Uno de los casos señalados es el del contador Diego Martín Etcheverry, designado por resolución 0331 del 28 de febrero de 2024 como subdirector de la ex Dirección del Interior —rebautizada como “Relación con el Contribuyente”— y reemplazado luego por Didier Eduardo Jourdán (resolución 024/2025), hijo de un histórico dirigente del PJ de San José. Según testimonios recabados por DIARIOJUNIO, Etcheverry fue prácticamente forzado a renunciar por su desempeño nulo, pero su sucesor, aseguran, “mantiene la misma impronta”: nadie lo ve ni sabe qué hace.

También se apunta contra Rodrigo Martín López, abogado oriundo de Buenos Aires, designado por resolución 011/2024 como subdirector de la Dirección de Catastro. “Lleva meses nombrado, pero nadie lo conoce personalmente ni ha tenido contacto con el personal. No sabemos ni qué funciones cumple”, aseguraron desde el cuerpo de delegados.

A esta lista se suma el nombre de Rafael Orlando Cardoso, actual director general adjunto de ATER, quien también es señalado como otro “funcionario fantasma” por la planta de trabajadores. Cardoso no sólo permanecería ausente en la vida interna del organismo, sino que además está implicado en una investigación penal por presunta recaudación irregular junto al director ejecutivo Jesús Rafael Korell. Ambos están imputados por haber recaudado —sin respaldo normativo vigente— un adicional de entre el 20% y el 30% sobre impuestos inmobiliarios y automotor en el año 2024.

La denuncia de los trabajadores no se detiene en estas figuras. El cuerpo de delegados también advirtió que la reorganización jerárquica implicó la eliminación de direcciones históricas y la creación de otras nuevas sin justificación técnica ni administrativa, en un contexto donde se «ajustan recursos por abajo mientras se multiplican cargos jerárquicos con altos sueldos». En tanto, ayer miércoles se anoticiaron del despido de 17 trabajadores precarizados de distintas oficinas de la provincia, particularmente de Paraná.

En paralelo, los trabajadores enfrentan recortes en adicionales vinculados a la productividad y la eliminación acelerada del reparto físico de boletas, una tarea que representa un ingreso complementario para muchos empleados. Esta medida, enmarcada en el proceso de digitalización, genera críticas no por su contenido, sino por la forma abrupta e inconsulta con la que se implementa.

“No estamos en contra de la modernización”, aclararon los delegados consultados por este medio. “Al contrario, ATER fue pionera en digitalización con recursos y personal propios. Pero esta vez todo se está haciendo sin planificación ni diálogo, afectando no sólo nuestros salarios sino la recaudación misma”.

Según datos internos del organismo, menos del 10% del padrón tributario adhirió al sistema digital de boletas, incluso cuando se ofrecieron descuentos como incentivo. “La gente sigue yendo con el papel en la mano a pagar. Cambiar eso de un mes para el otro no solo es irreal: pone en riesgo el ingreso genuino del Estado”, afirmaron trabajadores de la oficina de Concordia.

 “La sensación que se instala entre muchos compañeros es que están ajustando desde abajo, mientras arriba se crean cargos nuevos con funciones difusas y sueldos elevados. El costo lo pagamos nosotros y el propio sistema tributario de la provincia”, concluyeron los delegados que hablaron con este medio.