Por Mario Bermúdez
Trento, 1980.
En el marco de la causa 5075/GI a cargo de Carlo Palermo, por entonces Magistrado de la ciudad italiana de Trento, se encontraba detenido el ciudadano sirio Amis Ahmed, quien había sido sorprendido con 15 kilos y medio de morfina base. El caso, que había comenzado como un clásico desmantelamiento de una red de traficantes drogas, muy pronto tomaría un giro impensado.
Ocurrió cuando el Juez Palermo entrevistó a uno de sus confidentes en un bar ubicado en Vía Pellegrino Rossi esquina Vía Artesani de Milán: “El hombre que usted tiene detenido ingresa droga turca a Italia, pero también saca armas de Italia a países del tercer mundo…”, avanzó el chivato. Palermo afinó sus antenas: “Una persona que llama Henri Reslan y que aloja en el Hilton es el mediador de estas operaciones…” , agregó el informante. En realidad se trataba de Henry Arsan, titular de la empresa de comercio exterior Nuova Moda Big Ben, con domicilio en Vía Pellegrino Rossi 21, a muy poca distancia del bar donde el juez Palermo recibiera el soplo. Arsan era conocido en Italia desde 1973 por sus frondosos antecedentes como contrabandista, aunque Palermo se llevaría una sorpresa cuando la DEA le confirmó que además de sus actividades ilícitas, Arsan “colabora con un miembro de nuestra Italian Task Force y con los Servicios Secretos Italianos para el desmantelamiento de redes de traficantes turcos”.
A pesar de tal advertencia, Palermo seguiría tirando el hilo de la madeja: ordenó la detención de Arsan y en el allanamiento a sus oficinas incautó una serie de mensajes provenientes de una teletipo que estaba instalada para enviar y recibir presuntas transacciones de armas a Irán, Somalia, Sudáfrica y Argentina. Y así es que en los Tribunales de Trento comenzó la elaboración de un dossier sobre intermediación internacional de armamentos.
Dos años después del inicio de las investigaciones del Juez Palermo en Italia, se produce uno de los momentos críticos de la guerra de Malvinas: el hundimiento del destructor británico HMS Sheffield con un misil francés Exocet AM-39 lanzado desde un avión naval Super Etendart. Como reflejo de la improvisación con que se decidió ocupar las islas, la Argentina no tenía una provisión suficiente de esas armas letales -ya al inicio del conflicto solo contaba con cinco de dichos proyectiles y en cuanto quedó en evidencia el daño que podían causar a la flota real, el gobierno de Margaret Thatcher presionó al de Francia, para que no entregara nuevas unidades a la Argentina. Comenzaron entonces diversas gestiones para conseguir nuevos Exocet en el mercado negro. Y es precisamente que en el dossier del Juez Palermo, constan documentos sobre un acuerdo entre Italia y la Argentina: si la dictadura podía comprar los misiles habría buenos negocios para empresas italianas en Buenos Aires.
Misil Exocet A-39
Due uomini qualunques
Según esa documentación descubierta por el Juez Palermo, intervenían en ese trato el por entonces Secretario General del Partido Socialista Italiano (PSI), Bettino Craxi, el Gran Maestre de la Logia masónica Propaganda Due (P-2), Licio Gelli, el banquero de El Vaticano y de la mafia Roberto Calvi, un torturador de las milicias fascistas de la República de Saló llamado Gaio Gradenigo, fugado a la Argentina para eludir una condena de los aliados y due uomini qualunques (dos hombres cualquiera): los empresarios ítalo-argentinos Francesco y Antonio Macri. Aunque como se sabe tan cualesquiera no eran: ambos hermanos, que en vida fueran conocidos como Franco y Tonino, son los respectivos padres de los primos Mauricio y Jorge Macri.
Una carta, enviada por el representante en la Argentina de Craxi decía que los hermanos Macri “representan aquí los intereses de la FIAT”. En cuanto al rol de Gelli en el asunto, se debe recordar que, entre los integrantes de la Logia P-2 figuraron Raúl Lastiri, Isabel Martínez, José López Rega, y varios jerarcas de la dictadura militar que los derrocó, como los generales Carlos Guillermo Suárez Mason y Luis Alberto Betti, los almirantes Emilio Eduardo Massera y Juan Questa y el capitán de Navío Osvaldo Carlos Alberto Corti. En 1973, Giancarlo María Valori – colaborador de Gelli en la P-2-, ya había puesto en contacto a Massera con Perón, quien le ofreció la Comandancia General de la Armada. Menos conocido es quien presentó a Valori con Massera: el entonces Vicepresidente del Directorio del Diario Clarín, el abogado Horacio Edgardo Rioja.
