A fines de julio pasado, el gobernador, Rogelio Frigerio, encabezó una reunión en el Centro Provincial de Convenciones (CPC) de Paraná con autoridades departamentales y del Consejo General de Educación (CGE) con el objetivo de “fortalecer las políticas educativas en toda la provincia”. Uno de los ejes fue la reforma del “mapa escolar”. Tras el encuentro, el coordinador de las direcciones departamentales de escuelas, Sebastián Benedetti, destacó que hay casi 300 escuelas con entre uno y tres alumnos, “lo cual es inviable desde lo social y lo pedagógico”. El funcionario adelantó que están trabajando para “reorganizar el mapa escolar en función de la matrícula, articulándolo con transporte escolar rural y garantizando el derecho a la educación”.

No obstante, Cogno dijo que la posibilidad de cerrar 300 escuelas no es posible. En esa línea recordó que sería un atropello a las garantías constitucionales que sustentan el derecho de los establecimientos a funcionar. “Creo que ha sido un exabrupto”. Además, mencionó que cualquier reorganización del mapa escolar que se encare desde el gobierno de ninguna forma puede contemplar el cierre de alguna unidad educativa. Aunque no tienen detalles acerca de la modificación del mapa escolar ya que no fue materia de debate en el CGE, Cogno recalcó que hay un punto que está fuera de discusión. “De ninguna manera vamos a avalar el cierre”, indicó.

No es algo excepcional que haya pocos estudiantes. Cogno recordó que en el último concurso de cargos titularizaron docentes que trabajan en escuelas con dos estudiantes ya que el derecho es el mismo para todos: sea uno, dos, tres, diez, veinte o cincuenta alumnos. Cuando una escuela tiene escasa matrícula, se hace un estudio exhaustivo sobre el crecimiento vegetativo de esa comunidad y la posibilidad de que, a futuro, tengan chicos que puedan ingresar en el sistema educativo.

Además, si bien los padres de los estudiantes son trabajadores golondrina y, a veces, deben emigrar a otra zona, llegan otros que traen a sus hijos quienes necesitan una escuela. Por ello, Cogno destacó “en la zona rural sigue viviendo gente; siguen habiendo estudiantes. Por lo tanto, las condiciones que generaron esas escuelas permanecen». «No hay motivos para hacer un anuncio tan a la ligera sobre el cierre de las escuelas”, remarcó la vocal.

Además, las escuelas rurales tienen un patrimonio importante y se asientan en terrenos o funcionan con parte de su mobiliario donado por algunos vecinos. A su vez, simultáneamente cumplen otras funciones. “No es solo una maestra aislada con algunos alumnos”, describió la vocal. También es un centro cultural que nuclea toda la comunidad. “Sirve para garantizar el acceso a la cultura, para garantizar reuniones, para que se reúnan las Juntas de Gobierno”, subrayó.

El bloque de diputados provinciales del PJ presentó hace dos semanas un pedido de informes para que el Gobierno dé precisiones sobre la veracidad de esa versión. Se pidió que se informe qué establecimientos serían alcanzados por la presunta medida y si se hizo una evaluación del impacto de la medida desde el punto de vista educativo y de las familias de los alumnos que se verían afectados. También demandaron saber si se realizó un análisis económico del ahorro que implicaría el cierre de las escuelas; en qué consiste el denominado Plan de Reordenamiento Educativo, sus beneficios y compatibilidad con la manda constitucional de enseñar y aprender; y si se contempló la situación del personal docente de las escuelas que serían comprendidas de ser cierta la información y que se precise en qué situación quedarían. La autora del proyecto es la diputada Mariel Ávila, esposa del exgobernador Gustavo Bordet, quien redujo al mínimo la distancia por donde podían pasar los aviones fumigadores respecto de las escuelas.

“El ataque a las escuelas rurales viene desde hace tiempo con sus consecuencias. Venimos sufriendo un despoblamiento atroz por el sistema de producción”, dijo Kohan, quien ejerce como docente en escuelas rurales primarias y secundarias, principalmente Agrotécnicas. “Ese sistema que pasó de ser ganadero, de ganadería de bajo monte, del espinillar que ha sido barrido con el avance de la frontera sojera o con el modo de producción dependiente de los agrotóxicos”, remarcó. Ese cambio en la forma de producción generó como consecuencia concreta el despoblamiento de las zonas rurales. Antes, con la ganadería, había familias en las estancias que se dedicaban a esa actividad. Con la llegada de la soja, el trigo o el maíz, ya no se necesitó mano de obra.

