Emergencia ambiental exprés y contrato millonario: Petit pidió la intervención de la Fiscalía

“Se aprobó una ordenanza de improviso, sin análisis, y el mismo día se publicó un decreto oficial. Es muy raro en una gestión que no se caracteriza por publicar todo lo que firma”, afirmó Petit, al cuestionar la velocidad con la que se avanzó en la medida. En ese sentido, consideró que “administrativamente es imposible realizar este tipo de procesos en esos tiempos”.

La exfuncionaria remarcó además que se trata de “una contratación millonaria que no ha seguido los procedimientos que establecen las normas vigentes en la Municipalidad de Concordia”, y dudó incluso de la existencia de un expediente administrativo sólido. “No hay certeza de que exista documentación que demuestre la necesidad y la urgencia de la emergencia con datos concretos y precisos”.

En ese contexto, también apuntó contra la llegada anticipada de la firma VITSA para hacerse cargo del servicio de recolección. “Si una empresa comienza a trabajar la noche anterior a la aprobación de la ordenanza, indudablemente hay algo que no está claro”, advirtió. Y agregó: “Llama la atención que los camiones ya estuvieran en la ciudad antes de que todo esto se formalice”.

Respecto del monto del contrato, que la ordenanza fija en hasta 400 millones de pesos mensuales en una primera etapa, Petit insistió en la necesidad de esclarecer el proceso. “Por la magnitud de la cifra, es imprescindible que se investigue”, insistió..

Consultada sobre posibles acciones judiciales, explicó que “cualquier ciudadano puede realizar una denuncia penal para que se investiguen estos hechos”, y recordó que “muchas causas contra dirigentes políticos comenzaron con presentaciones simples”.

Asimismo, cuestionó la falta de intervención del Ministerio Público Fiscal. “En otros casos hay investigaciones de oficio, pero acá parece haber un privilegio: no se investiga nada, aun cuando existen hechos que, como mínimo, resultan llamativos”, expresó.

Petit también puso el foco en los concejales que aprobaron la ordenanza y vinculó la decisión con una mirada más amplia sobre el rol del Estado. “Hay una concepción de que todo debe privatizarse, de que el Estado no sirve y de que los empleados municipales no trabajan. Sin embargo, este es un servicio que lleva años y que, con dificultades, no funciona mal dentro de la administración pública”, sostuvo.

En ese marco, advirtió sobre las posibles consecuencias a futuro. “Son decisiones que pueden tener un resultado inmediato, pero que más adelante deberán enfrentar, porque ya empiezan a aparecer fallos judiciales negativos en situaciones similares”, indicó.

Por último, alertó sobre el impacto social de la medida. “Reducir el gasto público a cualquier costo genera problemas sociales, económicos y de todo tipo en la población, que es la verdadera destinataria de las políticas públicas”, afirmó.

“Gestionar pensando en la ciudad y en mejorar la vida de la gente no es populismo, como algunos sostienen, sino una obligación básica del Estado”, concluyó. “Hay una convicción de impunidad en muchas decisiones, con actitudes autoritarias y antidemocráticas, propias de una dirigencia que cree que estar en el poder le habilita a hacer cualquier cosa”.