El terreno pertenecería desde 2018, según Catastro, a Gustavo Martín Núñez, empresario ligado a Puerto Príncipe S.A. (Firma que gestionó la discoteca B612 en un galpón del puerto de Concordia hasta que el municipio rescindió el contrato en 2019 -gestión Cresto- debido a incumplimientos, incluyendo deudas en tasas comerciales y falta de claridad sobre los socios de la firma). También lo indican como dueño del Hotel Flair -ubicado frente al terreno en cuestión- y del hotel alojamiento Fun & Love.
Núñez es conocido en la ciudad por sus vínculos con distintas gestiones municipales: primero con Bordet, luego con Cresto/Francolini y ahora —al parecer, dada la parsimonia municipal— también con el gobierno de Francisco Azcué. Algunas fuentes municipales lo señalan como posible prestanombres de empresarios de gran poder económico y aceitados vínculos políticos tanto a nivel local como provincial.
Vecinos y ambientalistas que hablaron con este medio aseguran que estos terrenos ya habían sido rellenados años atrás y que las obras nunca fueron aprobadas porque el propietario, Núñez, no habría cumplido las remediaciones ambientales obligatorias, es decir, las medidas para reparar el daño ocasionado en un ecosistema sensible. Aun así, el cerco se levanta y la obra parece avanzar de manera inexorable.
“Escuché que está haciendo algo turístico”, dijo un vecino, con la misma incertidumbre que domina a toda la ciudad. Sin embargo, otras fuentes señalan que habría presentado un proyecto para construir locales comerciales.
Pero el problema excede lo administrativo. Se trata de un humedal, un ambiente que absorbe agua, regula el escurrimiento y sostiene biodiversidad. Según ambientalistas consultados, cada movimiento de tierra reduce la capacidad de retención hídrica y aumenta el riesgo de inundaciones. Y todo esto ocurre en una avenida estructurante donde la planificación urbana debería ser ineludible.
Concordia y un modelo de crecimiento basado en violaciones ambientales, loteos irregulares y beneficios a desarrolladores
La situación de Eva Perón no es un caso aislado sino parte de un patrón que DIARIOJUNIO viene documentando. En septiembre de 2024, el Consejo de Protección de Humedales denunció loteos de grandes superficies sin ningún tipo de autorización, sin pedidos de uso de suelo y sin intervención de los profesionales responsables.
El biólogo Eduardo Etchepare, presidente del Consejo, explicó en aquella nota que los humedales urbanos siguen cumpliendo funciones esenciales: purificación del agua, retención de lluvias y conectividad ecológica. Al rellenarlos, las ciudades —como ocurrió en Corrientes o Resistencia— quedan expuestas a inundaciones incluso con pocas precipitaciones. “En Concordia se destruyeron los humedales, llueve poco y las calles se inundan totalmente”, dijo.
El profesional también había señalado que quienes comercializan lotes no informan que se trata de humedales rellenados y que los problemas aparecen años después como filtraciones, asentamientos, casas que se desmoronan y el agua que busca recuperar su recorrido natural. En resumen, dijo: “El agua no se puede frenar; solo se trasladan los problemas a los vecinos.”
El Consejo de Humedales también cuestionó hace más de un año la falta de control municipal: «los inspectores llegan por denuncia y el daño ya está hecho… Esto va a terminar el día que se penalice a los profesionales intervinientes y se ordene restituir lo destruido con multas severas.”
Mientras tanto, avanzaron casos en Villa Adela, Villa Zorraquín, y en terrenos lindantes al Naranjal de Pereda, entre otros. En todos, el denominador común es el mismo: propietarios con recursos suficientes para mover máquinas de gran porte y transformar el ambiente antes de cualquier intervención estatal.
Un modus operandi repetido: romper las normas y pedir perdón después
Lo que ocurre en Eva Perón se inscribe en un modelo que ya es una forma de hacer y dejar hacer en la ciudad: desarrolladores que transgreden normas, destruyen patrimonio o humedales, construyen más de lo permitido y luego piden eximiciones, excepciones o readecuaciones que el municipio suele conceder.
El caso reciente es el del edificio Cantená, en calle Carriego 76, donde se destruyó una fachada histórica protegida por ordenanza. La empresa avanzó sin autorización y violó el FOT. Con la obra terminada y sin posibilidad de obtener el Final de Obra, pidió eximición de multas y la anexión de un lote lindero —también protegido— para “subsanar” los metros construidos de más.
La bancada oficialista (PRO-UCR-Libertarios) aprobó un despacho que autorizó al Ejecutivo a eximir del recargo del 660% sobre la TGI en concepto de multa. Una salida política para un incumplimiento técnico grave.
No es el único antecedente: el histórico caso Horizonte Centro, donde se duplicó la superficie permitida; o el Portal Norte, con las mismas firmas de profesionales y similares métodos, que consiguieron excepciones del municipio tras construir fuera de norma.
En todos, el patrón se repite: hechos consumados primero, daño irreversible, y negociación después para habilitar un modelo de desarrollo que combina rellenos de humedales sin autorización, loteos sin permisos ni estudio de suelo, destrucción de patrimonio, violaciones al Código de Ordenamiento Urbano y Territorial, e indultos o eximiciones posteriores.
1 comentario
Carlos
Asamblea Ciudadana solo se quejaba con los Crestos. Ahora ya no le molesta ni le indigna todo el relleno y la obra del humedal de Eva Perón.