En la semana, dos informaciones, relacionadas al gobierno, tienen un hilo que las une. La primera fue la solicitud del titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11, Gerardo Pollicita, que Adorni responda 20 preguntas, en relación a “inconsistencias” sobre su situación patrimonial, en la causa que se tramita en dicha fiscalía por enriquecimiento ilícito. La investigación, según se expresa en el pedido, develó que “los incrementos, adquisiciones y desembolsos reconstruidos que, confrontados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no encuentran hasta el momento explicación suficiente” . La segunda, fueron las denuncias ante la justicia, impulsada por la diputada Victoria Tolosa Paz, a la que se sumó la investigación de la legisladora Marcela Pagano, (sobre los fondos destinados al sistema vial nacional), haciendo una trazabilidad de cómo el desvío de los fondos se realizaró en forma “coincidente” con votaciones de leyes que el gobierno consideraba importantes; la demanda apunta al Ministro de Economía, Luis Caputo, a funcionarios de Vialidad Nacional y del Banco Nación. El desvió de los fondos fue reconocido por el vocero presidencial, Adrián Ravier, quien reconoció que los fondos eran destinados a sostener el “equilibrio fiscal”. Se suma a esto los informes de entidades como el Instituto de Seguridad y Educación Vial y relevamientos del gremio de vialidad, que mostraron que se han incrementado, en hasta un 22% las muertes en rutas nacionales y que más del 70% de la red de caminos se encuentra en estado de abandono. 

El gobierno nacional oficializó este jueves el Decreto 605/25, con el que aprobó la nueva reglamentación de la Ley 26.879, que regula el Registro Nacional de Datos Genéticos Vinculados con la Investigación Criminal. Según la letra del decreto, la medida busca “fortalecer el esclarecimiento de hechos delictivos” a través de la individualización de presuntos autores, la desvinculación de inocentes y la trazabilidad de perfiles genéticos de evidencias, bajo estrictas normas de confidencialidad.

Una auditoría encargada por el Gobierno nacional reveló un presunto descontrol financiero de magnitud en la Obra Social de los Trabajadores Rurales y Estibadores (Osprera), perteneciente a la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE). Según el informe, la entidad acumula una deuda cercana a los 100.000 millones de pesos y un déficit mensual de 4.200 millones, lo que pone en riesgo la atención médica de sus 760.000 afiliados. Desde el gremio calificaron como "falsas" y con "motivaciones políticas" a las acusaciones. Además, anunció que presentará una denuncia penal contra la intervención. 

La ciudad de Concordia recibió este jueves una importante ayuda por parte del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Seguridad de la Nación para asistir a las familias afectadas por las recientes crecidas del río Uruguay. Esta asistencia incluye medicamentos, alimentos y artículos de limpieza, y representa un apoyo fundamental en medio de la emergencia que enfrenta la ciudad. El Secretario de Salud, Diego Sauré, destacó El secretario de Salud del municipio destacó que a partir de la fecha se generó un vínculo con instituciones sanitarias importantes a nivel Nación que se extenderá más allá de la coyuntura de la emergencia provocada por la creciente del Río Uruguay.

El presidente de Enersa, Ignacio Bergallo, adelantó que la empresa acordó con Sidecreer y el Banco Bersa un sistema por el cual los usuarios podrán pagar los consumos de su última factura de luz en tres pagos. Allí mismo, señaló que los incrementos que han llegado se deben a la eliminación de los subsidios que dispuso el Gobierno Nacional.

Plantea que el objetivo es el "reordenamiento del organismo". El lunes se publicará la medida en el Boletín Oficial. El exvicepresidente del ente Gustavo López cuestionó la decisión al considerar que "no era necesaria" y porque "evita la participación del Parlamento en el directorio".