La abogada María de los Ángeles Petit respaldó la decisión de la Justicia de convocar a las familias que puedan verse afectadas por el nuevo esquema de desayunos y meriendas en las escuelas entrerrianas. En diálogo con DIARIOJUNIO, cuestionó los alimentos que recibirán los estudiantes, la falta de información formal a las instituciones y las responsabilidades que deberán asumir directivos y docentes. También reclamó revisar los contratos con Teknofood y llamó a las familias a presentarse en el amparo colectivo. “Se está violando el interés superior del niño”, advirtió.

En su presentación judicial, el amparista describió un extenso derrotero administrativo: tras iniciar el pedido de cobertura, recibió evasivas y negativas reiteradas. Incluso luego de formalizar un reclamo el 25 de febrero, la obra social ratificó su rechazo al día siguiente, reiterando que el fármaco estaba “fuera del vademécum”. Para el juez, ese accionar prolongó innecesariamente el padecimiento del paciente y agravó su situación de vulnerabilidad.

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos (STJER) hizo lugar parcialmente a un amparo presentado por una trabajadora contratada del municipio, a quien se le impidió el ingreso a prestar servicios el pasado 5 de enero de 2026. La decisión judicial ordena a la Municipalidad de Concordia abonar los haberes adeudados, aunque no dispone su reincorporación al puesto de trabajo. “Valoramos la protección de nuestra clienta, pero aún estamos evaluando los pasos para garantizar sus derechos plenamente”, sostuvo en DIARIOJUNIO la defensora legal de la trabajadora, María de los Ángeles Petit.

El titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal N° 11, Martín Cormick, declaró la nulidad del denominado “protocolo antipiquetes”, dispuesto por la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, al hacer lugar a una acción de amparo colectivo presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La resolución judicial cuestiona la legalidad de la Resolución 943/2023, al considerar que vulnera derechos constitucionales y excede las facultades del Poder Ejecutivo.

Sindicatos con sede en Concepción presentaron un amparo colectivo en la justicia federal contra el PAMI para que restituya la entrega gratuita de los medicamentos a los más de los 152 mil beneficiarios que tiene en la provincia.

El juez de Paz de Oro Verde, Mariano Ramón Jurado, resolvió rechazar la acción de amparo presentada por la Asociación Ecoguay y la Agrupación Conciencia Animal de Entre Ríos, que pretendía suspender la habilitación de un festival de jineteada y doma realizado en el predio multieventos de la localidad.

Las ONG's entrerrianas, Conciencia Animal y Ecoguay, interpusieron un recurso de amparo ante la Justicia para lograr la suspensión inmediata de la Jineteada de Oro Verde, programada para este domingo 17 de agosto en el Predio Multieventos de esa ciudad. Así lo confirmó en DIARIOJUNIO el presidente de Conciencia, Horacio Froy, y afirmó que la medida se basa en la Ley Nacional 14346, que protege a los animales contra los actos de crueldad y malos tratos y/o explotacion en espectaculos publicos.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una impugnación extraordinaria y dejó firme la condena contra 13 policías que se levantaron contra las autoridades entrerrianas en diciembre del 2013. Los delitos que se les imputan son de sedición agravada, privación ilegítima de la libertad, daño calificado, peculado, lesiones leves y robo agravado en concurso ideal con instigación a cometer delitos. A pesar de la gravedad de los hechos, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti apelaron a un formalismo para rechazar el planteo: dijeron que el escrito excedía las diez páginas de extensión, no cumplía con el requisito de contener veintiséis renglones por página o tipografía de tamaño no menor de doce.

El Juzgado Nacional del Trabajo N°3 resolvió hacer lugar a la medida cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó la suspensión provisoria del artículo 2° del DNU 430/2025, que eliminaba el día no laborable del 27 de junio, establecido por la Ley 26.876 como el Día del Trabajador del Estado. Ante esta situación, el vocero presidencial Manuel Adorni, anunció que el Gobierno apelará la medida y expresó, a través de su cuenta oficial en la red social X. “La mafia sindical consiguió que la casta judicial, en tiempo récord, le proteja nuevamente uno de sus privilegios”.

La damnificada trabajó con contratos precarios en la obra social provincial desde 2015 y fue desvinculada tras la intervención del organismo en 2024. En marzo, por no registrar su asistencia le descontaron de su sueldo $2.435.000 y cobró apenas $188, por lo que presentó un amparo reclamando reincorporación, sueldos adeudados y denunciando violencia institucional y de género. No obstante, el juez declaró inadmisible el recurso por falta de pruebas y mala vía legal, pero también cuestionó el accionar de OSER.