Según la documentación incautada por el juez Palermo en Italia, la Armada peruana aparecería como el comprador de los Exocet AM-39 para nuestro país, que luego se derivarían a la Argentina. El pago se haría con una carta de crédito del Banco Central del Perú. Pero el MI6 -la inteligencia británica- detectó que la garantía era un depósito de doscientos millones de dólares del Banco Andino de Lima, subsidiario y de propiedad total del Banco Ambrosiano, en el que Roberto Calvi administraba recursos de la Santa Sede. El capital del Andino había sido provisto por Ambrosiano Holdings y el grueso de sus préstamos se dirigía a las empresas fantasma controladas por Licio Gelli, quien en aquella época estaba prófugo y oculto entre Uruguay y Argentina luego de la condena en suspenso de Calvi por este tipo de operaciones. El Ambrosiano no colapsó de inmediato sólo porque el Instituto para las Obras Religiosas, conocido por la sigla IOR y caracterizado como el Banco de El Vaticano, se comprometió a respaldarlo.
Palermo ordenó la captura de los hermanos Macri. Una carta remitida desde Buenos Aires por el representante de Craxi contaba que en febrero de 1982: “Macrì ofreció genéricamente al gobierno argentino la total disponibilidad de las empresas italianas a colaborar con el aprovisionamiento para la guerra de las Malvinas, incluyendo helicópteros. A cambio de este apoyo político el gobierno argentino –gen. Galtieri– se compromete a dar a Macrì y al grupo que representa –y sigue representando– la concesión para ampliar y explotar por veinte años la red subterránea, llevándola al doble de su extensión”. Sobre Macri, el juez Palermo verificó los siguiente: “(…) adquirió las operaciones de la FIAT en la Argentina, con fondos de procedencia dudosa (…) en conjunto con funcionarios italianos estaba interesado en la concesión de los subterráneos de Buenos Aires (…) preside la Comisión Argentina por una Paz Justa que tramitó en Italia el levantamiento de las sanciones económicas, para lo cual se reunió, entre otros, con Craxi (…)”. La investigación también confirmó que en 1980 se había formado la UTE Metrobaires, que según la carta secuestrada por el juez Palermo en Milán, ganaría la licitación de los subterráneos porteños a cambio de los armamentos que la Junta necesitaba para la guerra del Atlántico Sur.
Los hermanos Tonino y Franco Macri. En subte a las Malvinas
Palermo cotejó estos datos con documentos oficiales según los cuales el Gobierno italiano garantizaría los trabajos por mil setecientos millones de dólares y, en caso de adjudicación, Metrobaires asignaría parte de las obras a FIAT Argentina, o sea Macri. Entre las empresas italianas que integraban la UTE estaba Techint Argentina. El firmante de la carta que el juez Palermo encontró en el allanamiento en las oficinas del traficante Arsan, era Gradenigo, quien confirmó las tratativas para la provisión de armas y hasta el uso de documentos falsos. Torturador la milicia fascista Guardia Republicana Nacional, Gradenigo había sido condenado a 18 años de cárcel al terminar la II Guerra, pero nunca fue hecho prisionero y en 1946 huyó a la Argentina, donde se convirtió en uno de los grandes personajes de la colectividad. Dirigía el quincenario Risorgimento e integraba el neofascista Movimiento Social Italiano, al que enviaba aportes económicos desde la Argentina. (1)
La transacción para la provisión de 52 misiles Exocet A-39 vía Perú, a un costo de 1.538.461,54 dólares cada uno, totalizando 80 millones de dólares. Se debe tener presente que, en esa época, un Exocet podía obtenerse por 450 mil dólares, es decir un poco más de 23 millones. Esto significaba que los militares estaban dispuestos a pagar a los traficantes un sobreprecio total de casi 56 millones de dólares por el total del embarque. ¿A que fondos recurriría la dictadura militar para pagar el monto que exigían los traficantes por los Exocet?. La respuesta a tal interrogante surgiría 15 años después de la capitulación argentina de 1982.
