El decreto firmado por el Gobernador Rogelio Frigerio reconoce gastos contraídos por la Unidad Penal N° 3 de Concordia entre octubre y diciembre de 2025 y autoriza al Servicio Penitenciario a emitir las órdenes de pago. El anexo detalla $20,3 millones en contrataciones de bienes y servicios y otros $1 millón en viáticos y comisiones de servicio. Entre los proveedores, registró DIARIOJUNIO, figuran una sociedad comercial, un frigorífico y personas físicas, mientras que el pago deberá ser rendido posteriormente ante el Tribunal de Cuentas de Entre Ríos
El Gobierno nacional distribuyó más de $13.500 millones entre empresas y provincias para compensar los descuentos de la tarifa social del transporte urbano. Sin embargo, Entre Ríos volvió a quedar excluida. Un informe oficial revela que ninguna de las prestatarias entrerrianas, incluidas las de Concordia, Paraná, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú, recibió fondos. En tanto, desde el sector advierten que la situación “ya es insostenible” y reclaman una solución urgente.
Los diputados nacionales Guillermo Michel, Marianela Marclay y Gustavo Bordet presentaron un proyecto de resolución para que el Poder Ejecutivo Nacional informe sobre una deuda que, según indicaron, asciende a $1.704 millones y afecta a 57 efectores públicos de salud de la provincia. Además, cuestionaron la postura del gobierno entrerriano frente al conflicto.
El gobernador Rogelio Frigerio reconoció demoras en el pago de certificados de la Costanera Nébel de Concordia y deberá afrontar intereses millonarios por esos atrasos administrativos. Según registró DIARIOJUNIO, dos tercios del monto total reconocido se concentran en un único certificado de más de $250 millones.
Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación General del Senado provincial mantendrán una reunión conjunta para avanzar en el tratamiento del proyecto de ley que propone la creación de una Comisión Permanente de Seguimiento de la Deuda Pública de Entre Ríos.
Ante la imposibilidad de avanzar por la vía penal en casos donde los autores de un delito son menores de edad, el Estado provincial optó por centrar su estrategia en el resarcimiento civil. Con base en los artículos 1753 y 1755 del Código Civil y Comercial de la Nación, la Provincia demandará a los padres de alumnos que hayan realizado amenazas en escuelas por “daño patrimonial”, al considerar que el despliegue de brigadas de explosivos y recursos tecnológicos constituye un gasto innecesario para el erario público.
El proyecto, respaldado por el gobernador Rogelio Frigerio, propone analizar el origen, la evolución y el destino del endeudamiento del Estado entrerriano desde el 10 de diciembre de 1995. La iniciativa plantea revisar la deuda pública provincial —interna y externa, directa e indirecta— incluyendo renegociaciones, refinanciaciones, canjes, pagos de comisiones, eventuales situaciones de default y reestructuraciones. El trabajo estaría a cargo de una Comisión Especial Investigadora integrada por legisladores y representantes del Poder Ejecutivo, que deberá elaborar y publicar un informe en un plazo máximo de doce meses. El recorte temporal deja fuera del análisis la gestión de Mario Moine y también los primeros mandatos de los exgobernadores Jorge Busti y Sergio Montiel.
El grupo de rescatistas de Concordia, "Ángeles Naricitas Frías", anunció que su página dejará de funcionar hasta nuevo aviso debido a una situación económica crítica. Con más de 30 animales a cargo, la mayoría de ellos con enfermedades crónicas o de avanzada edad, la organización acumuló una deuda total de $1.707.700 en veterinarias, laboratorios y forrajería, una cifra que se volvió insostenible ante la falta de ingresos fijos y el cese de las adopciones.
La Federación Entrerriana de Bomberos Voluntarios salió a desarmar el anuncio oficial del Gobierno Nacional y aclaró que los fondos anunciados no responden a la emergencia ígnea, sino, a una deuda que el Estado mantiene con los cuerpos bomberiles de todo el país desde el 2025, en el marco de la Ley Nacional N.º 25.054.
Dos decretos publicados este miércoles en el Boletín Oficial dan cuenta que el Estado entrerriano pagó fuera de término certificados de obra pública —una de Paraná y otra de Concordia—, lo que dio lugar a intereses moratorios que también fueron abonados con demora y derivaron en nuevos intereses. Las deudas se vinculan a certificados emitidos en 2023 y 2024 y obligan ahora a nuevas liquidaciones para evitar un circuito interminable de reclamos.
1 comentario
Dante
que barbaro , y los comedores sin partida , de alientos , que garron y estos sequitos , comindo , con luz , tele , bien y hasta tienen la profe , que les enseña , para ahi , ella no aparece , en el listado .