Kohan trabajó en escuelas de Yeso y Colonia Avigdor, dos poblados de 600 habitantes cada uno, en la zona rural del sur de La Paz y en el departamento de Paraná, en María Grande. Y sostuvo que las escuelas rurales son los últimos bastiones de la resistencia al despoblamiento rural.

Correr los límites

Hace muchos años, el gremio docente Agmer comenzó la campaña “Paren de Fumigar las escuelas” ya que había un montón de sintomatologías en los niños y situaciones en las que se tuvieron que suspender las clases. En 2017, presentaron un amparo para que se establezca una distancia de resguardo, ya que no había ninguna legislación que protegiera a las escuelas. Así obtuvieron la primera sentencia que fijó una distancia de 1.000 metros terrestres y de 3.000 aéreos, fundados a partir de estudios científicos que acompañaron en el reclamo.

El fallo fue confirmado en todas las instancias, hasta que en enero de 2018 el entonces gobernador provincial Gustavo Bordet sacó un decreto reduciendo esas distancias a 100 y 500 metros. En 2023, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de las 1.021 escuelas rurales de toda la provincia de Entre Ríos y convalidó los límites establecidos por el decreto del ahora exgobernador, alineado en ese momento con el agronegocio. Kohan expresó que incluso hay algunas “trampas” en la redacción de la ley ya que hay quienes miden desde el perímetro de la escuela pero hay otros que miden desde el centro del terreno que ocupa el establecimiento escolar.

Pero el año pasado, se aprobó otra normativa en la provincia, auspiciada por el diputado provincial Juan Manuel Rossi (Partido Socialista), que establece tres zonas para la regulación de fumigaciones: la Zona de Exclusión, donde hay “restricción absoluta” para la aplicación de productos fitosanitarios; la Zona de Amortiguamiento, que permite el uso condicionado de algunos productos, y una Zona Especial para escuelas y centros de salud. Los radios de exclusión varían entre 15 y 1.000 metros, dependiendo de la proximidad a asentamientos y de las características del producto.

Kohan cuestionó esa ley ya que todo depende del producto y de allí surge la distancia a tener en cuenta. El resultado es un merengue donde “nadie controla nada”. Hay numerosas denuncias de aviones que “pasan como si nada”. “Hay una bajada de línea que dice que si un producto se usa de tal manera, el producto es menos dañino o no es dañino. O no pasa nada. ¿Quién va a controlar?”, se preguntó. Y la única respuesta es que son los pobladores, los vecinos, quienes inspeccionan ya que son quienes padecen los efectos de las aplicaciones y las derivas que generan los vientos. A pesar de todo, han logrado que haya lugares como Avigdor, donde los fumigadores tienen “cierto cuidado”.

Vía libre para fumigar

Las escuelas rurales son el único impedimento para aplicar las fumigaciones libremente. Kohan recordó que cuando presentaron el primer amparo, hubo un pedido masivo de las entidades rurales para que se cierren. “Fue muy fuerte; fue explícito y descarnado el pedido”, dijo.

Sobre el fondo de la cuestión, remarcó que algún “descuidado” puede llegar a decir que se esté pagando tanta cantidad de plata por un alumno en una escuela. “Ese alumno tiene derecho de educarse”, manifestó. El docente se preguntó quién les asegura a los estudiantes el traslado a otras escuelas. En ese sentido, Kohan recordó que, cuando finalizaban las clases antes de las vacaciones de invierno, se notificaron a varias escuelas que quedaban sin transporte escolar. “Eso repercutía en que cientos de estudiantes no pudiesen acceder a las escuelas”, remarcó. Una gran movilización colectiva de docentes y alumnos impidió que se concretase ese recorte.

A su vez, mencionó que el desfinanciamiento a la educación pública se ve con más crudeza en las escuelas rurales. Muchas veces las escuelas se sostienen por las buenas voluntades de la comunidad, de los docentes y hasta de productores. Eso lleva a que, en ocasiones, no haya denuncias por aplicación de agrotóxicos debido a que quienes las aplican son los mismos que se hacen cargo de algunos gastos. “Algunos docentes, con cierto temor, no han llegado a concretar las denuncias”, sostuvo. Un financiamiento “perverso” de algún modo.

Frente a este panorama, docentes, familias y organizaciones sociales sostienen con esfuerzo cotidiano lo que el Estado parece desinteresarse. “La escuela abierta mantiene el sentido de esperanza en el futuro, en el progreso”, indicó Cogno. Defender las escuelas rurales no es sólo defender puestos de trabajo o mantener estructuras: es garantizar derechos, cuidar la salud de las infancias y sostener la vida en el campo. La pregunta sigue abierta: ¿Reorganización educativa o vía libre para fumigar?