A mediados del mes pasado, Miñon, junto a Gilda Kriskovich, y Jesús Benera emprendieron un viaje desde el kilómetro 250 de la Ruta Nacional 14 (en el acceso a Calabacilla) hacia la Casa Rosada. Esta caminata, de 459 kilómetros, se realiza bajo el lema “Discapacidad en Movimiento: tu paso suma, por una sociedad sin barreras”.

El transportista destacó que las jornadas de caminata eran muy largas de entre 8 y 9 horas diarias.”A la noche descansábamos y al otro día comenzábamos de nuevo”, dijo. Los primeros días comenzaron el peregrinaje con lluvia. “Y hubo que caminar igual. El tiempo se iba, no íbamos a llegar así que era caminar y aguantar”. Además, pasaron frío al principio y luego salió el sol. “Fue demasiado fuerte el sol pero sabíamos que no iba a ser fácil”.

Miñon sostuvo este mediodía que la idea era mostrar la crisis en el sector y lograr que no se sancionara el veto. Pero se terminó firmando de igual modo. No obstante, remarcó que seguirá la lucha. “Será mayor todavía para lograr que el veto se caiga” en el Congreso.

En tanto, Evangelina Moix, maestra integradora y vocera del sector, sostuvo que el gobierno lo que busca es generar cansancio. «Quieren que digamos, ‘basta, nos  cansamos de luchar y dejemos de lado el pelear por las prestaciones para las personas con discapacidad’. Que se vayan terminando de a poco, por decirlo de alguna manera. Pero no, estamos más fuertes que nunca y no vamos a permitir que se vulneren los derechos de las personas con discapacidad”, enfatizó.

La esperanza ahora está depositada en que en el Congreso se logre el dos tercios de los legisladores presentes en cada Cámara para rechazar el veto. “Tengo fe de que se va a poder revertir”, dijo Moix.  Hasta este mediodía, Moix dijo que no habían podido dialogar con ningún diputado o senador de Entre Ríos. Pero sí con representantes legislativos de otras provincias. “Sabemos que están luchando para lograr los dos tercios”, indicó. La vocera del sector remarcó que  hay legisladores comprometidos a los que “les toca muy de cerca” el tema porque tienen a sus hijos o familiares con necesidades de tratamiento de ese tipo.

Más adelante, Moix explicó que, si se logra rechazar el veto y queda firme la declaración de la emergencia, todas las personas con discapacidad van a lograr que los prestadores trabajen con un nomenclador actualizado. Un módulo de una maestra integradora (Moix es profesora de Educación Especial) ronda los $ 307.000.  Si se aplicase una actualización, de acuerdo al comportamiento de la inflación desde el año pasado, el módulo valdría un 74 % más, según estimó.  Los montos son abonados por las obras sociales que les descuentan a las familias “en forma religiosa”, dijo la maestra integradora, pero al momento de pagar a los prestadores se pueden llegar a atrasar hasta un año.

En tanto, Miñon dijo que los transportistas van a poder seguir prestando un servicio que no tiene ninguna actualización desde diciembre de 2024. “Y hasta antes de ayer ya llevamos siete aumentos de combustible  de distintos porcentajes”, indicó. El gobierno nacional paga $ 541 por kilómetro actualmente cuando debería pagar $ 919 si se aplicase el 70 % de incremento.

Asimismo, Moix apuntó que los diputados nacionales cobran un sueldo que está muy por arriba de lo que percibe un empleado (un senador percibe $ 9 millones y un diputado recibe más de $ 5 millones mensuales) pero el Ejecutivo ajusta a los jubilados y a los prestadores de discapacidad.  “Por qué no vemos lo que cobran los legisladores”, se preguntó. De la misma forma, sostuvo que el presidente decidió rebajar las retenciones al campo. “Debería cambiar un poco en su postura. Realmente está dejando mucho que desear”.

En otro párrafo, el transportista dijo que siempre están buscando poner trabas para que las personas no puedan acceder a las prestaciones.  Hay obras sociales como Iosfa (Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas) que “debe mucho dinero y está cortada en todo el país”. “Oser cambió el nombre, era Iosper, cambió su forma de trabajar pero siguen privando de algunas prestaciones a los afiliados”. Por ello, dijo que en la actualidad hay chicos que dejan de recibir las terapias donde necesitan más refuerzos.  “Si la madre pedía 20 pañales por mes, les mandan 8 o 10. Y tienen que pelear con un abogado, con un recurso de amparo. Si están con medicación lo mismo. Los padres tienen que estar luchando todo el tiempo con un abogado al lado. Eso es lo que desgasta”.

Incluso, realizando todos los trámites, dijo que puede suceder lo que pasa actualmente: se caen los prestadores. “Si se caen, el chico no puede evolucionar físicamente para mejorar su calidad de vida”, remarcó Miñon. “No sabemos qué le pasa por la cabeza al gobierno. Están perjudicando a personas a las que les impiden llegar a un nivel de vida con independencia, el poder manejarse solo, sin depender de nadie. Nuestros servicios son importantes: los preparamos para la vida. Realmente me queda pensar que lo que quiere este gobierno es exterminar a estas personas como en una época de la historia”, remarcó Moix.

La ley vetada obtuvo un amplio consenso en ambas cámaras. La media sanción superó los dos tercios, con 143 votos afirmativos contra 71 negativos y 3 abstenciones; mientras que el Senado la aprobó definitivamente un mes más tarde por unanimidad, con 56 votos a favor y ninguno en contra y cero abstenciones. Esa amplitud –la ley fue votada por legisladores cercanos al Gobierno, incluso de la UCR y el PRO– impulsa a los más entusiastas a forzar el rechazo en el parlamento, destacó Página 12.

La esperanza ahora está puesta en el Congreso.

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