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El Gobierno retira al Estado como querellante en la causa por la deuda con el FMI tomada durante el macrismo
Por decreto, la administración de Javier Milei resolvió que la Procuración del Tesoro deje de intervenir en la investigación judicial por el crédito de 44.500 millones de dólares acordado en 2018 con el Fondo Monetario Internacional. Entre los involucrados figuran el expresidente Mauricio Macri y dos actuales ministros del gabinete libertario, Luis Caputo y Federico Sturzenegger.
En la foto: Federico Sturzenegger y Luis "Toto" Caputo, actuales ministros de Milei y ex ministros de Macri
El Gobierno nacional dispuso que el Estado argentino deje de ser querellante en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades en el megacrédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de Mauricio Macri en 2018. La decisión fue formalizada a través del decreto 87/2026, publicado en el Boletín Oficial, con las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La medida ordena que la Procuración del Tesoro de la Nación cese su intervención en la causa N° 3561/2019, caratulada “Macri Mauricio y otros s/defraudación por administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública”, que buscaba establecer eventuales responsabilidades penales por el endeudamiento de 44.500 millones de dólares, el mayor préstamo otorgado en la historia del organismo internacional.
Entre los funcionarios alcanzados por la investigación se encuentran figuras centrales del actual gobierno. Luis Caputo, hoy ministro de Economía, era ministro de Finanzas al momento de concretarse el acuerdo con el FMI. Federico Sturzenegger, actual ministro de Modernización, era entonces presidente del Banco Central y luego fue reemplazado en ese cargo por el propio Caputo.
Los argumentos del decreto
En los considerandos del decreto, el Poder Ejecutivo sostiene que la actuación de la Procuración del Tesoro como querellante en el proceso penal fue “excepcional” y que su intervención en causas penales no forma parte de su especialidad técnica. El texto remarca que el Ministerio Público Fiscal es el órgano competente para impulsar la acción penal, con independencia funcional y especialización en investigaciones penales complejas, y que su rol debe ser preservado frente a posibles interferencias.
El decreto aclara, no obstante, que el retiro del Estado como querellante no implica una renuncia a eventuales reclamos por daños y perjuicios, los cuales —según se señala— podrían continuar por la vía civil en los términos procesales correspondientes.
Una causa iniciada en 2021
La causa había sido impulsada en 2021, durante el gobierno de Alberto Fernández, cuando se instruyó a la Procuración del Tesoro a iniciar acciones judiciales para determinar los “eventuales daños y perjuicios emergentes” del endeudamiento contraído por la administración Macri.
La denuncia apuntaba a establecer la posible comisión de delitos como violación de deberes de funcionario público, abuso de autoridad, malversación de fondos públicos, administración fraudulenta y defraudación contra la administración pública. Entre los ejes de la investigación figuraban el cumplimiento de la normativa vigente para la toma de deuda, el destino real de los fondos y la trazabilidad de los recursos obtenidos.
Archivo, apelación y polémica
La decisión del Ejecutivo de retirarse de la querella se conoció luego de que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 5 dispusiera el archivo de la causa. La jueza María Eugenia Capuchetti consideró que los hechos denunciados no constituían delitos, sino discrepancias con decisiones de política económica adoptadas por un gobierno.
Sin embargo, el fiscal Franco Piccardi apeló esa resolución. En su presentación, sostuvo que “los hechos investigados afectan de manera directa a la comunidad en su conjunto y al propio sistema democrático” y rechazó que el endeudamiento con el FMI pueda ser considerado una simple decisión de política pública ajena al control judicial.
Piccardi argumentó que en el acuerdo pueden reconstruirse indicios de un “posible entramado delictivo muy tangible” y enumeró, entre otros puntos, una presunta violación de la normativa aplicable a la toma de deuda pública, falsedades sobre el destino de los fondos, una administración ruinosa que generó una deuda insostenible en beneficio de un grupo privado concentrado y una gestión arbitraria que impidió el control de la trazabilidad del dinero, con perjuicios cuantificables e incuantificables para el Estado y la sociedad.