Madrid, 1997
Conrado Higinio Gómez era un prestigioso abogado de Mendoza. El 10 de enero de 1977, fue secuestrado y se lo llevó para siempre una patota de la ESMA en la porteña Avenida Santa Fe 1713, entre Callao y Rodríguez Peña, donde tenía sus oficinas. El marino represor Jorge Perrén –ya fallecido- fue el encargado del operativo, que se efectuó de madrugada, después de haber sido vigilado durante varias horas el lugar, desde el día anterior. Antes de robarle la vida, los represores se encargaron de quitarle todos y cada uno de sus bienes. Ese dinero, al igual que en otros tantos casos, habría sido blanqueado a través de empresas y cuentas bancarias en el exterior. Un negocio tan repugnante como suculento en el que España, también tendría un rol protagónico, si bien no era estrictamente un paraíso fiscal, pero tampoco hacía falta: tanto los gobiernos de Adolfo Suárez como el de Felipe González mantuvieron todo tipo de contactos con la dictadura argentina, amparados por el entonces monarca Juan Carlos y por una amplia gama de banqueros y empresarios hispanos. De esta manera, España se convirtió en uno de los lugares preferidos de los genocidas para hacer negocios. En 1997, el entonces Magistrado Baltasar Garzón comenzó con la instrucción del Sumario 19/97-L en la Audiencia Nacional de Madrid, caratulado “Genocidio y Terrorismo de Estado” en el que intentaba dilucidar las responsabilidades de militares y civiles en los hechos acaecidos entre 1976 y 1983 en nuestro país. En los inicios de dicha causa aparecían no menos de una veintena de españoles nativos desaparecidos, cifra que se incrementaría exponencialmente en poco tiempo.
Españoles nativos desaparecidos a manos de la dictadura
En ese contexto, el 18 de julio de 1997, Garzón tomó conocimiento -a través de la declaración de un testigo- de la existencia de una red de blanqueo de dinero proveniente del apoderamiento de los bienes de las víctimas de la dictadura militar. Uno de los personajes claves -aunque no el único como se verá en párrafos subsiguientes era el agente del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército Raúl Antonio Guglielminetti, alias “Mayor Guastavino”, quien desde el 9 de agosto de 2006 está recluido en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz, purgando dos condenas por un total de 30 años de prisión por haber sido hallado responsable de delitos de lesa humanidad, 9 homicidios agravados y más de 20 casos de privación ilegal de la libertad agravada por aplicación de tormentos, cometidos durante la última dictadura.
A finales de los años setenta y principios de los ochenta, Guglielminetti, en su carácter de integrante del Grupo de Tareas Exterior (GTE) del Batallón 601, viajó en varias ocasiones a España. Incluso tuvo una cuenta bancaria en el Banco de Londres de España y donde obtuvo una tarjeta Diners “con una extensión para su esposa”, extremo que reconoció el propio el propio represor en abril de 1987, cuando tuvo que declarar ante la Jueza Federal María Servini. Dos años antes de su declaración en los Tribunales de Comodoro Py, Guglielminetti había sido sorprendido por la Policía Nacional española en febrero de 1985, en el aeropuerto madrileño de Barajas, portando un millón de dólares en el mismo momento en que la Justicia investigaba el secuestro extorsivo del hijo del empresario textil Jaime Meller. Según consta en la causa que instruía la Magistrada argentina, Guglielminetti “manifestó que el maletín fue exhibido a las autoridades aduaneras españolas, quienes vieron el dinero pero no lo contaron”, asegurando que ese millón de dólares “fue un favor que le hizo a una persona de su amistad, de quien no quiere dar nombre, aunque manifestó que era brasileño y tenía empresas en su país y en España”. Guglielminetti también fue indagado en Buenos Aires sobre sus viajes a Andorra, donde tenía a su nombre “depósitos de entre 200 a 300 mil dólares para que la filial de La Caixa de ese Principado lo girara a la central de Madrid por una necesidad de mover dinero de España”. En otro tramo de su declaración ante Servini, -cuyos más pormenorizados detalles llegarían, tiempo después, al conocimiento del Juez Garzón en España, el ex agente de Inteligencia afirmó haberse trasladado “al Puerto de Alcudia, cerca de Palma de Mallorca”. Es precisamente en este último detalle de la declaración de Guglielminetti en el que, en 1997, se reparó cuidadosamente en la Audiencia Nacional de Madrid.
