Esto llevará a la mejor compresión de esta medida, evitando actitudes –algunas de ellas mal intencionadas y hostiles– de quienes ven terminados algunos privilegios mantenidos a costa del resto de los trabajadores estatales .

La intervención del IOSPER por parte del Poder Ejecutivo Provincial, esta perfectamente estipulada cuando ocurren graves irregularidades –como en la actualidad– desde el punto administrativo técnico o contable que así lo justifiquen según el art. 29 de la ley 5480 promulgada el 15/01/1974, vigente hoy.

Esto era necesario debido a la descomposición funcional y financiera encontrada en esta Obra Social (según informe de la Comisión Fiscalizadora y corroborado por dicha Intervención), con déficits mensual varias veces millonarias y una deuda global aproximadamente de 50 mil millones de pesos, a lo que debemos sumar el conflicto casi permanente con los prestadores Pagos indebidos de comisiones. Convenios con proveedores no claros, rayanos con la delincuencia. Irregularidad en la provisión y entregas de medicamentos y prótesis que la Obra Social debe proveer por ley a los afiliados. Abultado número de directores con sueldos irregularmente inflados, entre otras irregularidades. Todos los datos que se manejan fueron expresados públicamente por el Interventor.

En algunas reuniones a las que concurrí, (alguna de ellas con la Comisión de Salud de la UCR de Concordia) recogí algunas críticas del equipo de asesores que acompañan al Interventor (aproximadamente 10 personas que vinieron de Bs. As.). Algunos de ellos formaron parte de la intervención de la Obra Social de Buenos Aires (ObSBA).

Debe quedar explícitamente aclarado la forma de designación de los dos representantes obreros que se desempeñaran en el Directorio. como así también la solidaridad de las prestaciones que esta Obra Social cubrirá, tal cual funcionan en la actualidad.

La ley reglamentaria deberá publicitar claramente la forma en que OSER se financiara. Actualmente esta Obra Social se financia con el 3 % que se descuenta del sueldo mensual del trabajador del Estado y el 4,5 % que aporta el gobierno (contribución patronal). En tanto los pasivos aportan el 3 % de su salario y el estado aporta solo el 2 % en vez del 4 % histórico. Esto último data desde el año 1992, cuando el entonces gobernador peronista, Mario Moine, sanciona la ley Nº 8706, (de emergencia) que entre otros ajustes redujo el aporte de la contribución patronal de los jubilados provinciales al IOSPER en un 2 %. De esto pasaron 33 años. El gobernador Bordet prometió reintegrarlo y por supuesto no cumplió.

Como resultado de estas idas y vueltas, el IOSPER, entre aportes y contribuciones recibe solamente un promedio del 6,39 % del sueldo mensual. Esta cifra es la más baja en comparación con el resto de los aportes que cada una de las provincias Argentinas hacen a sus Obras Sociales provinciales, (la gran mayoría el 9% o más del salario), esta arbitrariedad se ve agravado por el atraso y la retención indebida de lo que mensualmente las Instituciones provinciales, municipales y organismos descentralizados y autárquicos, deben depositar mensualmente en tiempo y forma al Instituto y no lo hacen. Este escaso aporte y el no depositar estos en tiempo es una de las grandes deudas que heredo este Gobierno el que se debe solucionar.

En el proyecto de ley que ingreso al Senado no veo nada que pueda dar lugar de su privatización, quedando en claro además, que las prestaciones seguirán siendo solidarias como hasta ahora. Lo que habría que evaluar seria la utilidad de un control Parlamentario Bi Cameral de esta nueva Institución.

Esta nota que tiene la intención de aclarar alguna dudas, aportando la experiencia que durante largos años me dio el haber militado en salud, tanto pública como privada, me autoriza a expresar que, para gerenciar una empresa de salud (como el futuro OSER, o como quieran llamarla ) hay que estar preparado y de ninguna manera anteponer a su funcionamiento intereses políticos partidarios. La única política que una Institución de este tipo debe llevar adelante, es una «correcta política sanitaria».