Aunque el secuestro ocurrió en Buenos Aires, la historia judicial del caso se originó en Concepción del Uruguay, donde la fiscal federal Josefina Minatta ya investigaba a Gastón Tallone y al abogado José Alberto “Bigotito” Uriburu, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico. Tallone y Uriburu operaban conjuntamente un depósito fiscal o una terminal de carga en el Puerto de Concepción del Uruguay, escenario donde consolidaron sus negocios, y donde se gestó la operación de narcotráfico cuya traición culminó con el secuestro y posterior muerte del empresario

Durante las intervenciones telefónicas en esa causa, la Fiscalía —con apoyo de la UFECO (Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada)— detectó conversaciones que apuntaban a un secuestro en curso.

Así, el “Caso Tallone” nació como un derivado colateral de otra investigación por narcotráfico y lavado, en la que ya figuraban los mismos protagonistas. La trama económica y delictiva que los unía incluía reclamos por dinero, cargamentos perdidos y una deuda millonaria en dólares.

Una vez confirmado que el secuestro se había perpetrado en la Ciudad de Buenos Aires y que el cautiverio se desarrolló en una vivienda de Benavídez, la causa pasó a los tribunales de Comodoro Py, donde continuó la instrucción.

El hilo narco: cocaína, puertos y poder

Los investigadores sostienen que el conflicto entre Uriburu y Tallone se vinculaba a una carga de 340 kilos de cocaína y unos 800 mil dólares desaparecidos a mediados de 2023. Aquella pérdida habría sido el detonante de una represalia ordenada desde Rosario por Ariel “Guille” Cantero, jefe de Los Monos, la banda narco más famosa del país.

Entre los detenidos se encuentra Gustavo Adolfo Juliá, un apellido conocido por causas internacionales de narcotráfico (fue condenado en España por el envío de un avión cargado con cocaína).

La conexión rosarina surgió cuando la Policía Federal detuvo en el barrio 17 de Agosto, en Rosario, a un miembro de la organización involucrado en el secuestro. En el expediente, además, aparecen Alejandro “Rengo” Ficcadenti y Omar “Bebe” Di Vanni, barras de Newell’s que actuaban como soldados de Cantero y fueron arrestados en agosto de 2024.

Uno de los mensajes extraídos del celular del “Rengo” y enviado al hijo de la víctima dejó en claro la naturaleza del hecho:

“El ladrón está acá con nosotros y está bien. O devuelven la droga y los 500 mil dólares que se robó y todo se termina… Con la mafia no se jode.”

Los fiscales consideraron ese texto como una prueba directa del carácter mafioso y extorsivo del secuestro.

El secuestro y muerte de Tallone

El 8 de julio de 2024, Gastón Tallone fue secuestrado en la zona del Abasto porteño. Días después, su familia —liderada por su hijo Nicolás— pagó el rescate exigido en un encuentro en el barrio de Núñez.

Sin embargo, el empresario nunca apareció. A los pocos días, su familia recibió un mensaje escalofriante: “Ya mandamos de gira a Tallone. La deuda sigue…”

Ese texto, confirmado en el expediente, marcó el punto de no retorno. Desde entonces, no hubo más rastros del empresario. La inactividad de sus teléfonos, la ausencia de su cuerpo y las contradicciones entre los acusados reforzaron la hipótesis de homicidio.

El testimonio del arrepentido Leiva —descrito por la Cámara como “elocuente y verosímil”— terminó de sellar la suerte de los imputados.

Con esta decisión, el tribunal confirmó las prisiones preventivas de Gustavo Adolfo Juliá, José Alberto Uriburu, Cristian Gauna, Alejandro Ficcadenti, Sergio Di Vanni, Juan Mauricio Zabaleta, Lucas Leiva y Juan Mauricio Zabaleta.

En cambio, Sergio Juan Molina y Rafael Omar Molina fueron beneficiados con la falta de mérito y recuperaron la libertad, al considerar el tribunal que su vinculación al hecho dependía exclusivamente del relato del arrepentido, sin otros elementos corroborantes.

El juez Mariano Llorens, en su voto, remarcó que la gravedad de la imputación —que conlleva pena perpetua— justifica la continuidad de las prisiones preventivas para evitar fugas, sobre todo mientras existan partícipes prófugos.

La Cámara ordenó, además, que la jueza de primera instancia profundice la investigación para definir los roles específicos de cada uno antes de elevar la causa a juicio oral.