Guglielminetti, torturador y valijero de la dictadura
Para entonces, Garzón, quien estaba a cargo del Juzgado Central número 5, ya tenía datos fehacientes que Andorra y Mallorca, eran dos de las presuntas rutas utilizadas por los militares argentinos “para hacer circular importantes sumas de dinero expoliadas a las víctimas de la represión ilegal durante la dictadura”, según consta en las actuaciones. La vía de Mallorca en la ruta del lavado de dinero aparece en otros documentos de la Audiencia Nacional. Según obra en el Sumario 19/97 del Juzgado de la Audiencia Nacional, “en agosto de 1983 la Federación de Vigilantes Jurados denunció la existencia de un presunto tráfico de divisas que se venía produciendo en la aduana de Palma de Mallorca”. Según esa denuncia, una conocida empresa de seguridad española “ingresaba al mediodía en la Aduana de Palma las sacas con moneda extranjera procedentes de la península y las llevaba a su sede. Una hora después del cierre de la Aduana”, esa misma compañía “embarcaba dichas sacas en un vuelo que partía del aeropuerto de Palma de Mallorca rumbo a Suiza”. La red funcionaba de la siguiente forma: “(…) uno de los mecanismos presuntamente utilizados consistía en que una persona, portadora de una cantidad determinada de dinero en metálico, abordaba en Buenos Aires el vuelo 995 de Iberia con destino a Madrid, y escala en Las Palmas de Gran Canaria. En esta última ciudad, el pasajero entregaba el dinero a representantes de una empresa de transportes de caudales y seguridad y más tarde proseguía su ruta con destino a Madrid”. A continuación, el dinero era transportado por una empresa de seguridad española “vía aérea hacia Barcelona o bien hacia Palma de Mallorca. Si los fondos eran remitidos al archipiélago balear, se seguía el procedimiento descripto precedentemente por el que, presuntamente, se sacaba el dinero rumbo a Suiza de forma ilegal. Si en cambio las sacas llegaban desde Canarias a Barcelona, desde esta ciudad eran transportadas por tierra hasta Andorra, desde donde, por transferencia electrónica, el dinero era ingresado en Suiza, siempre en cuentas bancarias predeterminadas”.(2)
Blanqueo de fondos incautados a las víctimas
La elección del territorio español para realizar estas operaciones no fue casual. A lo largo del periodo en el que detentó el poder, el régimen argentino montó una red de empresas a este lado del océano. Según pudo constatar el Juez Garzón, “Una serie de sociedades mercantiles españolas habrían participado presuntamente en el traslado, manipulación, ocultación y posterior blanqueo de parte de fondos que previamente habían sido incautados por los militares argentinos a algunas de sus víctimas, a quienes mantenían ilegalmente detenidas”. Los nombres de algunas de esas compañías también figuran en los legajos archivados en la Audiencia Nacional de Madrid. Una de ellas era AFHA S.A., “con domicilio original en Gran Vía 22, 3º derecha, Madrid”, aunque posteriormente se trasladó “a la Avenida del Cardenal Herrera Oria” de esa ciudad. “Esta empresa se constituyó con varias subsidiarias, según su actividad comercial específica: AFHA Agraria, AFHA Inmobiliaria, AFHA Construcciones y AFHA Publicidad (…) Su presidente, al ser constituida, fue D. Amadeo Francisco Juncadella, secundado por su hermano, el Comodoro de la Fuerza Aérea Argentina en la reserva Enrique Juncadella y el Vicealmirante de la Armada argentina en la reserva Oscar Antonio Montes”, un conocido torturador ya fallecido que en octubre de 2011 fue condenado a prisión perpetua. En España, los responsables de AFHA fueron Alberto L. Yaryora y el capitán de fragata de la Armada Argentina en la reserva, Enrique Aldao”. La empresa AFHA estuvo a cargo de una operación de gran importancia como fue el reciclaje de cinco mil seiscientos cincuenta millones de dólares procedentes del vaciamiento económico de la sociedad estatal argentina Yacimientos Petrolíferos Fiscales, que desaparecieron de dicha empresa durante la gestión como interventor de la misma del general Suárez Mason, miembro de la P-2 antes citado.
