En marzo de 2018, la empresa de aeronavegación, Amaszonas Uruguay se presentó al llamado de los gobiernos de Argentina y el Reino Unido para operar vuelos entre Montevideo y las Islas Malvinas, con escala en un aeropuerto argentino con la intención de instalar el trayecto en el segundo semestre de aquel año. Amaszonas había comenzado a operar 2 de septiembre de 2015 en Paraguay, donde tenía su sede central, e inicialmente funcionaba como una joint venture del Grupo Amaszonas (Bolivia) y Air Nostrum (España) y, para conectar la capital paraguaya con varias ciudades de la región, disponía de un Bombardier CRJ-1001, matricula ZP-CRJ y tres Bombardier CRJ-200, con  matrículas ZP-CRN, ZP-CRR y ZP-CRS y 50 asientos cada uno. Tiempo después, cuando Amaszonas comenzó con sus vuelos charter desde Montevideo a la Base Militar de Monte Agradable, sucedería un grave incidente. El lunes 17 de agosto de 2020, un avión de Amaszonas Uruguay tenía previsto despegar a primera hora de la mañana desde el Aeropuerto Internacional de Montevideo rumbo a las Islas Malvinas, con tres pasajeros a bordo, que habían llegado tiempo antes a la capital uruguaya para ser asistidos en el Hospital Británico uruguayo, en un vuelo de evacuación sanitaria de la RAF. Se trataba de un adulto mayor 80 años y una pareja residente en la Isla de de Santa Elena. Dado que el Plan de Vuelo de la aeronave de Amaszonas Uruguay tenía previsto sobrevolar el espacio aéreo argentino en los tramos Carrasco-Monte Agradable-Carrasco, la Administración Nacional de Aviación (ANAC) se disponía a emitir la correspondiente autorización basada en razones humanitarias. Pero no fue esto lo que finalmente sucedió.

El poder británico aprovecha su posicionamiento en el Atlántico Sur de diversas formas y ha profundizado sus capacidades de ataque y defensa, que conllevan manifiestas violaciones a la zona de paz establecidas claramente en los Tratados y Acuerdos que rigen para la zona en disputa. Resulta muy preocupante que, tanto organismos bilaterales de la Comunidad Internacional y, particularmente, muchos de los gobiernos de los países que conforman el área de aguas jurisdiccionales comunes sobre este territorio insular argentino, dilaten expedirse sobre semejante cuestión. De manera permanente y continua, desde Malvinas, están en funcionamiento redes de espionaje tecnológico para la guerra electrónica y los sistemas de armas cuyos proyectiles se encuentran en dirección al continente y el Atlántico Sur argentinos, un detalle que aumenta el nivel y la complejidad de la base instalada. Se trata unidades de despliegue rápido táctico que dependen de estructuras de Comando de la Alianza del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), que de hecho ha ampliado su jurisdicción al el Atlántico Sur, desde la Isla Ascensión hasta la Antártida. No es casual que se le permita al Reino Unido contar con un inmenso apoyo logístico directo y estratégico desde en enclave de la Real Fuerza Aérea (RAF) ubicado en Brize Norton, a unos 50 kilómetros de Londres.

En medio de una escalada bélica inusitada por parte de la ultraderecha que dirige la OTAN, nuestro presidente, en una muestra de servilismo imperial de la más baja estopa, proclama su adhesión a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) como miembro extra, sin conocer las implicancias y consecuencias que esto podría conllevar. Esto hace que los derechos argentinos sobre las Malvinas se encierren en una oscura bóveda de Inglaterra, que, precisamente, es parte de esa asociación. Pero la cosa no termina ahí, ya que a la par, la "entrega" continúa con la cesión graciada del control del Río Paraná al Ejército de los EE. UU. ¡Qué tal!

La política del gobierno de Milei-Villarruel sobre la Cuestión Malvinas es la que más conviene al Reino Unido: silencio cómplice sobre la cuestión de la soberanía, omisión de actuar y de tomar posición frente a las provocaciones y acciones unilaterales coloniales en el Atlántico Sur, afrentas y descalificaciones hacia los países que nos apoyan en los ámbitos multilaterales y gestualidad complaciente hacia la potencia usurpadora. Un déjà vu de la política del gobierno macrista, pero peor.