Al inicio, en el tramo de homenajes, desde el oficialismo remarcaron la decisión de ir a la Justicia. “Nosotros como bloque, consideramos que el vecino conozca la realidad de nuestra ciudad y nuestro trabajo es defender la transparencia de los recursos públicos; en qué se utilizan. Sabemos realmente que la realidad de nuestra ciudad es resultado de gestiones anteriores que han trabajado irresponsablemente”, dijo la concejal Silvina Ovelar (JxER). “Creo que Concordia se merece conocer la verdad y tener un gobierno honesto”, explicó.
Claudia Villalba (PJ) dedujo que la presentación surgió de una reunión entre el intendente y su secretario de Gobierno, Luciano Dell Ollio, quienes quieren que gane su “candidata” en referencia a la edil Eliana Lagraña, palabra que le valió una reprimenda desde el oficialismo por cuestiones de género. “Empezaron a buscar cómo mostrar qué se hizo en estos dos años de gestión. La verdad es que no encontraron nada porque no hicieron nada. Las calles son un desastre, los servicios no funcionan. No tienen nada para mostrar: ni una sola obra”. Por ello, sostuvo, decidieron echar mano de la auditoría que está colgada en la página del municipio desde hace nueve meses.
La edil cuestionó varios puntos: que no se haya llamado a licitación pública para contratar al auditor externo, que no la hayan presentado al Tribunal de Cuentas de la provincia y que el intendente, quien fue fiscal, no haya encontrado algún hecho irregular que haya ameritado el ir a presentarse en la Justicia en estos nueve meses. Los cuestionamientos siguieron: a la viceintendenta Magdalena Reta, a Dell Ollio y a otros ediles del oficialismo, quienes fueron parte de la gestión anterior, por “no haber presentado algo” o por “no haber hecho el trabajo de controlar”.
Como corolario, remarcó que la intención de Azcué es simplemente presentarse ante la prensa aferrándose a lo último que le queda ante “el desgobierno” y “la falta de respuestas” a los vecinos. Para Villalba, Azcué tendría que saber si había algún hecho que configurase un presunto ilícito en estos meses. O no. “Recordemos que cuando fue fiscal, se presentó al concurso de fiscales y salió 21 de 24 que concursaron. El trabajo que venía haciendo desde hace dos años a dedo no lo pudo sostener en un concurso de oposición. Eso quiere decir que no aprendió”. Para Villalba, no hay delitos en la auditoría o Azcué es “muy incompetente”. “Creo lo primero y también lo segundo”, mencionó.
A su vez, desde el oficialismo se manifestó que se cansaron de presentar pedidos de informes, muchos de los cuales no fueron respondidos, e hicieron presentaciones en la Justicia “firmadas de puño y letra”. “Algunas avanzaron más y algunas menos”, recalcó un edil de Juntos por Entre Ríos. “Tengo el recuerdo de una presentación de Reta de Urquiza que terminó en un escándalo con una concejal que se quedaba con la plata de los contratos de sus empleados. Creo que terminó fuera del Concejo y asumió su suplente”, expresó. De la misma forma, hubo cuestionamientos a la abogada y ex funcionaria de la gestión anterior, Cielo Petit, a quien acusaron de “hacerle mandados” al ex intendente Enrique Cresto y de “decir mentiras”. Y emitió críticas a la presentación del ex concejal Daniel Cedro en la Justicia, a la que calificó como “mamarracha”. “Quiere quedar bien con (Guillermo) Michel”, sostuvo.
El presidente del bloque del PJ, Guillermo Satalía Méndez, dedujo que la presentación de Azcué tuvo como objetivo denunciar al ex intendente interino Alfredo Francolini, hoy funcionario del gobierno de Rogelio Frigerio, según leyó en una nota de prensa de El Entre Ríos. “La auditoría requerida por Azcué hace foco en la intervención de una firma que trabaja en la Bolsa de Valores entre los años 2021 y 2023”, expresó. A su vez, cuestionó el costo de la auditoría de $19 millones. “¿El contador (Secretario de Hacienda – Pablo) Ferreyra no sabe hacer una auditoría?”.
La denuncia de las empresas proveedoras de alimentos, perteneciente a los Partarrié, padre e hijo, apareció en la discusión. “Es un manotazo de ahogado porque sabían que se les venía la denuncia. Eso claramente es un delito”, indicó Villalba. La denuncia radica en la presunta entrega de miles de kilos de azúcar y de cacao por importes millonarios que no les fueron abonados. “Los tipos dicen que nosotros los estafamos. Acá los únicos estafados fueron los niños”, indicó un edil del oficialismo en referencia a la Causa Comedores. Además, sostuvo que pueden hacerle juicio al municipio si se sienten estafados. “No les creemos a los Partarrié”, mencionó.