La Policía Judicial a las órdenes del Juez Garzón obtuvo, además, evidencias de que AFHA S.A. “(…) habría intervenido en negociaciones para la compra de armamento a la empresa española Explosivos Río Tinto, entre las que figuró una operación de compra de torpedos para la Armada argentina, iniciada por el almirante (Armando) Lambruschini y continuada por AFHA”. En un amplio informe que la Policía Nacional española entregó al Juez Garzón se detalla sobre “la creación de numerosas empresas para ocultar importantes sumas de dinero provenientes de la apropiación ilegal de bienes o dinero”. En un documento fechado el 14 de febrero de 1997, los agentes a cargo de la investigación aportaron datos mercantiles de AFHA y de otras ocho empresas que fueron relacionadas con militares y civiles cómplices que se habían instalado en España. También aparecen los datos del empresario argentino José Lata Liste, fallecido en 2011 y que fuera propietario de la conocida discoteca Mau-Mau –que llegó a tener locales en Buenos Aires Madrid y Marbella-, y de otros argentinos –entre los que figura Héctor Sayago, un periodista que trabajó en Radio Televisión española (RTVE), ambos sindicados por la Policía española como colaboradores habituales de los militares argentinos. En ese marco, la Justicia española obtuvo datos sobre numerosas cuentas bancarias en Suiza a nombre de los represores de la ESMA, Jorge Tigre Acosta y el fallecido Adolfo Mario Arduino, quien llegó a detentar dos cuentas: una en la sucursal Lugano de la UBS y la restante en el banco Cantrade de Zurich. Dos integrantes del Ejército, Carlos Alberto Vega, y el coronel Roberto Roualdes, lugarteniente del ex general Carlos Suárez Mason en el Primer Cuerpo de Ejército también detentaban cuentas bancarias en Suiza. Asimismo, al general Antonio Domingo Bussi se le detectaron 4 cuentas secretas en territorio helvético, tres de las cuales eran utilizadas por Bussi con las denominaciones Luna Llena -cuyo manejo estaba a cargo exclusivo de Susana Bigoglio, esposa de Bussi y Luís Olio y Destreza, ambas compartidas por el matrimonio. La última de las cuentas del ex general muerto solo registraba el número 250817-5, y es la única en la que se reservó exclusivamente la titularidad sin conceder poder a nadie.
Como si esto fuera poco, se sumaron las declaraciones de Leandro Sánchez Reisse, otro agente de Inteligencia de Buenos Aires que participó activamente en la trama de lavado de dinero y que fue detenido en 1995 en Sanlúcar de Barrameda, donde residía desde hacía años. Entre 1976 y 1983, Sánchez Reisse “blanqueó para los militares argentinos unos 3700 millones de dólares, producto de secuestros extorsivos, bienes incautados ilegalmente a las víctimas de la represión, etc.”, puede leerse en uno de los documentos que hoy duermen en la Audiencia Nacional. Dichos fondos habrían sido colocados en entidades bancarias de Estados Unidos, Italia y Suiza, “presumiblemente en oficinas ubicadas en los cantones de Ginebra, Laussane y Zurich”. Incluso, el Ministerio de Relaciones Exteriores durante la dictadura tenía una cuenta bancaria activa en el país helvético. (3)
Embajada Argentina en Madrid: transferencia de fondos a la cuenta bancaria de la Cancillería en Zúrich
El Comandante Negro
Como consecuencia de sus indagaciones, el Juez Garzón, decidió adoptar una serie de medidas. Entre ellas la de citar como testigo a Herberto Juan Gut Beltramo, quien en 1995 había comprado la mitad del negocio de seguridad de los hermanos Juncadella, y desde entonces era vicepresidente del Directorio de la transportadora de caudales Prosegur. De la noche a la mañana, Gut Beltramo había ofertado 400 millones de pesetas de la época, pagaderos al contado, y consiguió hacerse con el 20 por ciento de las acciones en poder de March y el 20 por ciento del Banco de Madrid y así obtuvo el control absoluto de la sociedad.
El personaje en cuestión había llegado a Juncadella después de haber sido empleado del laboratorio Ciba-Geigy y de trabajar tres años en Pittsburgh & Cardiff Coal, una proveedora de armamentos de la Armada y el Ejército en la que también se desempeñaba el ingeniero Mauricio Schoklender. A mediados de 1975, Gut Beltramo le propuso a Amadeo Juncadella abrir una sucursal de la empresa en España. No había en ese país una empresa que se dedicara al transporte de caudales ni a dar seguridad a las instituciones, bienes y personas o al transporte de caudales. Y así fue como Gut aterrizó en Barcelona en noviembre de 1975, cuando tenía 28 años. Su patrón, Amadeo Juncadella, le había dado algunos contactos, sobre todo un primo catalán poderoso: el industrial José María Juncadella Sallisachs.
