El cambio de planes, según fuentes legislativas, obedeció a que no estaba la seguridad plena de alcanzar los dos tercios de los votos necesarios para aprobar el proyecto que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Senadores.En el Senado el bloque del peronismo viene votando dividido. La primera fragmentación se produjo cuando se trató la disolución del Iosper.

Las senadoras peronistas Nancy Miranda (Federal) y Gladys Domínguez (Feliciano) respaldaron la postura del oficialismo. Incluso Domínguez luego dejó la bancada que conduce Martín Oliva (Uruguay) y conformó un bloque unipersonal.En la sesión de este lunes la diferencia fue mayor: a la postura de Miranda y Domínguez se sumaron los votos de Patricia Díaz (La Paz) y de Juan Pablo Cosso (Villaguay).

La votación contrastó con los cuestionamientos que vienen expresando en torno del proyecto en sus recorridas de campaña Guillermo Michel y Adán Bahl, candidatos del peronismo en las próximas elecciones.

Ninguno de los cuatro legisladores peronistas que votó en favor del proyecto argumentó su posicionamiento. Llamó la atención el caso de Cosso, que responde al intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, que al igual que el resto de los presidentes municipales del PJ apoya las postulaciones de Michel y Bahl.

En la Cámara de Diputados el bloque del peronismo no ha dado sorpresas de este tenor. Pero para alcanzar los votos necesarios para una aprobación sobre tablas el oficialismo precisaba el apoyo de algunas voluntades de los diputados de las bancadas libertarias.

Fuentes legislativas apuntaron que había dudas específicas acerca de los posicionamientos de Carlos Damasco (La Libertad Entre Ríos) y Gladys Salinas (Partido Conservador Popular).

Además, complicaron las cuentas las ausencias de dos diputados oficialistas: Vilma Vázquez y el socialista Juan Pablo Rossi no se hicieron presentes en el recinto. Del PJ, faltaron Juan José Bahillo, Sergio Castrillón y Enrique Cresto.

El texto del proyecto declara prioritaria “la restauración de la sostenibilidad de la deuda pública provincial» y autoriza al Poder Ejecutivo a concretar “actos, operaciones, mecanismos y/o instrumentos financieros de crédito público, en moneda nacional o extranjera, que juzgue más apropiados para adecuar las condiciones emergentes de las obligaciones derivadas de la deuda pública provincial” hasta un monto total que no podrá exceder los U$S 500.000.000.

Fuente: El Entre Ríos /Análisis