Un negocio de $28.800 millones y sin licitación: otro espacio político cuestiona con dureza la Emergencia Ambiental de Azcué

Desde el espacio indicaron que la principal preocupación radica en las facultades excepcionales otorgadas al Departamento Ejecutivo para avanzar en contrataciones directas y reorganizar el sistema de recolección de residuos.

En ese sentido, sostienen que la declaración de emergencia carece de fundamentos técnicos suficientes: “Toda emergencia requiere una fundamentación objetiva y concreta que, en este caso, no se ha cumplido”, remarcaron. Y agregaron: “Un deterioro progresivo del sistema o una deficiencia de gestión no constituyen automáticamente una emergencia jurídica”.

Para los especialistas, “la emergencia no puede ser una consigna vacía ni una excusa genérica para desplazar los mecanismos ordinarios de contratación, control y transparencia”.

El informe también advierte que la ordenanza habilita un régimen de contratación directa con controles considerados “escasos” y un objeto de gasto indefinido, por montos que podrían llegar a los 28.800 millones de pesos.

Además, cuestionan que, si bien la emergencia fue declarada por el plazo de un año, se estaría utilizando como marco para proyectar una reorganización estructural del servicio por hasta seis años, lo que abriría la puerta a una concesión sin licitación. Este punto, subrayan, resulta “jurídicamente vulnerable”.

Otro de los aspectos a los que refiere el documento es la situación actual del servicio. Según el relevamiento de Compromiso por Concordia, una empresa privada ya estaría operando en la ciudad sin que se haya formalizado públicamente la contratación directa ni cumplido los pasos administrativos y contables exigidos por la normativa vigente.

El sábado pasado varios vehículos de la empresa VITSA fueron fotografiados cargando combustibles en la YPF frente al Carrrefour, del influyente empresario Isodoro Lande, donde Azcué presentó su primer gabinete en 2023

Para el equipo técnico, que una firma preste servicios sin el acto administrativo correspondiente configura una situación de “extrema gravedad administrativa”.

En paralelo, recordaron la vigencia de la Ley Provincial N.º 10.311, que exige la elaboración de un Plan de Gestión Integral de residuos y un cronograma de erradicación de basurales, requisitos que —según afirman— no surgen de la ordenanza aprobada.

Pedido de informes y reclamo de transparencia

Frente a este escenario, desde Compromiso por Concordia instaron al Ejecutivo municipal a suspender de manera inmediata cualquier prestación privada que no cuente con una contratación legalmente perfeccionada.

Asimismo, formularon una serie de seis preguntas dirigidas a las autoridades, en las que solicitan precisiones sobre la fecha de formalización del contrato, el acto administrativo correspondiente, los funcionarios intervinientes, la documentación respaldatoria y el encuadre jurídico bajo el cual estaría operando actualmente la empresa.

Finalmente, los firmantes del informe —el contador Álvaro E. Sierra, la licenciada Silvia Dri, el abogado Pablo Lapiduz, el contador Guido Longo, la abogada Victoria Gallo, el abogado Carlos Ruiz Díaz y la abogada Ana Carolina Sigot— aclararon que el planteo no responde a una discusión ideológica sobre la gestión estatal o privada del servicio, sino a la necesidad de garantizar legalidad y transparencia.

“La basura no se resuelve con improvisación. Y la emergencia no puede ser un cheque en blanco”, concluye el documento.