En la práctica, el Ministerio de Seguridad —designado como autoridad de aplicación— concentrará el manejo de este Registro, que a partir de ahora contará con «mayores atribuciones, estándares técnicos y coordinación federal con las provincias». El decreto reemplaza la reglamentación anterior, de 2017.

Un doble estándar

La Argentina cuenta con dos sistemas de registros genéticos:

• El Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal (Ley 26.879), que ahora Milei reglamentó nuevamente y que se utiliza en causas penales en general.

• El Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) (Ley 26.548), creado por impulso de Abuelas de Plaza de Mayo para identificar a hijos e hijas de desaparecidos y restituir su identidad.

Sobre el primero, el gobierno no dudó en avanzar con recursos, reglamentación y control político desde Seguridad. Sobre el segundo, las decisiones fueron opuestas: degradó su autonomía al hacerlo depender de la Secretaría de Ciencia, recortó su presupuesto y mantuvo acefalías en la dirección, lo que —según denuncian organismos de derechos humanos— pone en riesgo la integridad y confidencialidad de las muestras genéticas que sostienen la búsqueda de identidad.

Como si fuera poco, en 2024 el Ejecutivo había derogado por decreto la Unidad Especial de Investigación de la CONADI, el área que investigaba casos de niños apropiados por el terrorismo de Estado.

La ambivalencia del gobierno nacional no es casual y responde a la orientación ideológica de una gestión que cuenta con funcionarios y legisladores abiertamente reivindicadores de la dictadura, negacionistas de los crímenes de lesa humanidad y hostiles a las políticas de memoria, verdad y justicia, encuentra coherente debilitar los organismos vinculados a la restitución de identidad.

Prioridades de un gobierno que reivindica el autoritarismo de ayer y, al mismo tiempo, promete orden con mano dura en el presente.