El 14 de mayo de 1976, tres semanas después del golpe militar encabezado por el entonces general Jorge Rafael Videla, nació Prosegur. El presidente era el propio Gut Beltramo e integraban el directorio conspicuos representantes del franquismo y la banca como Rogelio Guillaumez (testaferro de la Banca March) y Leopoldo Rodes Castañes (en representación de la Agencia de Publicidad norteamericana BBDO). En cuanto a las acciones, estaban repartidas entre la sociedad Gutbel (en obvia referencia a Gut Beltramo), el mencionado Juncadella Sallisach, la Banca March, el Banco de Madrid y el mismo Gut, que se había reservado para sí el 16 por ciento.
El Juez Garzón había logrado establecer que en 1978, apenas terminado el Mundial de Futbol en Argentina, la sociedad AFHA en realidad funcionaba en España como subsidiaria del Grupo Juncadella, de actividades tan vastas e imprecisas que se inscribió como «sociedad agraria, inmobiliaria, constructora y agencia de publicidad». Una de las hipótesis que por entonces se barajaban en el Juzgado 5 de la Audiencia Nacional era que Gut Beltramo presumiblemente se encargaba mover dinero procedente del tráfico de armas y que en algunos de estos negocios utilizaba un alías de raigambre masserista: “Comandante Negro”.
Una semana antes de comparecer en la Audiencia Nacional, exactamente el sábado 31 de mayo de 1997, Gut Beltramo murió en un accidente automovilístico en la Carretera Nacional 1 que une a Madrid con Burgos a la altura del kilómetro 70, cerca del pueblo de Loyozuela. Fue el único muerto de los cuatro pasajeros que llevaba el vehículo, los cuales solo sufrieron lesiones leves. (4)
Herberto Gut Beltramo. El Comandante Negro
París, 1982
La transacción para la provisión de 52 misiles Exocet A-39 vía Perú, a un costo de 1.538.461,54 dólares cada uno y que totalizaban 80 millones de dólares, recibió el nombre de Operación Pampa, y al frente de la misma estuvo el ya mencionado capitán de navío Osvaldo Carlos Alberto Corti, representante de Gelli en la Argentina y casado con una sobrina del Gran Maestre de la P-2, que encabezaba la denominada Subcomisión de Compras de la Armada Argentina. Junto al capitán Julio Ítalo Lavezzo, se instalaron en el 58 de la Avenida Marceau de París, en el mismo edificio en el que estaban las oficinas de la Oficina Francesa de Exportación de Material Aeronáutico (OFEMA). A partir de ese momento, no solo el MI6 británico, sino también distintas agencias de inteligencia francesas comenzaron a grabar cada vez que Corti hablaba por teléfono en su oficina y en su casa. El por entonces presidente francés François Mitterrand se comprometió con el embargo, asegurándole a Gran Bretaña que no habría mas aviones ni Exocets para la Argentina. Y no habría posibilidad de fuga de misiles desde Aérospatiale, para lo cual tenía la palabra de su hermano, el general Jacques Mitterrand, aviador retirado y titular de la empresa estatal. Francia incluso entrego a los ingleses los contratos de compra firmados con la Argentina, cedió aviones Super Etendart para que conocieran sus prestaciones y también pudieran realizar pruebas de detección y contramedidas con el radar Agave. El servicio de inteligencia francés también monitoreó la búsqueda de misiles de la Subcomisión Naval en el mercado negro y todas las transcripciones de las conversaciones del capitán Corti fueron puntualmente enviadas al SIS.
