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Inicia el debate por una comisión para investigar la deuda pública entrerriana desde el ’95, cuando Busti volvió a la gobernación

El proyecto, respaldado por el gobernador Rogelio Frigerio, propone analizar el origen, la evolución y el destino del endeudamiento del Estado entrerriano desde el 10 de diciembre de 1995. La iniciativa plantea revisar la deuda pública provincial —interna y externa, directa e indirecta— incluyendo renegociaciones, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, eventuales situaciones de default y reestructuraciones. El trabajo estaría a cargo de una Comisión Especial Investigadora integrada por legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, que deberá elaborar y publicar un informe en un plazo máximo de doce meses. El recorte temporal deja fuera del análisis la gestión de Mario Moine y también los primeros mandatos de los exgobernadores Jorge Busti y Sergio Montiel.

9 marzo, 2026

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4:54 pm

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La Cámara de Diputados de Entre Ríos comenzará este martes a analizar un proyecto de ley que impulsa la creación de una Comisión Especial Investigadora de la Deuda Pública provincial, con el objetivo de revisar el origen, la evolución y el destino del endeudamiento del Estado entrerriano.

El tema será abordado en una reunión de la Comisión de Legislación General prevista para las 10. En el mismo encuentro también se tratará una iniciativa para crear el Colegio de Agentes de Propaganda Médica en la provincia.

La propuesta plantea realizar un estudio del desenvolvimiento histórico de la deuda pública —interna y externa, directa e indirecta— desde el 10 de diciembre de 1995 hasta la eventual promulgación de la ley. El análisis incluiría las renegociaciones, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, situaciones de incumplimiento (default) y los distintos procesos de reestructuración que atravesó la provincia.

La iniciativa fue mencionada por el gobernador Rogelio Frigerio durante su discurso de apertura de sesiones ordinarias, cuando pidió a los legisladores que le den “pronto tratamiento”. En ese contexto sostuvo que la deuda “no es mala en sí misma”, aunque cuestionó que en algunos casos se haya tomado para financiar obras o gastos “que después no se ven”.

El punto de partida elegido para el analisis es diciembre de 1995, por lo que deja fuera la gestión de Mario Moine y los primeros gobiernos de Jorge Busti y Sergio Montiel, tres períodos clave en la historia política reciente de la provincia.

Qué investigaría la comisión

De aprobarse la ley, la comisión tendría como misión elaborar un informe final con conclusiones sobre la deuda pública provincial, el cual deberá ser publicado en el sitio web oficial del gobierno entrerriano.

Ese documento deberá detallar el estado y la evolución histórica del endeudamiento, su nivel y composición, el origen de los compromisos financieros y el destino de los fondos obtenidos. En particular, se prevé diferenciar la deuda utilizada para cubrir gastos corrientes de aquella destinada a inversiones productivas o estratégicas de largo plazo.

También se analizarán los flujos financieros y distintos indicadores que permitan evaluar la sostenibilidad del endeudamiento provincial.

Integración y facultades

El proyecto establece que la comisión estará integrada por nueve miembros: tres senadores designados por la Cámara alta, tres diputados designados por la Cámara baja y tres representantes del Poder Ejecutivo nombrados por el gobernador. Los cargos serán ad honorem y entre sus integrantes se elegirá un presidente, un vicepresidente y un secretario.

Entre sus atribuciones, el organismo podrá requerir documentación e información al Poder Ejecutivo, ministerios, organismos autárquicos y descentralizados, empresas con participación estatal y órganos de control, además de la propia Legislatura.

Asimismo, tendrá facultades para analizar la legalidad de las operaciones de endeudamiento, evaluar el destino de los recursos obtenidos y elaborar un dictamen final con las conclusiones del trabajo.

Si la iniciativa prospera, la comisión dispondrá de un plazo máximo de doce meses para completar la investigación y deberá garantizar la publicidad de sus actos mediante la difusión de avances, informes y conclusiones en el sitio oficial del gobierno provincial.

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