El único edil del oficialismo que brindó detalles de la presentación en la Justicia fue Mauricio Rey (JxER). Sostuvo que cuando Azcué asumió la gestión se encontró con una deuda de $ 8.000 millones, y el 60 % de la misma estaba dolarizada. Las condiciones de empréstito se agravaron con la devaluación de ese mismo mes de fin de 2023. “La auditoría se centró en una deuda que contrajo la gestión anterior bajo la ley provincial N° 10.480 y una reestructuración que tuvo en el año 2021, que ascendía a U$S 6 millones”. Rey sostuvo que, al momento de asumir la actual gestión, ascendía a U$S 5.900.000. “El vencimiento fue extendido hasta el 8 de agosto de 2028. Es decir, no solo comprometió esta gestión sino la que sigue”, argumentó.
“Esa deuda se tomó para hacer obras públicas, pero hay que decir la verdad. Se detectaron deficiencias, incumplimientos y obras públicas que no se hicieron, como la construcción del puente de Boulevard Ayuí o la calle Mario Gatto”, manifestó el edil. De la misma forma, remarcó que los cuatro primeros pagos se realizaron con el mismo dinero que se pidió prestado. “No rindieron cuentas de los fondos obtenidos de este financiamiento”, indicó. Rey remarcó que hubo un crecimiento desmedido de la planta de personal municipal, que llegó a superar los 3.000 empleados. “Con 600 incorporaciones en 2023”, acotó. Para el concejal, las conclusiones fueron que se heredó un municipio “quebrado, sin equilibrio presupuestario y con graves compromisos financieros”. “La gestión anterior nos deja la tormenta perfecta”, concluyó.
Para Carolina Amiano (PJ), la auditoría es una “cortina de humo” para tapar otras cuestiones. Además, dejó en claro que no “son abogados de los Partarrié”, no tienen afinidad alguna con la empresa, como se sugirió desde el oficialismo por hacerse eco de la denuncia de los proveedores, ya que presentaron un pedido de informes que aún no fue contestado sobre la cantidad de contrataciones y de los montos de las mismas. Más allá de eso, sostuvo que lo que denunciaron las empresas Partarrié Distribuciones y Ahora Voy es “gravísimo”. “Quieren tapar con este pedido de investigación liviano que hace el intendente”, indicó.
“La gestión anterior tiene bastante que explicar. El informe de la auditoría es contundente. Queda al descubierto que se tomaron decisiones imprudentes. Que pusieron en riesgo los fondos municipales, la plata de los vecinos. Se hicieron inversiones de alto riesgo, se compraron bonos depreciados que habían perdido su valor”, dijo la concejal Celeste Fuscado, (JxER). “Se jugó con la plata de todos los concordienses en apuestas que se habían perdido; se timbearon la plata y perdimos todos”, remarcó. Además, mencionó que en 2023 ingresaron al municipio mas de 900 empleados. “No lo digo yo, lo dice la auditoria”. Por lo tanto, se debe destinar más dinero al personal y menos a obras publicas. Por ese motivo, “no se pueden hacer las obras publicas que ellos reclaman”, destacó. Por último, Fuscado pidió a los ediles del PJ que presenten propuestas en vez de estar criticando y esperando algún titular en algún diario. En realidad, desde el oficialismo también podrían hacer algún aporte concreto para mejorar la ciudad.
“Nos encantaría estar inaugurando huevas obras en vez de estar pagando cuentas que nos vienen pateando de gestiones anteriores Es muy fácil nombrar calles asfaltadas y después las pateamos para adelante. Total que se ocupe el que venga”, dijo Lagraña. “Nos gustaría estar haciendo obras nuevas en vez de hacer sobre lo que ya se hizo pero se hizo mal como calle Paula Albarracín. Es una pena tener que gastar en algo que duró tan poco”, añadió.
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KOREA DEL NOTE
Ademas de todo eso que menciona Fuscado como irregularidades, hay que agregar la rifa de tierras municipales, loteos que se aprobaron desde el ejecutivo en 2023, sin pasar por el concejo, no autorizados por planeamiento urbano, solo con firma de Cresto, y dados por 2 centavos por el INVYTAM a los empleados municipales.
Un ejemplo es un loteo sin servicios frente a EGGER, en lugar prohibido y que aun no se puede usar.