El Decreto N° 994/2025, firmado el 19 de agosto de 2025 por el intendente de Concordia Francisco Azcué y su secretario de Desarrollo Humano, Sebastián Aristide, autoriza el pago mensual de $4.520.000 a la Fundación Maximiliano Kolbë, presidida por Stella Maris Micucci, en el marco de un convenio para realizar un “Operativo Sanitario de relevamiento socio-nutricional” en niños de 0 a 4 años y embarazadas con riesgo social.
El documento publicado el 10 de septiembre en Boletin Oficial, establece que el convenio tendrá vigencia hasta junio de 2026, lo que implica un desembolso total estimado en más de 54 millones de pesos. El monto será financiado con fondos de la Secretaría de Desarrollo Humano, el mismo organismo que en los últimos meses redujo personal, suspendió actividades y cerró varios Centros de Desarrollo Infantil (CDI) y comedores comunitarios por “falta de recursos”.
Un convenio millonario para reemplazar funciones municipales
El convenio con la Fundación Kolbë —entidad que integra la red nacional de la Fundación CONIN, del médico Abel Albino— establece que el municipio delega en esa organización las tareas de detección y abordaje de casos de desnutrición, evaluación nutricional, talleres, entrega de suplementos, seguimiento y orientación familiar.
Las acciones se concentan en los CDI “Ivotí Porá” (barrio Santa Rita) y “Semillitas de Amor” (barrio Sarmiento), dependientes de la Municipalidad de Concordia, los mismos que desde principio de año sufrieron cesantías de trabajadores contratados, recorte de programas sociales y cierre de espacios comunitarios bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano, con el repetido argumento de “ahorrar”
En los hechos, el municipio transfiere a una entidad privada la ejecución de políticas públicas que hasta 2024 estaban a cargo de equipos técnicos municipales de nutrición, psicología, trabajo social y acompañamiento familiar.
En ese contexto, el convenio con la Fundación Kolbë representa otra incoherencia del ejecutivo municipal: mientras se argumenta “falta de presupuesto” para sostener servicios básicos, se destinan recursos millonarios a un tercero para cumplir tareas que son inherentes al Estado.
El propio decreto (Artículo 3°) dispone que el gasto se impute a las partidas del presupuesto municipal de Desarrollo Humano, el mismo que sufrió recortes este año. El Artículo 2° ordena el pago mensual “a condición que la institución dé cumplimiento al convenio”, sin detallar mecanismos de auditoría o evaluación externa del cumplimiento.
Un modelo con antecedentes polémicos
La Fundación Maximiliano Kolbë opera en Concordia bajo el modelo de “franquicia solidaria” de CONIN, que promueve un enfoque asistencialista en nutrición infantil. El centro fue fundado por el pediatra Abel Albino, miembro del Opus Dei, y su metodología ha recibido críticas por la “falta de base científica” y la fuerte impronta ideológica presente en sus programas, financiados con fondos públicos.
Además, el Opus Dei ha sido señalado en Argentina en distintas causas judiciales, incluyendo denuncias por trata de personas y reducción a la servidumbre contra autoridades de la organización, lo que genera preocupación sobre la influencia de esta orientación religiosa en instituciones que gestionan políticas sociales con recursos estatales.
El convenio firmado por Azcué confirma una tendencia que se repite en distintos niveles del Estado: la tercerización de funciones sociales bajo la apariencia de cooperación con el sector privado. En Concordia, esa práctica se traduce en una transferencia directa de recursos municipales a una fundación que sustituye la labor de los propios equipos del municipio, en un contexto de despidos, recortes y creciente demanda social.
En conclusión, el Estado local se retira de su rol central en la protección de la infancia, mientras financia a una organización privada para que ocupe su lugar, sin garantizar mecanismos de control, continuidad ni equidad territorial.