Venezuela: la verdad sobre tres décadas de campaña de EE. UU. para cambiar el régimen

El propósito de esta nota es analizar con claridad la evolución y los factores materiales y políticos que impulsaron la descarada y prolongada campaña de los EE. UU. para el cambio de régimen en Venezuela. Y en esto también se involucran tanto demócratas como republicanos.

Para eso es necesario mostrar el contexto histórico, que comienza con el descubrimiento de vastas reservas de petróleo a principios del siglo XX, cuando las empresas de EE. UU. y europeas, en particular Standard Oil y Royal Dutch Shell, establecieron una presencia dominante. Si bien la Ley de Hidrocarburos de 1943 inició un proceso gradual de recuperación de las rentas de los recursos, la verdadera nacionalización no se logró sino hasta 1976, con la creación de Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA). Sin embargo, se trató de una nacionalización meramente formal y no “real”.

Los antiguos concesionarios recibieron una compensación y la dirección ejecutiva de PDVSA, la “gerencracia”, cultivó una cultura interna similar a la de un Estado dentro del Estado (?). Operando con una lógica transnacional en lugar de una nacionalista, dio prioridad a las grandes empresas extranjeras estratégicas (como Exxon, Shell, Conoco Philips) y a la reinversión, sí, pero en el extranjero, en lugar de financiar íntegramente las necesidades de desarrollo interno del Estado venezolano.

El paralelo político a esto fue el “Pacto de Punto Fijo” (1958-1998), un acuerdo de reparto del poder establecido entre los partidos socialdemócrata (Acción Democrática) y demócrata cristiano (COPEI). Este grupo constituyó una élite compradora que gestionó con éxito la distribución de los ingresos petroleros a través del clientelismo, creando así la ilusión de estabilidad y, al mismo tiempo, institucionalizando la posición estructural de Venezuela como exportador dependiente.

En las décadas de 1980 y 1990, esta estructura económica y política predominante se enfrentó a una grave crisis. El paquete de ajuste estructural impuesto por el FMI en 1989 provocó un gran malestar popular, comúnmente conocido como el “Caracazo”, que el Estado reprimió violentamente, y la corrupción generalizada que caracterizó a la administración del presidente Carlos Andrés Pérez erosionaron irrevocablemente la legitimidad del Pacto (¡atención, Milei!).

En este vacío ascendió Hugo Chávez, un teniente coronel que había liderado sin éxito un golpe en 1992. Luego fue elegido en 1998 con un programa anticonformista y nacionalista. La victoria de Chávez supuso un cambio fundamental. Su programa político, conocido como la Revolución Bolivariana, tenía como objetivo desmantelar la dependencia económica de Venezuela en el sistema mundial. La Constitución de 1999 consagra legalmente la soberanía del Estado sobre los recursos naturales.

El punto de inflexión crucial se produjo en 2001 con la promulgación de 49 leyes habilitantes; la más significativa fue la nueva Ley Orgánica de Hidrocarburos. Esta legislación obligaba al Estado, a través de PDVSA, a mantener una participación mayoritaria mínima del 51 % en todas las empresas conjuntas relacionadas con la producción de hidrocarburos. Además, aumentó sustancialmente las tasas de regalías sobre la producción de petróleo, del 1 % al 16 %, para los proyectos destinados al desarrollo social nacional (igualito a Macri y Milei).

La respuesta oligárquica no se hizo esperar. Se ejecutó un golpe de Estado respaldado por los EE. UU. en abril de 2002 y el posterior embargo petrolero de 2002 a 2003. En realidad, fue un paro en el que el personal directivo y técnico de PDVSA cesó sus operaciones, lo que provocó pérdidas por varios miles de millones de dólares. El gobierno chavista logró sofocar el intento de golpe de Estado. Más de 18.000 empleados de PDVSA leales a Chávez fueron despedidos y la empresa quedó subordinada al Ministerio de Energía. Esta acción constituyó una verdadera nacionalización, dejando de lado los activos de la clase gerencial compradora.

La PDVSA reorientada se convirtió en la base financiera del proyecto bolivariano. Entre 1999 y 2013 canalizó los ingresos del petróleo hacia numerosas misiones sociales centradas en la salud (Barrio Adentro), la educación, la seguridad alimentaria y la vivienda. Estas iniciativas dieron lugar a mejoras significativas: las tasas de analfabetismo se redujeron sustancialmente, la matrícula universitaria aumentó de forma espectacular y las tasas de pobreza descendieron del 55 % en 1995 al 27 % en 2012, con una caída de la pobreza extrema del 25 % al 8 %.

Fundamentalmente, Chávez utilizó la diplomacia petrolera para establecer un bloque contrahegemónico. Esta iniciativa incluyó la fundación de Petrocaribe en 2005, que proporcionaba petróleo subvencionado a los países del Caribe y Centroamérica, y la promoción de organismos regionales como el ALBA y la UNASUR, excluyendo específicamente a EE. UU. y Canadá.

(Continuará)

Fuente: Prensa Alternativa