Blochinger sostuvo que emitieron una circular para que los Directores Departamentales instruyan a los supervisores y, éstos a los docentes, que informen las matrículas de cada uno de los Centros que tienen a cargo. En muchos casos, la información estaba desactualizada o era errónea.
“Hubo una actualización y vimos, con mucho desagrado, que dentro de las personas inscriptas en los distintos cursos alumnos egresados de los años anteriores, matrículas repetidas de los años anteriores. A nuestro entender eran graves irregularidades”, sostuvo. A su entender, esa práctica se hacía a los fines de justificar el sostenimiento de esos Centros. Y remarcó que había docentes que no tenían alumnos o trabajan con uno o dos estudiantes. “Tenemos que recuperar ese recurso y destinarlo a otro lugar donde hace falta”, expresó Blochinger en declaraciones a Radio Ciudadana (FM 89,7).
Por ello, remarcó que deben llevar adelante un proceso de refuncionalización de los Centros Educativos. “Hay que estudiar las trayectorias de los estudiantes, reubicarlos, aprovechando los recursos que tiene el Estado”, sostuvo.
“Estos Centros están pensados y nacieron con la idea de atender una demanda que hay en determinados lugares donde no se accede o no se llega con otra propuesta educativa”, indicó. Expresó que brindan escolarización primaria. Y sostuvo que se debe estar viendo en forma permanente la existencia de matrícula que justifique la existencia incentivando a los alumnos a ingresar para sostener el Centro. Pero la conclusión es que ya no se realizaba el esfuerzo de comunicar la existencia del centro o ya no hay demanda para esos lugares.
Aunque Blochinger también remarcó que en los casos en que haya Centros Educativos con un solo alumno, ese estudiante va a tener garantizada su continuidad educativa porque se lo va a reubicar en otro lugar donde haya la misma oferta. Por ejemplo, escuelas primarias de adultos u otros centros con mayor matrícula.
Por otra parte, Blochinger rechazó la información dada a conocer desde el gremio respecto del cierre de 60 Centros en toda la provincia. “No se puede malinformar o dar noticias o hacer títulos en las redes sociales o en los medios de comunicación generando semejante grado de incertidumbre de preocupación por este tipo de anuncios erróneos, pretenciosos y maliciosos de parte del gremio en primer lugar”. E, incluso, sostuvo que los gremios deberían estar acompañando el trabajo de los supervisores en resguardo de la educación pública. “Cada recurso que es desperdiciado está atentando contra el recurso educativo que debería ser lo que está defendiendo el gremio. Estamos en una situación muy difícil”.
“Debería primar un grado de sentido común y seriedad a la hora de tratar los temas”, expreso. “Gente que ha estado 30 años en la Educación sabe cuáles son los mecanismos y las articulaciones que hay que hacer en el territorio con las autoridades territoriales como las Direcciones Departamentales, los supervisores, para llevar adelante decisiones que afectan no solamente al docente sino principalmente a los estudiantes y a sus trayectorias educativas”, expresó. “Las decisiones que se toman en el CGE se toman en base a datos e información que brindan los docentes, las Direcciones Departamentales y los supervisores desde el territorio”, recalcó.
Ayer, Diputados del bloque Justicialista de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, presentaron un proyecto de declaración en el que se instó al cuerpo a adherir a la “profunda preocupación ante el inminente cierre de 60 Centros Educativos en diversos departamentos de la Provincia de Entre Ríos, lo cual representa una medida regresiva en términos de derechos y de acceso a la educación para sectores vulnerables”. El pedido incluyó “la inmediata intervención del Consejo General de Educación (CGE), arbitrando las medidas necesarias para preservar la continuidad de las instituciones educativas esenciales”.
Se trata de 60 Centros Educativos distribuidos en Concordia, Paraná, La Paz, Gualeguaychú, Gualeguay, Federal, Federación, Diamante, Feliciano, Concepción del Uruguay, Nogoyá, Villaguay, Islas del Ibicuy, Victoria y Colón. Se señaló que quedan comprometidos la continuidad pedagógica de los estudiantes y la estabilidad docente y el derecho constitucional al trabajo y a la educación consagrada en nuestra Constitución Provincial y Nacional.
