De acuerdo con lo manifestado en el documento, la falta de cumplimiento de dicha ordenanza ha generado un “perjuicio económico considerable”, afectando la rentabilidad de las empresas, la estabilidad laboral de los choferes y la continuidad del servicio.

Los remiseros sostienen que la situación se ha tornado “insostenible” ante la ausencia de respuestas concretas por parte de las autoridades municipales, motivo por el cual resolvieron adoptar esta medida “en defensa de sus derechos e intereses económicos”.

Finalmente, el sector remarcó que la suspensión será revisada una vez que el Municipio dé cumplimiento a las obligaciones establecidas por la ordenanza y se restablezcan las condiciones necesarias para el normal funcionamiento de la actividad. Asimismo, expresaron su disposición al diálogo y la búsqueda de soluciones conjuntas que permitan garantizar la sustentabilidad del servicio.

Fuentes del sector informaron que enviaron cuatro cartas del mismo tenor al intendente Francisco Azcué, a la presidenta del Concejo Deliberante, Magdalena Reta de Urquiza, al Director de la Central de Tránsito, Emanuel Galli, y al Director de Rentas, Fernando Marsicano.

Según explicaron, Uber llegó a la ciudad antes de que se inicie la gestión actual, en noviembre de 2023, pero en los dos años transcurridos de la intendencia actual “no se hizo absolutamente nada”. Se reunieron con el intendente, pero aseguran que todo lo que dice “se lo lleva el viento”.

Los remisses observan cómo se van deteriorando económicamente al punto de ir “perdiendo seriedad” en el servicio debido a la no aplicación de la ordenanza. Desde la Cámara de Remises aseguran que circulan entre 300 y 400 autos de la aplicación pero solo 18 cumplieron con el requisito de desinfectar.

Por otra parte, hace 15 días los taxis elevaron la misma nota. Además de la nula aplicación de las ordenanzas vigentes, sostienen que los autos de las aplicaciones se estacionan enfrente de la terminal y tocan bocina a los pasajeros, señalándose que “son de Uber” para quitarles pasajeros.

La decisión de dejar de pagar las tasas se va a realizar hasta que vean que el Municipio, al menos, intenta dar cumplimiento a la ordenanza. Uno de los propietarios aseguró que se trata de un primer paso y que el siguiente será sacar las bases y los calcos que identifican a los autos para seguir trabajando de manera clandestina.

El costo de las desinfecciones no es el motivo de la decisión, ya que sostienen que les cuesta, cada tres meses, entre $16.000 y $18.000. La verdadera causa es que sienten que pasan y pierden el tiempo mientras los conductores de los Uber “se nos cag… de risa en la cara”. Circulan en autos que no tienen habilitación y «se caen a pedazos».

La fuente admitió que la normativa establece 20 años de antigüedad como máximo para remisses, taxis y aplicaciones, pero entre los últimos “hay de todo”. Circulan autos en buen estado y también otros que se desplazan “arrastrando” paragolpes, guardabarros y escape. Eso sucede debido a que son autos que antes trabajaban como remisses, pero, al encontrarse con la obligación de tener que arreglarlos, “se dan de baja y prestan servicios como Uber”.

Por otra parte, la fuente mencionó que los taxis y remises empresa tienen una base física donde pueden encontrarlos. En cambio, a un Uber no hay dónde ubicarlo en caso de algún reclamo. Dio cuenta de los pedidos en las redes sociales cuando se pierde algo de un pasajero: “¿A quién le reclamas?”, se preguntó.

La fuente admitió que el Uber es una salida económica ante la falta de trabajo, pero reclama que se cumpla con la aplicación de las ordenanzas para trabajar en condiciones de igualdad.

Asimismo, dijo que el director de Transporte, Alejandro Daleve, se iría del Municipio porque no tiene respaldo para que se cumpla la ordenanza, y agregó que antes, en mayo pasado, se fue Sebastián Gotte del mismo cargo por motivos similares.

Por último, remarcó que actualmente quedan 250 autos como remisses. Antes de la llegada de Uber había 500, y necesitaban incorporar autos para llegar a las 800 unidades, que es lo que se estima que necesita una ciudad de 200.000 habitantes.