De acuerdo a lo solicitado por la la Fiscalía Federal de Gualeguaychú y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), el juez federal Hernán Viri procesó con prisión preventiva a tres personas —dos hombres y una mujer— acusadas de integrar una organización criminal dedicada al transporte y comercialización de cocaína. Además, dictó embargos sobre sus bienes por sumas de 2 millones, 20 millones y 500 millones de pesos, según el grado de participación atribuido a cada uno.

El caso se inició en febrero de 2025, cuando personal de la Policía de Entre Ríos detuvo a una mujer que ingresaba a la provincia con estupefacientes. El análisis de su teléfono, realizado por Gendarmería Nacional, permitió identificar comunicaciones con otros presuntos integrantes de la banda, entre ellos un individuo al que se refería como “jefe” o “señor”. Más adelante, la investigación reveló que la droga era trasladada desde la zona oeste del conurbano bonaerense hasta la ciudad de Gualeguaychú, donde era distribuida.

A raíz de ello, el Ministerio Público Fiscal solicitó tareas de inteligencia que estuvieron a cargo de la Unidad de Inteligencia Criminal “Gualeguaychú” de Gendarmería, y de esas tareas surgieron elementos probatorios que permitieron identificar los roles dentro de la organización y solicitar una serie de allanamientos.

El 28 de junio se realizaron operativos simultáneos en siete domicilios ubicados en Gualeguaychú, Pueblo Belgrano (Entre Ríos), Marcos Paz y Merlo (Buenos Aires), y en ese marco fueron detenidos los tres imputados. Durante el allanamiento a la vivienda del principal acusado, señalado como organizador y financista de la organización, este se resistió al arresto y disparó con una pistola Bersa Thunder calibre 380 a un funcionario de Gendarmería Nacional Argentina, que afortunadamente llevaba chaleco antibalas. Por eso, el juez consideró que existió tentativa de homicidio agravado, ya que el imputado disparó al pecho del gendarme a corta distancia, plenamente consciente de que se trataba de un procedimiento oficial.

Además, en un domicilio allanado en Marcos Paz se encontró mercadería de origen extranjero cuyo ingreso legal al país no pudo ser acreditado, por lo que también se investiga un posible caso de contrabando.

En su resolución, el juez Viri procesó al principal acusado como coautor de tráfico de estupefacientes agravado (por comercialización y transporte), organizador y financiador de una organización narcocriminal, autor de tentativa de homicidio agravado y encubrimiento de contrabando. También dictó un embargo por 500 millones de pesos sobre sus bienes.

La mujer fue procesada como coautora del delito de tráfico de estupefacientes en su modalidad de comercio agravado, con un embargo de 2 millones de pesos. El otro hombre fue procesado por el mismo delito, además de encubrimiento de contrabando, y se le trabó un embargo por 20 millones de pesos.

El juez consideró acreditado que la organización criminal operaba desde al menos septiembre de 2024 hasta su desarticulación, con roles claramente diferenciados entre sus integrantes.

El magistrado destacó que el accionar del principal imputado durante el allanamiento fue consciente y deliberado: se levantó de la cama, buscó el arma, la cargó y disparó a un metro de distancia contra un efectivo uniformado y debidamente identificado. “No podía ignorar que se trataba de un allanamiento por parte de la Gendarmería Nacional”, sostuvo Viri.