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Venezuela bajo asedio: tres décadas de intervenciones y sanciones estadounidenses – 2.ª Parte

La segunda parte de este análisis profundiza en las tres décadas de intervenciones de Estados Unidos en Venezuela, desde intentos de golpe de Estado hasta la implementación de sanciones económicas masivas. La nota reconstruye cómo, bajo distintas administraciones, se buscó debilitar al gobierno de Hugo Chávez y consolidar un control estratégico sobre el país, afectando la producción petrolera, la economía y la vida cotidiana de la población, y dejando las bases para la crisis humanitaria actual.

Ricardo Monetta

29 diciembre, 2025

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6:33 pm

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En esta segunda parte continuamos con la verdadera historia sobre el acoso y despojo que sufrió la República de Venezuela. Habíamos quedado en que, cuando Hugo Chávez estaba en el poder, prácticamente transformó a Venezuela de un administrador neocolonial del rentoso imperial a un Estado tapón semi-periférico. Elevándose por encima del control directo tanto de la antigua oligarquía nacional como del capital transnacional, utilizó las rentas de los recursos para atender las demandas de la clase trabajadora del país. Al recuperar la plusvalía que anteriormente había enriquecido al capital extranjero y a la élite nacional, el movimiento chavista inspiró una «marea roja» en América Latina. Para el imperialismo de EEUU, este Estado «tapón» debía ser demolido para restaurar el anterior circuito de capital más rentable, y reafirmar el control disciplinario sobre el hemisferio.

Había llegado la época de la guerra de «baja intensidad» y de la desestabilización. O sea, la era de George Bush y Barack Obama. Este esfuerzo tenía como objetivo el cambio de régimen mediante operaciones encubiertas, la manipulación de la sociedad civil y una incipiente guerra económica. La participación de G. Bush en el intento de golpe de Estado en Venezuela en 2002 está ampliamente documentada. Antes del golpe, la Fundación Nacional para la Democracia (hipocresía pura) aumentó su apoyo financiero a las organizaciones de la oposición venezolana, incluida la Federación Empresarial Fedecámaras y la Confederación Sindical Corrupta (como las hay en todas partes), que se convirtieron en los principales organizadores del golpe. Durante ese evento, la CIA proporcionó información de inteligencia y evaluaciones de la situación que confirmaban que el presidente Chávez habría dimitido (sic).

Inmediatamente después, el Departamento de Estado, a través de su portavoz, atribuyó, como siempre, la violencia contra los manifestantes a los simpatizantes de Chávez. Cínicamente, G. Bush reconoció al gobierno ilegítimo de «facto» de Carmona a las pocas horas del golpe. El Decreto Número 1 de Carmona disolvió unilateralmente la Asamblea Nacional, la Corte Suprema y la Constitución, al tiempo que sustituyó a todos los funcionarios electos. A pesar de ello, Otto Reich, subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, se puso en contacto con otros gobiernos latinoamericanos para «inducirlos» a reconocer el régimen de Carmona. Pero cuando el golpe fracasó tras 47 horas, precipitado por una movilización masiva y la intervención militar leal, la administración Bush se encontró políticamente aislada. Es decir, la táctica de EEUU, un derrocamiento rápido impulsado por las élites, lo llevó a adoptar un enfoque estratégico más prolongado y multifacético.

Tras las secuelas del golpe, la estrategia de EEUU evolucionó a lo que se llamó «poder promotor», que es concretamente la construcción deliberada de una red de oposición política a través de lo que se percibe como organizaciones de la sociedad civil. La Fundación Nacional para la Democracia (NED) y la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) se convirtieron en los principales mecanismos.

Entre 2000 y 2010, la NED asignó más de US$100 millones de dólares a diversas entidades venezolanas. Estos gastos no se limitaron a pequeñas subvenciones para la democracia, sino que representaron inversiones estratégicas destinadas a establecer una estructura estatal paralela. Entre los beneficiarios de esta financiación se encontraban:

  • SUMATE: Esta organización de la sociedad civil desempeñó un papel central en la organización del referéndum revocatorio presidencial de 2024. Su fundadora, ¿quién sino María Corina Machado?, que trabajó para la CIA, se convirtió en la principal figura de la oposición.

