Antivero nació en la provincia de Buenos Aires, pero residió en Concepción del Uruguay durante muchos años. Se recibió de profesor de Historia en 2003. En 2008, se fue a vivir a Islas del Ibicuy. Fue coordinador de la Extensión Áulica del Instituto Superior de Formación Docente Continua de Villa Paranacito. En las elecciones de 2011, por la minoría, alcanzó la secretaría de Derechos Humanos de AGMER Ibicuy. En 2014 accedió al cargo de secretario general de AGMER por la agrupación Celeste “Integración por un AGMER de Todos” en esa localidad. Reiteró su mandato en 2018 hasta 2021. Actualmente es secretario gremial de la seccional. Así fue que llegó hasta este año en que, dentro del Frente Marcha Blanca, se definió que sea quien ocupe la candidatura a secretario general de AGMER Central. En enero próximo asumirá su cargo.

Retomando la cuestión salarial, mencionó que el 7 de agosto pasado hubo un congreso de la entidad donde se estableció que el gobierno debía proceder a la reapertura de la paritaria. Hicieron la notificación a la Secretaría de Trabajo de la Provincia. A partir de esa notificación tenían un tiempo determinado: 20 días hábiles. El plazo transcurrió sin novedad y la semana pasada venció. La comisión directiva central se reúne esta semana y acudirán al estudio jurídico que representa al gremio para que analice los caminos legales a seguir.

Antivero reconoció que el proceso de deterioro salarial docente no comenzó ahora, sino en la presidencia de AlbertoFernández. No obstante, se profundizó notoriamente con la devaluación que realizó el presidente Javier Milei en diciembre de 2023 al asumir. Esa situación se agravó con la eliminación del FONID (Fondo Nacional de Incentivo Docente) y la Conectividad, que produjo una pérdida salarial del 10 %. Y, aunque el gobierno provincial intentó restituirlo con el FOPID (Fondo Provincial de Incentivo Docente), el sueldo no se recompuso a los niveles anteriores. “Este monto no es el mismo que si el gobierno nacional estuviese pagando el FONID”, explicó.

En 2025, se vienen acumulando variables económicas desfavorables, que se suman a la recesión en que está sumergida la economía, que van erosionando la capacidad de compra del salario docente. “Quedó muy deteriorado”, mencionó. Antivero remarcó que es positivo respecto de que pueden frenar y revertir ese proceso de pérdida de salarios. “Tenemos la obligación de ser optimistas”.

Más adelante, Antivero dijo que tal vez deban esperar a las elecciones nacionales de octubre próximo. “Ahí la ciudadanía puede marcar, puede decirle al gobierno que está tomando un rumbo equivocado; que por acompañar las medidas económicas del gobierno nacional se ve perjudicada por las medidas económicas. Sobre todo, los trabajadores”.

En esa línea, el gremialista electo sostuvo que recorrió toda la provincia y se encontró con que los docentes permanentemente están buscando con alguna actividad extra – como la venta de productos de todo tipo-, ajena a la docencia, fortalecer el ingreso económico familiar. Paralelamente, han detectado que hay un alto índice de docentes que se endeudan con tarjetas de crédito para poder cumplir con las necesidades básicas. Entre ellas, poder vestirse o alimentarse. “Es una situación que nos asemeja mucho a la década del 90 donde el salario estuvo planchado ocho años en un período donde no hubo inflación pero estuvo marcado por la recesión”, manifestó.

Si la Provincia se mantiene en la tesitura de no reabrir la paritaria, Antivero dijo que se van a preparar para concientizar a todos los trabajadores de la educacion sobre los riesgos de padecer una perdida de derechos mayor a la actual y reunir la mayor fuerza posible para avanzar en alguna estrategia para resistir en ese escenario hipotético de conflicto. Es un escenario que no está tan lejos, si las expectativas devaluatorias se hacen realidad despues de las elecciones del 26 de octubre próximo.

Edificios escolares, licencias por salud

Respecto de la infraestructura escolar, Antivero remarcó que hay un reclamo de parte de la sociedad. “Hay escuelas que se empiezan a caer y no hay una política preventiva en lo presupuestario de parte del gobierno provincial para sostener los edificios”, sostuvo. La intención de Agmer es evitar llegar a situaciones extremas marcadas por la mudanza de docentes y alumnos a otros edificios prestados para poder seguir dando clases de manera temporal y precaria. “Las instituciones quedan partidas, en dos o tres partes. Un grupo de cursos funcionando en un edificio, otro grupo en otro edificio y otro en otro donde se ve afectada la calidad educativa”, dijo. Antivero indicó que eso sucede actualmente en una escuela de la ciudad de Diamante.

Otra preocupación es el retraso de la aprobación de los certificados médicos que depende de los médicos auditores. “No se puede generar la designación de un suplente. En algunos lugares pasan mucho tiempo los grupos de chicos sin docentes designados”, expresó.

Las situaciones de disputa con el gobierno también se evidencian en la decisión de cerrar escuelas rurales, de reducir el transporte escolar en los departamentos La Paz o Federal o el “experimento” que se intenta llevar adelante en el departamento de Rosario del Tala con el reagrupamiento de escuelas rurales “cercenando el derecho al acceso a la educación”.

En las antipodas del gobierno

El gremialista sostuvo que tanto la Provincia como la Nación tienen una mirada de la educación completamente alejada de la que sostienen en el sindicato. En Agmer están en las antípodas de esa cosmovisión. En el gobierno observan a la educación como un “servicio” y no como un “derecho”. En ese sentido, Antivero explicó que no es un hecho “ingenuo” que en Balcarce 50 haya intentado declararla como “servicio esencial” mientras que en la Casa Gris aun no lo ha plasmado pero en diferentes instancias, como cuando le han entregado petitorios, ha manifestado que se encuentra en la misma linea.

La diferencia no es menor. Un servicio esencial es una función que se debe prestar sí o sí y no se puede interrumpir. Durante la pandemia por Covid 19, en el año 2020, los servicios esenciales eran salud, seguridad y aeroportuarios. Pero la educación no lo era. Antivero admitió que produjo un retraso en el proceso educativo pero los alumnos no corrieron riesgo de vida al exponerse al contagio en el aula.

Sin embargo, al declararse como servicio esencial, se anula la posibilidad de hacer paro en las escuelas. “Los chicos tienen que estar sí o sí en la escuela. Tienen que estar con alguien y los tenemos que contener nosotros en las escuelas”, explicó. Antivero remarcó que no hay una preocupación genuina por el aprendizaje del gobierno sino una “política de escarmiento” hacia quienes enarbolen los reclamos o el derecho a peticionar. “Hay un mensaje dentro de eso”, sostuvo.  Incluso, sostuvo que los descuentos por huelga han sido utilizados de la misma forma: «un mensaje intimidatorio hacia la clase trabajadora».