El intendente Francisco Azcué, mediante el decreto N° 911/25, decidió apartar ambas firmas hasta que se aclare la situación judicial. La sanción dispuesta se fundó en información pública y antecedentes provenientes de investigaciones administrativas y judiciales que se encuentran actualmente en curso, vinculadas a presuntas irregularidades y defraudaciones al erario público provincial derivadas de contrataciones y compra de alimentos destinadas a comedores escolares, según se menciona en los considerandos.
“El Ejecutivo municipal, en resguardo de los principios de transparencia e idoneidad y buena administración de los recursos públicos, decidió oportunamente disponer del apartamiento de las firmas involucradas del registro de proveedores municipal hasta tanto se esclarezca su situación judicial”, se señala en los considerandos de la resolución que fue firmada por los concejales del oficialismo Felipe Sastre, Silvina Ovelar y Mauricio Rey.
“No corresponde que este cuerpo ingrese a valorar el fondo de las actuaciones penales y administrativas que se encuentran bajo investigación de la Justicia provincial, debiendo circunscribirse el análisis a la legitimidad de la sanción dispuesta, la cual parece debidamente fundada”, se menciona más adelante.
“Me parece vergonzoso que vengan a interpelar al Concejo Deliberante quienes están imputadas en un delito, un delito grave que tiene que ver con la parte más vulnerable, la parte que más necesita, que son los comedores escolares, con las primeras infancias y con los chicos más jóvenes”, dijo Claudia Villalba (PJ). “Me parece una falta de respeto y hay que decirlo porque esta gente que está imputada por estos delitos no puede tener esta desfachatez de actuar contra el Ejecutivo que actuó perfectamente dando de baja al listado de proveedores”, expresó además.
«Llama mucho la atención que esta gente que está investigada por un delito tan grave como es la corrupción en la causa comedores venga a presentar esta apelación cuando la resolución fue apartarlos del registro de proveedores mientras la Justicia investiga. Es una medida precautoria. Lo que queremos es que se pueda investigar con total libertad”, remarcó, por su parte, Sastre.