Sabiendo que estaba siendo controlado, el marino Corti en sus comunicaciones transmitía un falso optimismo respecto a supuestas negociaciones para adquirir los misiles de otros países aun cuando hubieran firmado el Certificado de Usuario Final que impedía la venta posterior a un tercero. En realidad lo que estaba haciendo era otra cosa: estaba en tratativas con traficantes de armas. El primero en ser contactado por Corti y Lavezzo fue el franco-libanés Anthony Tannoury, alias “El Magnífico Tony”, que llegaba a las reuniones en un Rolls-Royce. Tannoury prometió interceder ante el líder libio Kadhafi, de quien decía ser su primo, para obtener los misiles y Corti se lo creyó. Enterado de las gestiones, el general Jacques Mitterrand envió un emisario a hablar con el Embajador argentino de la dictadura en París, Gerardo Schamis. La “recomendación” que recibió Schamis del general Rolan Lavanda, Director de OFEMA, fue taxativa: “No se vinculen más con traficantes, empresas, intermediarios ni agentes secretos de ningún país. Sería una pérdida de tiempo y de dinero. Francia tiene controlado el parque logístico y no permitirá ninguna transacción. Nadie les venderá nada y les van a robar el dinero (…)”. Pocas horas después del encuentro entre el Embajador argentino y el general francés, el teléfono del traficante Tannoury quedó mudo y su paradero pasó a ser desconocido.
Corti tenía muchas complicaciones con el manejo técnico de las operaciones financieras y, ademas, por el boicot a la Argentina, Gran Bretaña intentaba inmovilizarle el dinero. Todos los días aparecían supuestos vendedores de misiles en busca de un contrato, con promesas mas o menos serias o extravagantes, con cartas de recomendación de agregados navales, militares o embajadores. De hecho, en una ocasión, Schamis conectó a Corti y Lavezzo con un grupo de franceses que prometieron entregar diez misiles por un valor de nueve millones de dólares. Pero, luego de una reserva inicial, el material no se entregó, el dinero fue bloqueado. Otra de las tratativas de Corti fue con un traficante norteamericano, Marcus S. Stone, que le ofreció cuatro misiles a un costo de 6.300.000 dólares. La operación triplicaba el precio del contrato con Aérospatiale —el costo era 450 mil dólares por unidad—, pero la Armada le había dado carta blanca. Stone, que operaba desde Los Ángeles, le dio a Corti las instrucciones para el pago. El depósito debía hacerse en la cuenta bancaria de su socio en Holanda. Corti hizo los chequeos previos y realizó el pago, pero los misiles nunca se entregaron. Contínuamente, Corti estaba a merced de operaciones de contrainteligencia: le plantaban supuestos intermediarios de armas pero que, que en realidad, eran agentes de inteligencia. En tal tarea descolló el Servicio Secreto de Inteligencia (SIS) británico -también conocido como MI6– que tenía informantes que los ponían al corriente de las negociaciones en curso, y la Secretaría de Defensa les había autorizado a mejorar cualquier oferta argentina en el mercado negro para bloquear la compra.
John Dutcher fue uno de los traficantes puestos por el SIS. Era un ex infante de marina norteamericano con experiencia en contratos con Libia. Contactó a Corti en París, le presentó las cartas de su supuesta empresa en Milán, mostró sus antecedentes en la materia y le ofreció ayudarlo a buscar misiles en el mercado negro. Corti aceptó. Dutcher empezó a reunirlo con supuestos vendedores de distintos países, todos ellos informantes del SIS. El paso siguiente fue la presentación de una oferta con origen en Bagdad, de un jeque y un general iraquíes que resultarian ser inexistentes, que le ofrecían veinte misiles AM-39 a un millón de dólares cada uno. Mantuvieron varios días a Corti a la expectativa, detrás de esa operación, pero luego Dutcher súbitamente desapareció del escenario donde se había montado el teatro.
Fue entonces que la búsqueda continuó por intermedio de Perú, que había comprado doce Exocet y, cuando comenzó la guerra, reclamó la entrega inmediata. A fin de acelerar el trámite, Perú ofreció el traslado de un barco para retirarlos del puerto. Demandó al menos ocho misiles. Como comprobaría el juez Palermo, la documentación de pago dejaba ver a la logia P2 a través de una carta de crédito emitida por el Banco Central de Lima respaldado por el Banco Andino, propiedad del Banco Ambrosiano, que a su vez estaba asociado a al Instituto para las Obras Religiosas (IOR) o banca vaticana. La contrainteligencia británica solicitó a sus pares italianos que le informaran si Gelli estaba ayudando a Perú en la compra de misiles que, no dudaban, serían trasladados a la Argentina. Perú continuaba presionando a Francia por la entrega de los ocho proyectiles AM-39 que debían embarcarse el 10 de mayo de 1982 en el puerto de Le Havre, en la región de Normandía. Perú no tenía ningún tipo de embargo y consideraba que era un reclamo de Estado a Estado y que se estaba incumpliendo el contrato, pero Francia argumentó que una supuesta huelga en el puerto imposibilitaba la carga del material para el traslado. El general Jacques Mitterrand, que había viajado a Londres esa misma semana, le aseguró a Thatcher que no los entregaría. A todo esto, desde Madrid, y previo estacionamiento en la sucursal del Banco de la Nación Argentina en París, aterrizaban en la sucursal Chiasso de Union Credit Suisse, 40 millones de dólares en atención a la “#Referencia Tacoma/Wallace.Operación ARA01920 persona autorizada para comprometerse hasta el monto total de la presente transferencia Sr. Carlos Corti#”. Sería entonces cuando un Juez de Trento, llamado Carlo Palermo, entraría en acción y terminaría por abortar la operación. (5)
¿Que sucedió con los 40 millones de dólares que se depositaron en Suiza?. Hasta la actualidad es un misterio tan insondable como lograr descifrar el sexo de los ángeles.
