La acción judicial fue presentada por los abogados Fernando Di Benedetto y Juliana D’Arrigo, y quedó en manos de la jueza Gladys Pintos, titular del Juzgado Laboral Nº 1 de Paraná. El escrito solicita que se prohíba la realización del espectáculo ecuestre por considerar que vulnera leyes nacionales, provinciales y ordenanzas municipales sobre bienestar animal, salud pública y prevención del maltrato.

El evento forma parte del 8° Festival de Destrezas Criollas, Jineteada y Bailanta, organizado por la Agrupación Tradicionalista Oro Verde y auspiciado por el municipio local. Está previsto que participen cinco tropillas provenientes de distintas ciudades de Entre Ríos y Santa Fe, con entradas de $10.000 anticipadas y $15.000 en puerta, y una bolsa de premios superior a $2 millones.

Previamente, un vecino de Oro Verde, Elvio Zabala, patrocinado por la abogada proteccionista Cecilia Domínguez, presentó el 4 de agosto una denuncia administrativa al intendente de esa localidad, César Clement, solicitando información oficial y la suspensión del festival. El pedido exigía documentación que avale la habilitación sanitaria, ambiental, bromatológica y de sanidad animal, así como el cumplimiento de normas de protección de la niñez y la prevención de apuestas clandestinas.

Los denunciantes argumentan que el evento podría incumplir la Ley Nacional 14.346 de Protección de los Animales, el Código Penal Argentino y diversas ordenanzas municipales, además de regulaciones provinciales vinculadas a la salud pública y al medio ambiente.

En la presentación administrativa se advirtió que, de no recibir respuesta del municipio, se formalizará una denuncia penal. El amparo presentado esta semana va en la misma dirección: frenar la jineteada antes de su realización, para evitar —según los peticionantes— “un hecho de maltrato y crueldad animal amparado por la inacción estatal”.