal sentido, Lasca dijo que le llama la atención que los gobernadores, legisladores, concejales e intendentes pareciese que «no leen la Constitución». En especial de la  facultades para que todos los ciudadanos puedan transitar libremente por el suelo argentino. “El propio Milei habla de cumplir con la Constitución, de libertad pero nosotros no tenemos libertad para transitar. Hay un señor con una barrera que lo impide”, argumentó.

Asimismo, Lasca remarcó que los ciudadanos pagan el impuesto a los combustibles, en los lubricantes,  en los neumáticos, en las patentes, etc. “¿Que más nos quieren cobrar?, ¿O tener un vehículo es un castigo?, ¿Un delito?”, se preguntó.