Comenzó el juicio a cuatro exjefes de la Armada por el hundimiento del ARA San Juan

Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo (66), el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa (57). Llegan al juicio acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte. La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que los exjefes navales no garantizaron el adecuado mantenimiento ni el correcto alistamiento del submarino, lo que permitió que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados para la tripulación. Según el requerimiento de elevación a juicio, el submarino había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a Ushuaia en condiciones técnico-operativas deficientes. Desde la finalización de su reparación de “media vida” en 2015, la nave había presentado numerosos desperfectos técnicos documentados por distintos comandantes. Entre otras irregularidades, la fiscalía remarcó que el ARA San Juan había superado en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco, donde debía realizarse el mantenimiento planificado. La falta de esas tareas, junto con equipos y sistemas degradados o fuera de servicio, aumentaba significativamente los riesgos de la navegación submarina. Durante 2017, el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había informado a sus superiores sobre estos problemas técnicos e incluso solicitó el ingreso urgente a dique seco, además de advertir sobre fallas detectadas durante una navegación realizada en julio de ese año. De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía, el 11 de noviembre de 2017 el submarino partió desde la Base Naval Ushuaia hacia su zona de patrulla en el Atlántico Sur. Tres días después, el 14 de noviembre por la noche, ingresó agua de mar al tanque de baterías N°3 a través del sistema de ventilación, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio en el sector de baterías. Ese incidente habría comprometido distintos sistemas de la nave. Finalmente, el 15 de noviembre a las 10.51, el submarino perdió estabilidad y terminó implosionando al superar la profundidad de colapso, lo que causó la muerte de los 44 tripulantes. Para la fiscalía, las decisiones y omisiones de los imputados permitieron que el submarino realizara su última misión pese a las fallas existentes, incrementando de manera indebida el riesgo propio de la actividad submarina. En ese sentido, sostienen que el trágico resultado era una consecuencia directa —o al menos previsible— del incumplimiento del deber de cuidado que tenían como autoridades responsables del alistamiento y control operativo de la unidad. En el debate intervienen los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzan y Lucas Colla, junto con la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, María Andrea Garmendia Orueta. Además, la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal brinda asistencia a los familiares de los marinos fallecidos.

Diana Slavkin

5 marzo, 2026

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8:47 am

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Los imputados son el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo (66), el capitán de navío destituido Claudio Javier Villamide (62), el capitán de navío retirado Héctor Aníbal Alonso (61) y el capitán de fragata retirado Hugo Miguel Correa (57). Llegan al juicio acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público, omisión de deberes del oficio y estrago culposo agravado por el resultado de muerte.

La acusación del Ministerio Público Fiscal sostiene que los exjefes navales no garantizaron el adecuado mantenimiento ni el correcto alistamiento del submarino, lo que permitió que la nave operara en condiciones técnicas deficientes y con riesgos elevados para la tripulación.

Según el requerimiento de elevación a juicio, el submarino había zarpado el 25 de octubre de 2017 desde la Base Naval Mar del Plata con destino a Ushuaia en condiciones técnico-operativas deficientes. Desde la finalización de su reparación de “media vida” en 2015, la nave había presentado numerosos desperfectos técnicos documentados por distintos comandantes.

Entre otras irregularidades, la fiscalía remarcó que el ARA San Juan había superado en 26 meses el plazo reglamentario para ingresar a dique seco, donde debía realizarse el mantenimiento planificado. La falta de esas tareas, junto con equipos y sistemas degradados o fuera de servicio, aumentaba significativamente los riesgos de la navegación submarina.

Durante 2017, el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, había informado a sus superiores sobre estos problemas técnicos e incluso solicitó el ingreso urgente a dique seco, además de advertir sobre fallas detectadas durante una navegación realizada en julio de ese año.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos presentada por la fiscalía, el 11 de noviembre de 2017 el submarino partió desde la Base Naval Ushuaia hacia su zona de patrulla en el Atlántico Sur. Tres días después, el 14 de noviembre por la noche, ingresó agua de mar al tanque de baterías N°3 a través del sistema de ventilación, lo que provocó un cortocircuito y un principio de incendio en el sector de baterías.

Ese incidente habría comprometido distintos sistemas de la nave. Finalmente, el 15 de noviembre a las 10.51, el submarino perdió estabilidad y terminó implosionando al superar la profundidad de colapso, lo que causó la muerte de los 44 tripulantes.

Para la fiscalía, las decisiones y omisiones de los imputados permitieron que el submarino realizara su última misión pese a las fallas existentes, incrementando de manera indebida el riesgo propio de la actividad submarina. En ese sentido, sostienen que el trágico resultado era una consecuencia directa —o al menos previsible— del incumplimiento del deber de cuidado que tenían como autoridades responsables del alistamiento y control operativo de la unidad.

En el debate intervienen los fiscales Julio Zárate, Gastón Franco Pruzan y Lucas Colla, junto con la fiscal de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, María Andrea Garmendia Orueta. Además, la Dirección de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas del Ministerio Público Fiscal brinda asistencia a los familiares de los marinos fallecidos.