El punto más controvertido del proyecto era la modificación de la Ley 26.737, que regula la adquisición de tierras rurales por parte de extranjeros. La propuesta original eliminaba buena parte de las restricciones vigentes, lo que despertó el rechazo de gobernadores, legisladores de distintos bloques e incluso de algunos aliados habituales de La Libertad Avanza.
En las últimas horas, varios mandatarios provinciales fijaron públicamente su postura. El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, sostuvo que su provincia no acompañaría ninguna iniciativa que favoreciera la extranjerización de la tierra. En la misma línea se pronunciaron el tucumano Osvaldo Jaldo y el misionero Hugo Passalacqua, quienes transmitieron a sus representantes en el Senado la instrucción de rechazar cualquier flexibilización de la normativa vigente.
Ese escenario terminó por desarmar el esquema de apoyos que esperaba reunir el oficialismo. A ello se sumó la decisión de senadores dialoguistas de votar en contra del capítulo referido a las tierras rurales, lo que dejó al Gobierno sin margen para sostener el texto original.
La iniciativa forma parte de un proyecto más amplio que también introduce modificaciones en materia de expropiaciones, registros de la propiedad y procedimientos para desalojos, aspectos que el Ejecutivo considera centrales para reforzar la protección del derecho de propiedad. Sin embargo, la discusión sobre la venta de tierras rurales a extranjeros terminó concentrando el debate político y amenazaba con hacer fracasar toda la propuesta.
El tratamiento de esta ley ya había sido postergado en varias oportunidades por falta de acuerdos. En la última sesión, realizada antes del receso legislativo, el oficialismo debió aceptar un cuarto intermedio para reanudar el debate el 6 de agosto, precisamente porque no lograba reunir los votos para aprobar el capítulo referido a la extranjerización de tierras.