Ayer, martes 3 de junio, fui a la Escuela Justo José de Urquiza. A las 12 se anunciaba una asamblea de padres y docentes motivada por los graves problemas edilicios que comprometen, no solo el derecho a estudiar, a la educación de los niños, sino su seguridad e integridad psicofísica.
Pareció así una paradoja o un fallido que el director departamental de Escuelas propusiera hacer la reunión dentro de la escuela… argumentando la inseguridad de encontrarnos en la calzada, cuando la escuela se cae a pedazos.
Era la presencia del funcionario del gobierno provincial la que suscitaba mayor expectativa, porque se daba en respuesta a la marcha que, el viernes 31 de mayo, la comunidad educativa emprendió hasta sus oficinas para reclamar soluciones a las averías que impiden el normal desarrollo de clases. Sobre todo cuando llueve y la escuela se inunda y suma los desperfectos eléctricos como riesgos aún más graves que los habituales.
Con esa esperanza recogimos los bancos de la calle, aunque unas sillas quedaron vigilantes, cortando las arterias y denunciando que “el gobierno dice que cuida la educación, pero la escuela se está cayendo”.
La decepción de padres y maestros fue proporcional al fastidio y la impotencia incubados en años de desprecio de las autoridades a los reclamos por acceder a condiciones básicas para que sus hijos y alumnos puedan estudiar normalmente. El titular de la Departamental de Escuelas volvió a prometer, sin documento que sustentase sus palabras, el arreglo del edificio escolar en ruinas.
Cansados de años de falsas promesas y desilusiones —que incluyen gestiones de gobiernos anteriores—, la comunidad educativa ya no tiene margen de espera ante una situación desesperante y urgente. Una urgencia que clama ante la desidia, la dejadez y la burocracia.
Ya no soportan planos vacíos: lo que esperan padres angustiados, sufridos maestros y niños en peligro es la aprobación sin dilaciones del proyecto de obra del edificio escolar, con fechas inmediatas para su comienzo. Ya no hay tiempo para otra cosa. Ni para gran bonete ni para grandes esperas.
Hace un año y medio que esperan.
Ya no se tolera otra respuesta que los documentos firmados en convenio con CASFEG, que —según el director departamental de Escuelas— financiará una obra de 500 millones de pesos. Era el documento que el funcionario debía llevar a la reunión y que ahora promete para el martes próximo, 10 de junio, en una nueva asamblea. Otra vez. Que sea la definitiva, por favor.
Mientras padres y maestros se cargan de tristeza y preocupación, los niños siguen expuestos, amenazados por la precariedad.
Con toda lógica, los padres no quieren que sus hijos sean reubicados si los funcionarios no certifican —documentos y expedientes en mano— el proyecto de obra. Su temor nace de la desconfianza. Dudan de aceptar la reubicación y que las obras duerman un sueño eterno, como hasta ahora: pura modorra. Papeles en mano se moverán felices. Mientras tanto, serán presos de la apatía de quienes son responsables de la seguridad e integridad de sus hijos y sus maestros.
Otra vez la respuesta es la lucha colectiva, la unidad, el “nadie se salva solo”, la que empuja los logros. Si no fuera así, se impondría la negligencia, el desinterés, la dejadez de un gobierno que dijo que le importaba la educación. Y muchos le creyeron.
Ojalá que el martes que viene se resuelva definitivamente esta triste historia. Y que los niños puedan tener su escuela limpia, sana, segura. Que los techos dejen de llorar injusticias.
Estaremos atentos.