  • Conglomerados de medios de comunicación privados: Si bien no fueron financiados directamente por la NED, estos medios eran furiosamente antichavistas. Venevisión TV y Globovisión recibieron apoyo a través de la compra de publicidad de EEUU y el respaldo diplomático. Los cables del Departamento de Estado publicados confirman este apoyo, por ejemplo el cable 06CARACAS3356 de 2006, donde se señalaba la importancia de apoyar a los medios de comunicación que permanecían en manos privadas, ya que son el contrapeso más eficaz al dominio mediático de Chávez.

La administración de Obama continuó con lo existente, pero amplió el conjunto de herramientas al introducir sanciones financieras debilitantes. Un memorándum desclasificado de la CIA de 2010 reveló este cambio de estrategia, afirmando explícitamente que el objetivo de EEUU era contener, aislar y compartimentar el régimen de Chávez y explotar sus debilidades. Un punto crucial en este proceso fue la Orden Ejecutiva, emitida en marzo de 2015, invocada en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que declara, de forma controvertida, a Venezuela como «amenaza a la seguridad nacional» (nada nuevo de ayer a hoy). Esta ley fue considerada por muchos como infundada, dada la falta de capacidad militar de Venezuela por esas fechas. Sin embargo, esta declaración legal sirvió como requisito previo esencial para imponer sanciones. La Orden Ejecutiva 13.692 congeló los «activos» y prohibió las transacciones de siete funcionarios venezolanos por presuntas «violaciones de los derechos humanos» (?).

La producción petrolera venezolana, que se había estabilizado entre 2 y 4 millones de barriles diarios entre 2004 y 2015, no se mantuvo estable; por el contrario, comenzó un descenso constante a partir de ese año. Esto se vio precipitado por el bloqueo financiero emergente, que hizo mermar gravemente la capacidad de PDVSA para adquirir equipos, contratar empresas de servicios y mantener las infraestructuras. El impacto económico fue inmediato y profundo: las importaciones de bienes y servicios se desplomaron de US$66 mil millones en 2012 a apenas US$18 mil millones en 2016, según datos del Banco Mundial. Esta drástica reducción en las importaciones, atribuible a la imposibilidad de adquirir créditos comerciales y divisas, produjo a continuación la crisis humanitaria por la escasez de alimentos y medicinas. Por eso hay que entender que las sanciones producidas por Obama pusieron en marcha el proceso de asfixia económica que se intensificaría de manera significativa bajo las administraciones de Biden y Trump.

Las primeras administraciones de Donald Trump intensificaron las sanciones contra Venezuela mediante una serie de órdenes ejecutivas cada vez más severas. En agosto de 2017, la Orden N.º 13.808 restringió severamente la capacidad financiera del gobierno venezolano y de PDVSA al prohibir el comercio de nueva deuda y acciones venezolanas. Sin embargo, la medida más sustancial fue la Orden N.º 13.850 de noviembre de 2018, que autorizó sanciones a sectores específicos de la economía venezolana. Su pleno impacto se materializó en enero de 2019, cuando el Tesoro de EEUU la implementó al designar a PDVSA como entidad sancionada, imponiendo un embargo total a las exportaciones de petróleo venezolano a su mercado principal. A eso se le llama asfixia económica.

Lo insólito fue que EEUU asumió el control de la filial estadounidense de PDVSA, que era CITGO, y desvió sus ingresos a cuentas administradas por Juan Guaidó, el presidente «trucho» entronizado en una plaza. Al mismo tiempo, amenazó con sanciones secundarias a cualquier entidad de terceros países, ya sean India, China o Europa, que adquiriera petróleo venezolano o prestara buques para su transporte. Las consecuencias fueron desastrosas: las exportaciones, que ya estaban disminuyendo, se redujeron drásticamente de 1,5 millones de barriles diarios en 2018 a menos de 400.000 barriles diarios en 2020. Además, los ingresos del gobierno se desplomaron en un 95%, pasando de US$56.000 millones en 2014 a menos de US$500 millones en 2020.

Este proceso de ahogo financiero, bloqueo de exportaciones y secuestro de activos es parte del manual del imperialismo que hace décadas viene explotando al resto del mundo.

Pero hay más para contarles que pondremos en la 3.ª nota.

Fuente: con información de Prensa Alternativa

Venezuela: la verdad sobre tres décadas de campaña de EE. UU. para cambiar el régimen

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