El mismo esquema se dio el 18 de septiembre pasado, cuando el Senado rechazó el veto de Milei a la coparticipación de los fondos de ATN, una iniciativa que tenía a Rogelio Frigerio como uno de los impulsores. Cora y Olalla votaron en favor de ratificar la ley y De Angeli se abstuvo.
En el contexto del conflicto con el Hospital Garrahan, el proyecto que declara la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por dos años propone, por un lado, la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.
Además, ordena la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.
Según la Oficina Nacional de Presupuesto, equiparar los sueldos del personal y los residentes a noviembre de 2023 equivaldría a un gasto adicional anualizado de $ 133 mil millones.
En tanto, la ley de Financiamiento Universitario propone actualizar las partidas presupuestarias para el funcionamiento universitario, hospitales universitarios, ciencia y tecnología, y extensión universitaria al 1° de enero de 2025, según la inflación acumulada de 2023 y 2024. Además, para este año, propone implementar actualizaciones bimestrales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC.
La iniciativa también establece una recomposición salarial para docentes y no docentes desde diciembre de 2023 hasta la sanción de esta ley por inflación acumulada. Luego, se debería actualizar de manera mensual por IPC. Según la OPC, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI.
El 10 de septiembre pasado, el Ejecutivo dictó el decreto 647/2025 mediante el cual había vetado la ley de emergencia pediátrica. En los considerandos de esa norma, señaló que “el impulso de una medida como la actual que incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”.
El mismo día dictó el decreto 651/2025, que vetó la ley de financiamiento universitario. Allí, señaló que el Congreso “pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público, poniendo en riesgo el equilibrio fiscal alcanzado con gran sacrificio por el conjunto de la sociedad y que constituye la piedra angular para consolidar una recuperación económica sostenible y transformarla en crecimiento genuino”.
Fuente: Página Política y Chequeado.com