Transcurrió en Argentina, un país que siguió la peripecia misma de la vida, tan lejano a cómo nos hubiera gustado que fuera y tan diferente a como tantas veces lo hemos imaginado. Pero nada de lo relatado fue producto de un sueño.
Todos los hechos fueron reales y ocurrieron en 1982. Y todos sus protagonistas, impunes.
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NOTAS Y REFERENCIAS
(1) Tangentina: Corrupción y Poder Político en Italia y Argentina. Mario Bermúdez. Ediciones B. Buenos Aires, 1995. Página 12. A las Malvinas en subte, por Horacio Verbitsky. Buenos Aires, 25-3-2012. https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-190366-2012-03-25.html
(2) La trama económico-financiera de la dictadura militar en Europa: Corrupción y poder político. Mario Bermúdez. Contra la impunidad : simposio contra la impunidad y en defensa de los derechos humanos. Editorial Icaria. Barcelona 1998.
(3) Diario Público. La dictadura argentina blanqueó dinero en España, por Danilo Albín. Bilbao, 7-5-2016 https://www.publico.es/politica/dictadura-argentina-blanqueo-dinero-espana.html
(4) Clarín. Murió un testigo que iba a declarar ante el juez Garzón. Buenos Aires, 9-6-1997 https://www.clarin.com/politica/murio-testigo-iba-declarar-juez-garzon_0_Sk7l1tbZ0Yl.html srsltid=AfmBOoqWOXQOiel05AVyE0oBTqd5wejXRuCjvGA3xYUiijEUC2Kk9EGk Tribuna de Periodistas. Prosegur: escándalo y lavado de dinero, por Christian Sanz. Buenos Aires, 24-1-2005 https://periodicotribuna.com.ar/1221-prosegur-escandalo-y-lavado-de-dinero.html Don Alfredo. Miguel Bonasso. Editorial Planeta. Buenos Aires, 1999 https://desocultar.wordpress.com/wp-content/uploads/2010/04/bonasso-don-alfredo.pdf
(5) Zona Militar. La ruta secreta de las armas. Madrid, 19-4-2011 https://www.zona-militar.com/foros/threads/la-ruta-secreta-de-las-armas.24738 Agencia Sputnik. El espionaje británico que impidió que Argentina ganara la Guerra de las Malvinas. Moscú/Río de Janeiro, 2-4-2019 https://noticiaslatam.lat/20190402/espionaje-britanico-impidio-argentina-ganara-guerra-malvinas-1086466521.html Infobae. Misiles sobre el Sheffield: la misión aérea argentina que estremeció a la flota británica y pudo cambiar el curso de la guerra, por Marcelo Larraquy. Buenos Aires, 4-5-2021 https://www.infobae.com/sociedad/2021/05/04/misiles-sobre-el-sheffield-la-mision-aerea-argentina-que-estremecio-a-la-flota-britanica-y-pudo-cambiar-el-curso-de-la-guerra/ La Nación. Malvinas. En plena guerra, militares argentinos exigieron sobornos para comprar aviones de combate y municiones por Hugo Alconada Mon. Buenos Aires, 22-3-2022 https://www.lanacion.com.ar/politica/malvinas-en-plena-guerra-militares-argentinos-exigieron-sobornos-para-comprar-aviones-de-combate-y-nid21032022/ La Guerra Invisible. Marcelo Larraquy. Editorial Sudamericana. Buenos Aires, 2020
