Esta semana, el Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) definió finalmente la cobertura de un cargo sensible en el Juzgado de Familia Nº1 de Concordia. La designación recayó en la abogada María Dinora Moulins, quien fue secretaria en el Juzgado de Paz de esta ciudad y a la fecha se desempeñaba como secretaria suplente del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y del Trabajo de la ciudad de San Salvador, que preside el juez Ricardo Agustín Larocca.
La vacante se había producido tras la jubilación del juez Raúl Tomaselli, lo que abrió un proceso interno dentro del Alto Cuerpo para definir quién asumiría la subrogancia en un fuero considerado especialmente delicado por la naturaleza de los conflictos que tramita: cuestiones de niñez, violencia familiar y disputas intrafamiliares.
La decisión, ajustada a 5 votos a 4, se produce luego de varias semanas de tensiones y movimientos en los pasillos de tribunales, donde el nombre de la abogada Constanza “Coty” Ortiz había ganado fuerza como posible designación. Incluso, fuentes mencionaron que la propia abogada ya había recorrido el juzgado y hablado con el personal anunciando su inminente retorno a tribunales. Su eventual llegada generó resistencias entre abogados del foro local y reavivó el malestar sobre los mecanismos de designación dentro del Poder Judicial: decisiones que se resuelven sin concurso nuevo y que suelen responder más a afinidades internas o equilibrios políticos que a criterios estrictamente meritocráticos.
El abuelo de la abogada, el fallecido general Raúl José Ortiz, tuvo una estrecha relación con el actual vocal del STJER Daniel Omar Carubia durante los años de la última dictadura, Carubia le debería al general su ingreso al poder judicial. Carubia, vocal del STJER desde 1988 estaba señalado como uno de los respaldos de la postulación de la abogada Ortiz.
En otro de los cuestionamientos que circularon en el ambiente judicial se mencionaban antecedentes de quejas por presunto maltrato laboral durante su paso anterior en tribunales. Según señalaron fuentes consultadas en su momento, esas presentaciones habrían llegado tanto a la Asociación Judicial de Entre Ríos (AJER) como al Colegio de la Abogacía, aunque no derivaron en sanciones firmes.
La polémica también se había intensificado semanas atrás luego de que la propia Ortiz publicara un estado de WhatsApp en el que negó que fuera a regresar al Poder Judicial, cuestionó a un “diario digital de cuarta” —en aparente referencia a una publicación periodística de DIARIOJUNIO— y acusó a colegas de intentar “robarle clientes” difundiendo que pronto sería designada jueza. El episodio generó malestar entre abogados y habría motivado un llamado de atención informal desde el Colegio de la Abogacía de Concordia.
Otro antecedente de la abogada que fue recordado es que su firma -junto con la de otros familiares también funcionarios y empleados del Poder Judicial- aparecía en solicitadas difundidas años atrás en defensa de militares detenidos por delitos de lesa humanidad, lo que volvió a poner en discusión el alcance del artículo 6 de la Constitución de Entre Ríos, que establece la inhabilitación para ejercer cargos públicos a quienes hayan participado en esos delitos o incurran en su apología.
La designación de Moulins aparece como una salida que descomprime una situación de malestar que había escalado más de lo deseado en una justicia acostumbrada a lavar sus trapitos sucios fuera de la luz pública, y su llegada al Juzgado de Familia Nº1 se produce en un momento en que ese fuero enfrenta una alta carga de trabajo y demandas sociales crecientes.