La reunión fue encabezada por Nancy Miranda (Más para Entre Ríos – Federal) y Juan Pablo Cosso (Más para Entre Ríos – Villaguay), quienes remarcaron que el objetivo es “escuchar todas las voces” antes de avanzar con el tratamiento en la Cámara Alta.

Principales cambios que propone la reforma:

El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo modifica los artículos 2º, 46 y 96 de la Ley Nº 10.746, con los siguientes ejes:

– Delitos incluidos: serán juzgados obligatoriamente por jurados populares los delitos cuya pena máxima en abstracto supere los 20 años de prisión o reclusión, junto con los delitos conexos.

– Concurso de delitos: si en un caso concurren varios delitos y al menos uno prevé más de 20 años de pena máxima, también será obligatorio el juicio por jurados.

– Carácter irrenunciable: la integración con jurados será obligatoria e irrenunciable.

– Remuneración: los jurados titulares y suplentes recibirán un pago por cada día de trabajo equivalente a la cantidad de JUS que defina el Superior Tribunal de Justicia. No podrá ser menor a 2 JUS diarios, incluyendo la jornada de selección (voir dire).

– Gastos cubiertos: el Poder Judicial se hará cargo de viáticos, movilidad y alojamiento en caso de corresponder.

– Protección laboral: se garantiza la conservación del cargo laboral de las personas convocadas como jurados.

Posturas a favor y en contra

La discusión abrió un abanico de miradas. Desde el Ministerio Público Fiscal, el procurador general Jorge García había señalado la semana pasada que existen 190 causas pendientes con esta modalidad, lo que podría demorar entre siete y nueve años a un ritmo de 20 a 30 juicios anuales. Por eso se manifestó a favor de la reforma.

En contraste, representantes de la Asociación Pensamiento Penal, del INECIP, de la Asociación Argentina de Juicio por Jurados y de la Asociación de Abogacía sostuvieron que la reforma es inconstitucional y que limita el acceso ciudadano a esta modalidad de juzgamiento. “Están en juego dos modelos de justicia”, advirtió Julián Alfie (INECIP).

Por su parte, familiares de víctimas, como Carla Cusimano (VIDAER) y María de los Ángeles Lencina, defendieron el juicio por jurados por la imparcialidad que garantiza y pidieron que más familias tengan esa oportunidad.

En representación del Poder Ejecutivo, el coordinador general de la Secretaría de Justicia, Alejandro Weber, defendió la reforma como “necesaria y oportuna” para garantizar el plazo razonable de los procesos y evitar la saturación del sistema.

Tras el intercambio, los senadores acordaron continuar el análisis del proyecto en comisión. En paralelo, la Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos también abordó los pedidos del Poder Ejecutivo para la designación de cargos en el Poder Judicial.