La Cámara en lo Contencioso Administrativo Nº1 de Paraná hizo lugar a la acción de lesividad impulsada por el Fiscal de Estado, Julio Rodríguez Signes, y declaró la nulidad de los decretos y contratos que avalaban esas adjudicaciones privadas.

El fallo del dictado el 29 de julio anuló las ventas efectuadas entre 1979 y 1997 a favor de la firma Paraná Guazú SA y de terceros que posteriormente adquirieron los terrenos, por considerar que las islas son bienes del dominio público del Estado y, por lo tanto, inalienables e imprescriptibles.

Además, la sentencia establece que solo una ley nacional puede desafectar estos bienes para permitir su venta, lo que en este caso no ocurrió.

Esta decisión se enmarca en la política de regularización y recuperación del patrimonio público provincial impulsada por el gobierno de Rogelio Frigerio, en cumplimiento de los principios consagrados en la Constitución provincial reformada en 2008.

«Este fallo reafirma el compromiso del Estado entrerriano con la defensa del interés público y la protección de nuestros recursos naturales. Las islas son bienes de todos los entrerrianos y nunca debieron haber sido apropiadas de forma irregular», expresó Rodríguez Signes.
Fuente: Gobierno de Entre Ríos