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Tasas municipales: en Concordia pagan más los que menos tienen

La Municipalidad de Concordia dispuso para 2026 un incremento del 30% en los valores mínimos de las tasas más relevantes de su esquema tributario: la Tasa General Inmobiliaria, la Tasa Comercial y la Tasa Sanitaria (agua y cloaca). La medida, establecida en la Ordenanza Tributaria Anual votada en diciembre pasado, ya se ve reflejada en las liquidaciones que hacen los contadores de la Tasa Comercial y en las boletas de la Tasa General Inmobiliaria, disponibles a partir de este miércoles, correspondientes al primer anticipo del año.

Federico Odorisio

10 febrero, 2026

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6:56 pm

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Basta imaginar una escena simple: Dos hermanos que viven en esta misma ciudad. Uno de ellos habita una vivienda social construida por el Instituto Autárquico de Planeamiento y Vivienda (IAPV), paga el mínimo de la Tasa Inmobiliaria. A ese hermano, en 2026, el municipio le aumentó un 30% el tributo. El otro hermano vive en una casa más grande, mejor ubicada, con mayor valor inmobiliario y mayores posibilidades económicas. En su caso, no sólo no tuvo aumento, sino que además se le ofrece la posibilidad de pagar todo el año por adelantado, congelando el monto y accediendo a beneficios. Por lo que el resultado es quien menos tiene termina pagando proporcionalmente más, mientras que quien más capacidad de pago posee afronta una carga menor en relación a sus ingresos.

En el caso de la Tasa Inmobiliaria, el municipio justificó el incremento exclusivamente sobre los valores mínimos en la falta de publicación de los nuevos avalúos provinciales. Un argumento similar se esgrime para la Tasa Sanitaria, donde —pese a que muchos vecinos fueron presionados a instalar medidores a costa de pagar adicionales entre un 50 y 200 por ciento en las boletas o la imposibilidad lograr el final de obra en una nueva construcción si no tenía colocado el medidor— el EDOS sigue fijando el valor de la Tasa conforme a la valuación municipal del inmueble y no por consumo efectivo.

La explicación de que el exclusivo aumento de los mínimos en la Tasa Inmobiliaria es una «injusticia transitoria», a la espera de los nuevos avalúos provinciales, pierde fuerza en la Tasa Comercial, donde no existe tal dependencia y el aumento del mínimo responde a una decisión estrictamente local.

En la Tasa Comercial, el aumento del mínimo —que pasó de 18.000 a 23.000 pesos— no está atado a ningún decreto ni actualización externa de la provincia. La base imponible depende de la facturación, pero al elevarse el piso mínimo, proporcionalmente el impacto recae con mayor fuerza sobre pequeños comercios y contribuyentes de baja actividad, mientras que los grandes actores económicos apenas perciben el ajuste. Además, todo parece indicar que el factor inflación incidirá más que el aumento del consumo en la facturación, por lo que la recaudación por Tasa Comercial seguirá en baja.

En definitiva, para los próximos períodos, el municipio va a sostener su recaudación a costa de los sectores más pequeños, aquellos que no tienen margen para anticipar pagos, acceder a descuentos ni licuar el impacto del ajuste en ingresos más elevados.

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Comentarios

3 comentarios

  • Realmente los funcionarios de Azcué son de 4ta. y viven cometiendo desprolijidades. La gente estaba tan cansada de los kresto que les permiten cualquier cosa
    Para pensar: 30% de aumento de un saque a pagar en febrero y $ 0 de aumento salarial para los empleados públicos.

  • EDOS: cuando la ineficiencia se convierte en política pública

    ¿Desde cuándo el Estado multa al ciudadano por no hacer algo que solo el propio Estado puede hacer?
    Eso es lo que hoy ocurre con EDOS.
    A muchos vecinos (me incluyo) nos sancionan por no tener medidor de agua, cuando la instalación del medidor es responsabilidad exclusiva del ente. El ciudadano no puede colocar un medidor oficial por su cuenta. Sin embargo, el castigo llega igual. No es un error administrativo: es una decisión política que traslada la inacción del Estado al bolsillo del vecino.

    También se cobra tasa de cloacas sin que exista un servicio real. Si no hay planta de tratamiento ni prestación efectiva, no hay derecho a cobrar. Hacerlo de todos modos no es gestión: es abuso de poder.
    Mientras tanto, no se arreglan pérdidas, no se controla la calidad del agua, no se invierte en infraestructura y no se ordena el sistema de cobro. Hay vecinos (me incluyo) que pagaron y luego debieron demostrarlo porque el propio ente no registra correctamente los pagos. Esto no es casualidad: es desidia institucional.
    Pero el problema es más profundo. Da la sensación de que las comunas y municipios funcionan como si fueran entes aislados, casi como estados separados, sin coordinación real con las autoridades provinciales. No hay planificación conjunta, no hay inversión compartida, no hay una política pública integrada para mejorar servicios esenciales.
    Lo que sí hay es gestión de imagen: fotos, actos, carnaval, redes sociales, videos, anuncios de “acá se va a hacer”, “acá vamos a hacer”, “acá se viene”. Pero cuando llega el momento de resolver los problemas de fondo, las soluciones no aparecen. Lo que sí aparece, siempre, es la boleta para pagar.
    En ese contexto, no se ve compromiso ni del oficialismo ni de los bloques no oficialistas. Nadie empuja cambios reales, nadie exige resultados, nadie pone el foco en el vecino. Se aprueban tasas, se avalan cobros y se naturaliza un sistema que no funciona.
    Durante años se repitió el eslogan de “mejorar la calidad de vida del ciudadano”. Hoy ese eslogan quedó guardado en algún cajón. Mientras tanto, la realidad es clara: pagar, cobrar y seguir como si nada pasara.
    Esto no es un hecho aislado. Es un sistema que castiga siempre al mismo, protege la ineficiencia y convierte la injusticia en política pública. Los reclamos se acumulan, el ciudadano se cansa y termina pagando.
    La «corrupción» no siempre se expresa en «coimas», a veces se manifiesta como falta de coordinación, ausencia de gestión y negativa a cambiar.
    No innovar, no corregir y seguir cobrando también es corrupción, aunque sea silenciosa.
    El agua no es un privilegio ni una mercancía política. Es un derecho básico. Y cuando el Estado municipal y provincial se limita a mostrarse en fotos pero no a resolver problemas, la responsabilidad es política y debe ser asumida. CANSADO DE VAGO, y como dijo cococha…sufra cocoha..

  • y quien se va a sorprender ?, si la señora reta de urquiza defensora de los ricos siempre soño con esto, azcue es un titere e inutil que hace las barbaridades que esta señora hace en el consejo. Odia a los pobres, se acuerdan el año pasado cuando le bajo la tasa acomercial a los ricos, increible pero es asi. Y en concordia los pobres votando a estos oligarcas.

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